AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
Al dar a conocer la presentación formal de la solicitud, la directora de Las Libres, Verónica Cruz, dijo que de proceder ésta el gobernador Miguel Márquez podría pedir hasta 21 millones de pesos para las acciones emergentes que contempla la declaratoria, pues es el fondo total con que se cuenta en el gobierno federal desde 2008, en virtud de que ninguna de las peticiones ha sido admitida a la fecha.
Otras entidades donde se ha solicitado la declaratoria por la situación de violencia hacia las mujeres son Oaxaca y el Estado de México; este último durante el sexenio del actual presidente Enrique Peña Nieto.
Esta es la segunda petición que ingresa en el año por la situación derivada de los asesinatos de mujeres en Guanajuato, y la tercera petición desde el año 2009. Todas han sido solicitadas por el Centro Las Libres, aunque de manera distinta con o sin el acompañamiento de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez y ahora la asociación Casa del Adolescente (CASA) de San Miguel de Allende.
La primera ingresó en junio del 2009, la segunda en abril de este año y ambas han sido rechazadas por el Sistema nacional, que encabezan la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres.
La directora de Las Libres informó que en esta ocasión la petición va acompañada por mil firmas de ciudadanos y ciudadanas que a través de una campaña a través de Cauces decidieron apoyar la petición, así como las declaraciones hechas sobre los feminicidios y las omisiones del gobierno de Miguel Márquez Márquez por el obispo Raúl Vera y el sacerdote Alejandro Solalinde.
La directora de Las Libres detalló que al mes de abril, cuando se ingresó la primera solicitud del año, se conocía de la muerte violenta de 24 mujeres, y al cierre de octubre, en esta segunda petición del 2013, el número se triplicó y va en 65 , por lo que queda demostrado que no han servido ni las recomendaciones hechas por el Sistema Nacional al gobierno de Guanajuato ni la serie de acciones anunciadas por éste para frenar los feminicidios y proteger a las mujeres guanajuatenses de la violencia.
Así, al ingresar hoy la solicitud para la Declaratoria de Alerta de Género, las organizaciones enviaron al gobierno federal una evaluación de los compromisos adquiridos en mayo por el gobierno del estado supuestamente para reducir el fenómeno “porque eran medidas emergentes que el sistema le remitió al gobierno y no sólo no lo ha hecho, sino que el resultado fatal es que los casos se han triplicado”, expuso Cruz Sánchez.
También se describen las 65 muertes violentas de mujeres y las circunstancias de género, así como el aumento en brutalidad y violencia, además del hecho de que el 30 por ciento de los casos registró un antecedente de denuncia ante alguna autoridad del Ministerio Público, principalmente.
“Y finalmente, hacemos la ejemplificación de algunos casos donde se muestra esta omisión, negligencia, indiferencia y de la problemática”.
Se espera la respuesta oficial del Inmujeres sobre si se admite o no esta solicitud, luego de lo cual el sistema nacional tiene un mes para sesionar y definir si se inicia la investigación sobre lo que sucede en Guanajuato.
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