AUTOR: ALEJANDRO PÉREZ UTERA.
Fuentes allegadas al proceso de designación comentaron a Apro que hasta el momento la candidatura más sólida en función de los requisitos establecidos es la de Perla Gómez Gallardo, investigadora y litigante que goza de amplio respaldo en el ámbito académico y entre organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
El pasado viernes 2, cuando la Comisión del ramo en la ALDF estaba todavía recibiendo otra carta de apoyo en favor de la doctora Gallardo –específicamente de la Facultad de Economía de la UNAM, casa de estudios de la cual es egresada–, la misma instancia daba a conocer la metodología para evaluar a quienes aspiran a ocupar la presidencia de la CDHDF.
En su edición del mismo día, el periódico La Jornada divulgó el mecanismo, que prevé una máxima calificación posible de 270 puntos y fue presentado a propuesta de organizaciones de la sociedad civil.
“Sobre este mecanismo, que funcionará a partir de sumar y restar puntos de acuerdo con las atribuciones de los candidatos, el PAN se opuso a que en la variable sobre ‘Independencia’ se quite de la calificación un máximo de 50 puntos a un candidato si fue legislador o si desempeñó cargos directivos de partido (-50), si tuvo un desempeño laboral inmediato vinculado a éstos (-25) o si ocupó un puesto de mando en la administración pública durante los pasados 10 años (-15).
“Los otros indicadores a calificar –todos de puntuación positiva– con su valor máximo absoluto son: ‘Formación académica’, 25 puntos; ‘Trayectoria’, 85; ‘Respaldo social’, 50; ‘Conocimientos generales’, 45; ‘Conocimientos específicos sobre el DF’, 50, y ‘Nivel directivo’, 15”, detalló el diario.
Añadió que las candidaturas que apoyan integrantes del PAN en la Asamblea capitalina son las del exdiputado panista Salvador Abascal; Rafael Luna, exlegislador del PRI y posteriormente candidato del PRD, y la de Alfredo Rojas, adscrito al Movimiento Ciudadano.
Apartidista, Gómez Gallardo ha enfocado una parte fundamental de sus esfuerzos a la reivindicación de los derechos de los periodistas. En conjunto, ha desarrollado una intensa actividad como litigante en numerosos casos de defensa de las libertades públicas y de las garantías individuales, ventilados tanto en México como en el extranjero.
Desde hace tres años, junto con el doctor Ernesto Villanueva, la investigadora inició un alegato en apoyo a la revista Proceso en su exigencia de que el gobierno federal explique los criterios de los que se vale para asignar publicidad oficial a los medios de comunicación, habida cuenta de la discrecionalidad histórica que ha caracterizado a esta práctica, basada en el criterio de “premios” y “castigos”.
El citado litigio contribuyó a sentar importantes precedentes jurídicos, entre ellos tres amparos definitivos a favor del semanario, en lo que constituye una batalla que apenas empieza.
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