La reforma en materia de transparencia aprobada por diputadas, que vuelve al Ifai un organismo autónomo y aumenta su número de comisionados (de 5 a 7), permite abrir las cuentas de los 3 poderes e individuos que ejerzan recursos del erario.
Lo anterior, debido a que entre lo aprobado se encuentra una reforma al artículo sexto constitucional, que establece que será pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos y partidos políticos, así como fideicomisos y fondos públicos; además de que deberá ser pública la información que genere cualquier persona física, moral o sindicatos que reciban y ejerzan recursos del erario.
Sin embargo, la información en poder de los sujetos o entes obligados podrá reservarse temporalmente por razones de interés público y por motivos de seguridad nacional.
Sólo el consejero jurídico de la Presidencia de la República podrá interponer recursos de revisión ante la Corte, cuando considere que la difusión de la información que se le pide -a Los Pinos o alguna dependencia del gobierno federal- pone en peligro la seguridad nacional.
Se reproduce la información difundida por noticias del legislativo:
Aprueban diputados minuta en materia de transparencia; la remiten a Congresos estatales
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 424 votos a favor, 16 en contra y cuatro abstenciones, mayoría calificada, la minuta que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de Transparencia.
La minuta fue remitida a los Congresos de los estados para su trámite constitucional correspondiente.
Las modificaciones están orientadas a crear un órgano autónomo constitucional,encaminado a garantizar el derecho al acceso a la información, la protección de datos personales en manos de particulares y la transparencia.
También, para facultarlo a actuar como segunda instancia ante el incumplimiento de los institutos de los estados para asegurar el derecho de acceso a la información.
Con ello, se garantiza hacer pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, personas físicas, morales y sindicatos, la cual sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público o de seguridad nacional.
Se plantea, asimismo, que el consejero jurídico del gobierno podrá interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley y sólo en caso de que las resoluciones del órgano garante puedan poner en peligro la seguridad nacional.
Se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer las controversias interpuestas por los órganos autónomos del Estado “sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales o por la violación a los principios de actuación” del nuevo órgano garante.
Del mismo modo, se precisa que el número de comisionados pasará de cinco a siete y serán elegidos con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Pleno del Senado.
También, que los comisionados que conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, podrán formar parte del nuevo organismo, previa petición formal al Senado de la República, y únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el IFAI.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que con esta votación se concluye la reforma constitucional que fue turnada por el Senado de la República como minuta en diciembre de 2012.
Recordó que el pasado 23 de agosto, esta soberanía aprobó el dictamen en sesión extraordinaria y lo remitió a su colegisladora con algunos cambios, mismo que le fue devuelto el 20 de noviembre con otras modificaciones.
Reconoció que se trata de un tema controversial, pero destacó la pretensión esencial es legislar por una transformación trascendente de las instituciones, “por atender el compromiso con la ciudadanía de dotarla con instituciones a la altura de sus demandas de transparencia y rendición de cuentas”.
“Los legisladores coincidimos en que nuestra obligación fundamental es construir un Estado democrático y transparente; con pleno y cabal ejercicio en la rendición de cuentas, ambas acciones y prácticas constituyen una responsabilidad de todos los entes del Estado en sus diversos órdenes de gobierno”, subrayó.
El diputado Moreno Rivera manifestó que existe una amplia coincidencia en que una transparencia clara y precisa fortalece el ejercicio del Estado y que la transparencia es un poderoso instrumento democrático del que nadie puede sustraerse.
Agregó que la transparencia se materializa cuando se plasman los recursos idóneos que posibiliten el acceso a todos los ciudadanos a la información y a la rendición de cuentas.
Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, Lizbeth Loy Gamboa Song, del PRI, dijo que su partido está plenamente convencido de que es urgente y necesario garantizar el derecho constitucional a la información, en todos los ámbitos de la vida pública.
Resaltó que la rendición de cuentas y la transparencia van de la mano en una gestión de gobierno moderno y democrático. Agregó que con la aprobación de la reforma en materia de transparencia se coadyuva con el presidente de la República a cumplir un compromiso que debe ser indeclinable en toda la administración pública.
“Más sujetos obligados, sindicatos incluidos, partidos políticos. Pongamos el ejemplo. Todo aquel ente que ejerza recursos públicos debe ser sujeto obligado de transparencia”, concluyó.
Marcos Aguilar Vega, del PAN, consideró que la reforma constitucional que concluye, modifica ocho artículos del texto constitucional y representan un avance democrático importante para nuestro país.
Mencionó que con esta reforma, México vivirá una profunda transformación que dará pie a instituciones más fuertes, procedimientos más claros para los ciudadanos y habrá más sujetos obligados a otorgar la información de la cual son depositarios.
