AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
En la presentación del reporte Jurisdicción militar y derechos humanos: elementos para las reformas pendientes, editado por el Centro de la Montaña-Tlachinollan, Hernández Valencia resaltó que la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha participado en el proceso de análisis de esa reforma en el Senado.
La discusión del tema, recordó, deriva de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México por casos en que personal castrense se ha visto envuelto en violaciones a garantías de civiles.
Y una vez que concluyó un proceso de consultas en el Senado, acotó Javier Hernández, la OACNUDH envió un comunicado a ese poder en el que cuestiona sobre el momento en que sería sometida al pleno la iniciativa respectiva, sobre todo cuando en la pasada revisión del Examen Periódico Universal (EPU) nueve países cuestionaron a México sobre el fuero militar y siete más sobre casos de desaparición forzada.
También recordó que varios organismos de la ONU han formulado recomendaciones para que nuestro país se apegue a los lineamientos internacionales en la materia, que restringen la actuación de órganos de justicia militar para investigar abusos cometidos por elementos castrenses.
El director del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, Santiago Cantón, dio cuenta de la amplia jurisprudencia en la Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) sobre los límites de la jurisdicción militar para someter a civiles al fuero castrense.
Luego de señalar que en Argentina se suprimió el sistema de justicia militar, Cantón dijo que para reformar el Código castrense “lo que se necesita es voluntad política, pues la discusión jurídica está zanjada; ni en el sistema interamericano ni en el internacional cabe duda de que el sistema de justicia militar no ofrece garantías de imparcialidad y transparencia tratándose de juicios en los que hay víctimas civiles”.
El también exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puntualizó que, de no aprobarse una reforma apegada a estándares internacionales, México podría ser sometido una vez más al máximo tribunal americano, y ser sentenciado como ya ocurrió en los casos de la desaparición de Rosendo Radilla, las violaciones sexuales a Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como las torturas a los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, expedientes relacionados con abusos militares y que fueron indebidamente juzgados por el fuero castrense.
Integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la abogada Jaqueline Sáenz Andujo resaltó que como resultado de los foros de consulta organizados por el Senado se encontró que habría más de un artículo del Código de Justicia Militar a transformar, si es que se busca atender las recomendaciones de organismos internacionales.
Después de recordar que a los foros no asistieron representantes de las Fuerzas Armadas, Sáenz Andujo destacó que en sus sentencias la CoIDH recomendó al Estado mexicano reformar la fracción II del artículo 57 del Código de Justicia Militar, que permite al fuero castrense investigar cualquier delito cometido por soldados y marinos, incluso aquellos en los que se registran violaciones a derechos humanos de civiles.
Sin embargo, subrayó, del análisis cuidadoso de la legislación militar habría, por lo menos, cinco artículos más que modificar, así como realizar una revisión meticulosa del catálogo de delitos considerados como sujetos a la jurisdicción castrense.
En la presentación del informe estuvo presente un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Pérez, quien dio cuenta del proceso de construcción de los criterios de la SCJN en materia de fuero, y que además ha determinado la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera, recordó que detrás de la lucha por la reformas hay historias de víctimas y familias que aún aguardan se haga justicia.
Barrera Hernández puntualizó que el reporte está dedicado a la familia de Bonfilio Rubio Villegas, un indígena nahua asesinado por militares en un retén de la Montaña guerrerense y cuyo caso fue atraído por la Corte.
A partir de este caso, recordó el director de Tlachinollan, los ministros determinaron la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar.
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