AUTOR: ÁNGELES MARISCAL.
Únicamente las legisladoras Alejandra Soriano y Hortencia Zúñiga, del Partido de la Revolución Democrática (PRDI; y Sonia Catalina Álvarez del Partido del Trabajo (PT), se opusieron al dictamen que presentó la Comisión de Vigilancia relativo al informe de resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública estatal correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2012.
El resto de los legisladores y legisladoras ignoraron el resultado de los informes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Chiapas, quien determinó que, sólo por mencionar un caso, el Gobierno que encabezó Juan Sabines incurrió en irregularidades en el gasto de fondos federales por un monto de mil 98.1 millones de pesos durante diversos ejercicios presupuestales. Son inversiones en obras que estuvieron a cargo de la Secretaría de Infraestructura del Estado.
De acuerdo con ocho auditorías, la SFP estableció que no obstante las observaciones realizadas a la Secretaría de Infraestructura en el transcurso de 2012, ésta no subsanó todas las deficiencias y quedaron sin ser solventadas, explicó la diputada Soriano en Tribuna.
La legisladora también denunció que quienes votaron a favor firmar un “cheque en blanco” a favor de Sabines, porque jamás les fue entregado el informe de revisión y fiscalización emitido por el OFSCE, para poder conocer en que otras irregularidades administrativas incurrió Juan Sabines y su gabinete.
Con la votación de este día el gobernador Juan Sabines obtiene la impunidad, ya que el Congreso es el único facultado para impugnar la cuenta pública, es decir, para avalar o no los resultados del uso y destino de los recursos del erario que administró el ex gobernador, y que dejaron a Chiapas con una deuda de más de 40,000 millones de pesos, y una recesión económica que ha impedido que este año se pueda realizar obras públicas, de acuerdo al dicho del propio Secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez.
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