No obstante, abundó, aún falta una reforma de carácter legal para fortalecer la estructura jurídica. “En un país donde la corrupción está enquistada, para alcanzar el anhelo de un Estado democrático, falta mucho por hacer. Debemos empatar la agenda tanto en materia de transparencia como en materia de rendición de cuentas”, dijo.
Fernando Belaunzarán Méndez, del PRD, destacó que apenas se ponga en marcha el nuevo IFAI, se verán los resultados, porque existe un elemento clave que es la inatacabilidad de las resoluciones.
Indicó que un problema de México ha sido el presidencialismo autoritario, que ha traído arbitrariedad, corrupción e impunidad; sin embargo, añadió, un elemento clave para el equilibrio y los contrapesos es la creación de órganos autónomos, que equilibran el poder y la fuerza.
Agregó que con esta reforma se avanza, pero falta el combate a la corrupción.
Laura Ximena Martel Cantú, del PVEM, comentó que el acceso a la información pública y la transparencia es un tema medular de los derechos humanos, el cual, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, es la garantía fundamental que toda persona posee, así como la protección de sus datos personales.
Reconoció que el derecho a la información en sí mismo no garantiza un rendimiento de cuentas objetivo, veraz y oportuno, sino que debe complementarse con un organismo autónomo, con capacidad técnica para evaluar los procesos y resultados, fortalecido, dotado de autonomía constitucional, y sobre todo, que goce de la confianza y el aval de la sociedad.
“Un organismo fuerte constitucional y moderno implica una transformación cultural profunda, en la concepción y práctica del servicio público, ya que significa someter a la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos al escrutinio crítico de la sociedad”, señaló.
Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, consideró que las normas jurídicas que se creen, que vayan encaminadas a la transparencia y la rendición de cuentas, nos parecen loables. Sin embargo, en el presente caso, en la discusión de esta minuta que proviene del Senado, “nos parece que el contenido es insuficiente, incompleto, incluso tibio, timorato, y lo más grave es que adolece de vicios, tiene vicios en el procedimiento legislativo”.
La transparencia y la rendición de cuentas de los órganos públicos son asignaturas pendientes en el país, aseguró.
Creemos, dijo, que “frente a la enorme corrupción que prevalece en el país, frente a la decadencia política que se profundiza, frente al dispendio, al abuso en el uso de recursos públicos, frente a la república de la hipocresía, el país esperaba una legislación más avanzada, más firme, más congruente con los postulados que aquí he escuchado en discursos, sobre todo cuando se conmemoran eventos históricos”.
José Alberto Benavides Castañeda, del PT, opinó que la minuta no da como resultado el gran avance que necesitaba el país en materia de transparencia. Incluso, agregó, en algunos aspectos se incurre en un retroceso caracterizado por un centralismo que otorga un poder exclusivo de manera innecesaria que poco abona hacia un sistema claro y objetivo de rendición de cuentas.
Destacó que con las modificaciones hechas a la Constitución, el IFAI tendría competencia sobre los órganos de transparencia de los estados y del Distrito Federal. “Con el mecanismo de designación de los comisionados sigue la esencia del reparto de poder a través de las cuotas a favor de los partidos mayoritarios, lo que implica una simulación de autonomía”, puntualizó.
Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, consideró que el derecho a la información es una piedra angular que define a un Estado democrático. La transparencia sobre los asuntos públicos posibilita que la toma de decisiones esté orientada de manera fundamental al interés general, ya que la menor opacidad en las instituciones públicas y gubernamentales permite que la rendición de cuentas sea un mecanismo efectivo de control ciudadano.
Refirió que Nueva Alianza entendió la importancia y alcance de la reforma que concede al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos el carácter de autonomía de cualquier otra instancia gubernamental, condición esencial para realizar con suficiencia su valor, garante de la transparencia amplia, aspecto que solo nuestra Constitución Política puede otorgar y hoy reiteramos nuestro beneplácito.
Se pronunciaron a favor de la minuta los diputados Roberto Carlos Reyes Gámiz y Marcos Rosendo Medina Filigrana, del PRD, así como Areli Madrid Tobylla, del PRI, quienes coincidieron en que la reforma permitirá consolidar las instituciones y se fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas.
Al manifestarse en contra, los legisladores Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del PT; Ricardo Mejía Berdeja y Luisa María Alcalde Luján, del Movimiento Ciudadano, subrayaron la insuficiencia de la reforma para garantizar la transparencia.
El dictamen aprobado atañe a los artículos 6o, fracción VIII, párrafos primero, octavo y décimo; 73, fracción XXIX T; 105, fracción I, inciso l); 116, fracción VIII; 122, Base Primera, fracción V, inciso ñ) y, el tercero transitorio, modificados por la Cámara de Senadores.
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