Poco o nada se ha logrado para que sean efectivas las acciones en favor de los derechos humanos.
El pasado 23 de octubre, dentro del Segundo Examen Periódico Universal, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuestionó a México sobre el escaso avance que tuvo en la materia desde los últimos cuatro años y medio, cuando se le evaluó por primera vez.
Avances desalentadores
Los avances reportados por el gobierno federal fueron realmente desalentadores. No sólo no se cumplieron, ni parcialmente, la mayoría de las 93 recomendaciones que se le habían formulado a nuestro país desde la primera evaluación, sino que ahora le extendieron 176 nuevas recomendaciones.
No obstante las reformas constitucionales en Derechos Humanos y Amparo, la Ley de Víctimas y la legislación y mecanismo en defensa de periodistas y defensores, poco o nada se ha logrado para que sean efectivas las acciones en favor de los derechos humanos.
En materia de migrantes, trata de personas, violencia contra las mujeres, ejecuciones y desapariciones forzadas, los problemas se han hecho incluso más graves.
Además, los dos Programas Nacionales en Derechos Humanos que existieron durante el sexenio anterior no sirvieron y no se tuvo ningún impacto positivo.
Paradójicamente, cuando creíamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaría por el principio pro persona, así como por el de Progresividad para eliminar y terminar con el pernicioso arraigo, sucedió que –como en las viejas épocas en que prevalecía la línea del Presidencialismo más obtuso–, la institución judicial se pronunció porque la Constitución “está por encima” de los tratados y pactos internaciones, que justamente se oponen a esa práctica injusta y arbitraria.
Recomendaciones ineficaces
Algo así sucederá, pero esperamos que no, con las demandas de amparo que cientos de miles de maestros presentaron contra la llamada reforma educativa, ahora que constitucionalmente les restringe derechos laborales.
Subsisten, sin duda alguna, las mismas condiciones estructurales de miseria, corrupción e impunidad que favorecen un constante atropello de las garantías individuales y sociales.
Así, como parte de este segundo examen le recomendaron a nuestro país, concretamente al gobierno federal, tener control de sus Fuerzas Armadas, con la finalidad de evitar que éstas cometan delitos graves en contra de civiles; atender la persistencia de la tortura, las ejecuciones (mal llamadas todavía) extrajudiciales, y las desapariciones forzadas de personas; la violencia contra las mujeres y la permanencia de la práctica del arraigo en el sistema de justicia, que validó como “legal” la SCJN.
Es cierto que dentro del Segundo Examen Periódico Universal se propusieron igual o mayor cantidad de recomendaciones a otras naciones; pero recordemos que las recomendaciones son de corte cualitativo y resultados de estudios in situ o in loco, que se refieren a fenómenos concretos; de manera que no podemos concluir que Alemania, que recibió 200 recomendaciones, esté peor que nuestro país en materia de derechos humanos.
Las recomendaciones formuladas a nuestro país sólo revelan el difícil tránsito y azaroso camino de respeto a los derechos humanos.
Ombudsman arrodillado
A la ya de por si grave situación en derechos humanos encontramos además el lamentable papel de las comisiones públicas en derechos humanos, que salvo la honrosa excepción del Distrito Federal, la casi totalidad de los organismos y sus titulares se han arrodillado como nunca al régimen.
Grave es la postura de algunas comisiones como la que preside el presunto ombudsman de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, quien llegó al cargo con el acuerdo secreto de pisotear la Constitución, pues desde agosto del 2011 ya se establecía ahí la realización de una consulta pública para ocupar el cargo.
Las consecuencias de un ombudsman sin autoridad moral las hemos visto constantemente: Silencio ante los arteros asesinatos en los Arcos del Milenio; silencio ante el indignante trato por el Instituto de Ciencias Forenses a los familiares de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno; silencio ante los miles de desaparecidos; justificación del desalojo y represión de indígenas artesanos del centro de Guadalajara por el ayuntamiento por “atentar contra las vías de comunicación”; un consejo ciudadano totalmente controlado que no ve ni oye nada; un silencio sobre la represión de los jóvenes del primero de diciembre y la expedición de una recomendación que termina favoreciendo la criminalización de la protesta pública.
A esto le añadimos ahora la supuesta “neutralidad” que asume el presunto ombudsman ante la Ley de Libre Convivencia.
Podemos o no estar de acuerdo con una iniciativa de ley, pero eso es una postura personal, pero que desde un cargo se diga que “no se está ni a favor ni en contra”, sólo revela una vez más el patético estado al que ha llegado el ombudsman jalisciense.
Una de las características de un auténtico ombudsman, más allá de afectos o desafectos personales en un tema polémico, es estar del lado de la ciudadanía y de los sectores vulnerables y que han sido víctimas de atropellos y vejaciones.
Lamentablemente en Jalisco no contamos con un defensor del ciudadano. Tampoco tenemos un gobierno que tenga como política pública la defensa de los derechos humanos. Por eso estamos reprobados.
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