Así lo marcan las reglas de operación del fideicomiso Fondo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, publicado este martes hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Dicho fideicomiso contará con un monto inicial de un millón de pesos con cargo al presupuesto autorizado de la Secretaría de Gobernación (Segob) y se nutrirá con los recursos anuales que con tenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y otros fondos públicos.
También recibirá donaciones provenientes de “cualquier persona física o moral, siempre y cuando provengan de actos lícitos”, así como de bienes que transfieran “a título gratuito” el gobierno federal o las entidades federativas.
De acuerdo con el reglamento, las medidas de protección que se enlistan podrían aumentar, según las condiciones y/o gravedad del caso en estudio.
Las adquisiciones y contratación de servicios, como la instalación y operación de sistemas de protección para las casas u oficinas de los periodistas y defensores amenazados; equipos de telefonía celular y satelital, de radiocomunicación, inmuebles y equipamiento para los mismos, e incluso vigilancia perimetral y escoltas, se realizarán con cargo al patrimonio del fideicomiso.
También se proporcionará, cuando así lo amerite la situación, hospedaje, alimentación, asesoría psicológica o jurídica y transportación –aérea, marítima o terrestre—mudanza o almacenamiento de bienes muebles “en caso de evacuación forzada”, así como seguros para los bienes e insumos adquiridos o arrendados y cualquier otra que apruebe la junta de gobierno.
La coordinación del mecanismo será la encargada de realizar las gestiones necesarias a fin de identificar los bienes y servicios que se requieran para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
Una vez que se identifiquen los bienes y servicios, la coordinación deberá elaborar un proyecto que contendrá las razones técnicas, económicas y jurídicas que justifiquen su adquisición o contratación con cargo al fideicomiso y lo pondrá a consideración de la Junta de Gobierno.
En caso de que la junta apruebe el proyecto la coordinación realizará la adquisición o contrato bajo los esquemas previstos en la normatividad: Licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.
Asimismo, la coordinación deberá identificar “oportunamente” aquellos proyectos que requieran continuidad para la prestación efectiva de los servicios e identificar la existencia de alguna irregularidad en la ejecución del contrato.
Las reglas de operación del fideicomiso Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta de Gobierno, instancia máxima del mecanismo.
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