AUTOR: JESUSA CERVANTES.
En un punto de acuerdo considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica se menciona que existen fuertes indicios de violación a las garantías procesales de Nestora Salgado García y Gonzalo Molina González desde el momento de su detención, pues hasta hoy se les mantiene incomunicados de sus familiares en centros de readaptación social de alta seguridad en los estados de Nayarit y Oaxaca, respectivamente.
También se pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer y acumular los expedientes de Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez y Ángel David Chanita Molina, a los cuales se les violentó el debido proceso establecido en la Carta Magna.
Y a la Secretaría de Gobernación (Segob) se solicitó revisar el carácter y estatus jurídico de los inculpados, y a los gobiernos federal y estatal continuar la investigación de anomalías.
En especial, al gobierno de Guerrero que encabeza Ángel Aguirre se le exhortó a cesar el clima de persecución y violencia contra las comunidades y organizaciones y privilegiar el diálogo y los acuerdos planteados en las mesas de negociación del 20 de marzo y 19 de agosto pasados.
Al fundamentar el punto de acuerdo, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Monreal, consideró el clima de inseguridad que se vive en el país y en Guerrero como “inadmisible.
“Tan es así que hay presos de conciencia, políticos, hombres y mujeres que, siendo dirigentes de sus comunidades, están siendo procesados fuera de su domicilio por delitos como terrorismo y otros”, denunció.
Ricardo Monreal recordó que en Guerrero hay una ley que regula la actuación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la cual tiene más de 18 años, y actualmente aglutina a aproximadamente 20 mil habitantes de diversas comunidades.
Este tipo de organizaciones, abundó el legislador del MC, se rigen por los usos y costumbres y surgen por la necesidad de agruparse, defender sus intereses y a la comunidad.
En los últimos meses, acusó, estas instancias han sufrido persecución, hostigamiento, violencia, por lo que “es justo que se plantee una investigación de lo que está pasando en Guerrero con este tipo de organizaciones”.
Sobre el tema, el petista Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara dijo que las razones de existir de los grupos de autodefensa son la sobrevivencia, la desesperación y la vulnerabilidad de la gente ante las estructuras de gobierno.
Las autodefensas, destacó, tienen que “sobrevivir al secuestro, la extorsión o el asesinato que impunemente comete la delincuencia organizada”.
El legislador del PT indicó que ningún grupo se ha rebelado contra las autoridades del Estado, sino contra la complicidad y corrupción de los cuerpos de seguridad, “quienes han sido colaboradores en actos criminales”.
También resaltó que el propósito de las autodefensas no es la revolución, sino exigir seguridad en su vida cotidiana y no pagar derecho de piso a las bandas del crimen organizado.
A su vez, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del MC, subrayó que estas organizaciones surgen como respuesta “ante la incapacidad de las policías para poder salvaguardar los derechos más elementales, como la protección de la vida, de las propiedades y de la familia”.
Es adecuado, apuntó, evitar la satanización, criminalización y persecución de dirigentes sociales y cuerpos comunitarios.
Además, reprobó que en las últimas semanas y meses se haya presentado una serie de asesinatos contra diversos dirigentes en Guerrero.
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