Información en poder de órganos de inteligencia estima que los cinco pasajeros estarían relacionados con el cártel de Sinaloa. La PGR está a la espera de información de aquel país.
Aunque se trabaja en la identificación real de los ocupantes de la nave con matrícula XB-MGM, la Procuraduría General de la República (PGR) está a la espera de información de la nación sudamericana, para determinar si inicia una averiguación previa, informa el diario La Jornada.
Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que instancias militares y civiles han obtenido información que relacionaría a los presuntos ocupantes delavión modelo Hawker Siddeley –al parecer socios de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán – con integrantes de grupos criminales que operan en Sudamérica.
Las fuentes consultadas refirieron que antes del vuelo que la llevó a Venezuela, la aeronave –piloteada por el capitán Alfredo Chávez Padilla y como copiloto Mauricio Pérez– había realizado viajes a entidades del Pacífico, luego a Nuevo León y Querétaro, de donde partieron con documentos falsos algunas personas que inicialmente fueron identificadas como Susana Bernal Rivas, Adriana Gesabel Cruz Méndez, Isaac Pérez Bonn, Sergio David Franco y Manuel Eduardo Rodríguez Benítez.
Aeronáutica Civil otorgó certificado
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) otorgó el certificado de aeronavegabilidad al jet privado con matrícula XB-MGM, aeronave que ahora investiga el gobierno mexicano tras la sospecha de que el nombre del dueño es falso, los pasajeros y la tripulación utilizaron identificaciones apócrifas y que el gobierno de Venezuela asegura que en él se trasladaba cocaína.
En los documentos oficiales aparece como propietario Jorge Salazar Ochoa, quien compró la aeronave en unos 350,000 dólares y debió someterla a un mantenimiento total que le llevó un mes en los talleres ubicados en Monterrey y costó alrededor de 400,000 dólares, informa el diario 24 Horas)
Salazar Ochoa presentó ante las autoridades aeronáuticas, para obtener el certificado de su avión, su credencial del IFE con una dirección ubicada en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima; sin embargo, se trata de una casa de interés social y en la que habita un profesor de escuela.
El certificado de aeronavegabilidad, con el número 20133303, tiene vigencia por un año, hasta el 30 de octubre del 2014, y se autoriza al jet Hawker Siddeley DH-125-400A, con número de serie NA713, porque “se considera que reúne condiciones de aeronavegabilidad mientras se mantenga y utilice de acuerdo con lo que antecede y las limitaciones de utilización pertinentes”.
El documento fue firmado por el verificador Francisco Javier Acosta y por el comandante de aeropuerto de Monterrey, representante de Aeronáutica Civil, el capitán José Mario Chávez Gaona.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) otorgó el certificado de aeronavegabilidad al jet privado con matrícula XB-MGM, aeronave que ahora investiga el gobierno mexicano tras la sospecha de que el nombre del dueño es falso, los pasajeros y la tripulación utilizaron identificaciones apócrifas y que el gobierno de Venezuela asegura que en él se trasladaba cocaína.
En los documentos oficiales aparece como propietario Jorge Salazar Ochoa, quien compró la aeronave en unos 350,000 dólares y debió someterla a un mantenimiento total que le llevó un mes en los talleres ubicados en Monterrey y costó alrededor de 400,000 dólares, informa el diario 24 Horas)
Salazar Ochoa presentó ante las autoridades aeronáuticas, para obtener el certificado de su avión, su credencial del IFE con una dirección ubicada en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima; sin embargo, se trata de una casa de interés social y en la que habita un profesor de escuela.
El certificado de aeronavegabilidad, con el número 20133303, tiene vigencia por un año, hasta el 30 de octubre del 2014, y se autoriza al jet Hawker Siddeley DH-125-400A, con número de serie NA713, porque “se considera que reúne condiciones de aeronavegabilidad mientras se mantenga y utilice de acuerdo con lo que antecede y las limitaciones de utilización pertinentes”.
El documento fue firmado por el verificador Francisco Javier Acosta y por el comandante de aeropuerto de Monterrey, representante de Aeronáutica Civil, el capitán José Mario Chávez Gaona.
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