AUTOR: RAFAEL CRODA.
Carlos Slim ha repetido en Colombia la fórmula que aplica en México: amparado en un cuasimonopolio ofrece una telefonía celular cara y mala. Pero la nación sudamericana está decidida a ponerle un alto. Faltan pocos meses para que llegue a término la concesión del segundo hombre más rico del mundo. Cuando eso ocurra, el gobierno colombiano se apropiará de la infraestructura de su empresa presuntamente para ponerla a disposición de más competidores, con el afán de mejorar el servicio.
El gobierno de Juan Manuel Santos refuerza la fiscalización y los controles sobre el consorcio de las telecomunicaciones del segundo hombre más rico del mundo para evitar que abuse de su “posición de dominio”.
Según estimaciones de la Comisión Sexta del Senado, los activos que deberá revertir Claro en favor de la nación oscilan entre mil 947 millones, su valor en libros, y tres mil 790 millones de dólares, su precio de mercado.
Claro y la española Movistar –su principal competidor en Colombia– han desplegado un intenso cabildeo para tratar de frenar la entrega al Estado de la infraestructura de telefonía celular, pero la Comisión Sexta del Senado y la Contraloría General de la República levantaron un dique a esas gestiones y la Corte Constitucional determinó que cualquier activo implicado en la prestación del servicio de telefonía celular debe pasar a manos de la nación.
“El lobby de Claro ha sido brutal, pero vamos a estar muy pendientes de que este mandato legal se cumpla”, dice a Proceso el senador del Partido Liberal e integrante de la Comisión Sexta Eugenio Prieto.
Prieto y los también senadores Alexander López Maya, del Polo Democrático Alternativo (PDA), y Juan Mario Laserna, del progubernamental Partido Conservador, promueven dos iniciativas de ley: una para crear una red pública de antenas celulares con la infraestructura que entreguen Claro y Movistar, y otra para incrementar la regulación sobre el sector a fin de acotar la “posición de dominio” que ejerce en el mercado la empresa de Slim, la cual concentra 58% de los usuarios y 74% del tráfico de llamadas.
“Estamos ante una situación legal compleja. Hay un limbo jurídico respecto a algunos aspectos de la reversión de activos, pero hay mucha claridad respecto a que Claro y Movistar tendrán que entregar en marzo toda la infraestructura de telefonía celular al Estado”, afirma Prieto.
Las concesiones de ambas empresas se vencerán entre el 26 y el 28 de marzo de 2014 y en esas fechas deberán entregar sus activos a Colombia, dispuso la Corte Constitucional en un fallo.
López Maya, vicepresidente de la Comisión Sexta, encargada de los asuntos de telecomunicaciones, considera que la concesión a la empresa de Slim no debe ser renovada “por su posición cuasimonopólica y por los abusos que comete contra sus (27.8 millones de) usuarios de telefonía móvil” en Colombia, donde el año anterior fue la compañía privada con mayores ganancias en el país, con una utilidad neta de mil 250 millones de dólares.
Para el legislador del PDA, “ya es hora de ponerle freno a Slim, de parar los abusos de su posición de dominio y de que se permita el ingreso de nuevos operadores para mejorar la competencia. No podemos renovarle el contrato de concesión porque hubo muchos incumplimientos”.
Papa caliente
Según fuentes del gobierno colombiano, nunca se ha pensado en negar a Claro la renovación de la concesión. De hecho el proceso respectivo empezó el pasado septiembre con la expedición de un decreto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) en el cual esa institución convoca a los actuales operadores de telefonía celular a iniciar el trámite para renovar sus concesiones, aunque advierte que los futuros contratos establecerán “nuevas condiciones u obligaciones razonables”.
El proceso de tramitación de las concesiones está marcado por el tema de la reversión de activos, que para el gobierno de Santos constituye “una papa caliente porque es algo que no esperaba”, sostiene Prieto.
Hace varios meses se debate si la cláusula de reversión de activos que contenían los contratos de concesión firmados en 1994 por Claro y Movistar está o no vigente, pues en 1998 y 2009 se modificó el articulado y se estableció que en lo sucesivo los concesionarios de telefonía celular sólo debían entregar al Estado, al vencerse su licencia, “las frecuencias radioeléctricas asignadas para la prestación del servicio concedido” y no su infraestructura.
Un grupo de legisladores encabezados por Prieto, López Maya, Laserna y Jorge Enrique Robledo (del PDA) pidió al gobierno exigir la reversión de activos a las dos compañías, mientras cabilderos de esas empresas alegaron que tal medida es improcedente pues según la nueva legislación sólo debían entregar la frecuencia al vencerse las concesiones, las cuales tiene una vigencia de 10 años a partir de 1994, aunque en 2004 fueron prorrogadas por un periodo igual.
La Contraloría General consideró que Claro y Movistar debían cumplir la cláusula de reversión de los contratos de 1994 y presentó una demanda ante la Corte Constitucional en la cual solicitó declarar válido lo estipulado en esos primeros convenios de concesión de telefonía celular.
El máximo tribunal constitucional del país ya emitió una sentencia cuyo texto completo no ha sido divulgado, pero, según adelantó, declaró exequible o válida la cláusula de reversión, pues “la interpretación” de los operadores “desconoce la protección al patrimonio público, al permitir que los particulares mantengan la titularidad de los bienes relacionados con la prestación del servicio que, de acuerdo con la ecuación financiera establecida al momento de la celebración del contrato, podían ser amortizados por el concesionario durante ejecución”.
“Esto quiere decir que las empresas han venido amortizando en sus balances y estados financieros esa infraestructura a sabiendas de que debían entregarla al Estado”, asegura López Maya.
Para la Corte Constitucional, la cual divulgará la sentencia en los próximos días, quienes celebraron contratos de concesión antes de las reformas a las cláusulas de reversión de activos –Claro y Movistar– “no pueden alegar ahora que obligarlos a entregar los bienes supondría un detrimento injusto de sus intereses, porque en su momento, cuando los suscribieron, tuvieron oportunidad de incluir en sus estudios financieros la amortización de los bienes usados en la concesión”.
Según el titular del Mintic, Diego Molano, Claro y Movistar deberán entregar sus activos al Estado al vencerse sus concesiones, pues se trata de una decisión judicial “técnicamente imposible de revertir”. Pero la semana pasada, al comparecer ante el Senado, el funcionario dijo que se debe esperar a conocer en todos sus términos la sentencia de la Corte Constitucional para evaluar sus alcances y deslizó una nueva opción: en vez de revertir los bienes de las telefónicas “estamos por que mejor se compense al Estado por estos activos”.
Las palabras de Molano fueron criticadas por senadores, y la contralora general, Sandra Morelli, expresó su “preocupación por el planteamiento del ministro”. La cláusula de reversión, dijo, se debe respetar y, sin mencionar a Claro, sostuvo: “Más que lo que puede costar esta infraestructura nos importa que no haya monopolios”.
El gobierno de Santos, decidido promotor de la apertura económica y la inversión extranjera, está en un predicamento. Movistar, principal competencia de Slim en Latinoamérica y avasallada por Claro en el mercado colombiano –donde sólo opera 20% del tráfico de llamadas celulares– insiste en que la reversión desalentaría la inversión.
En tanto, un vocero de Claro señala a este semanario que “la compañía no se pronunciará sobre el tema de reversión hasta en tanto no se conozca (en todos sus términos) el fallo final de la Corte (Constitucional) y pueda estudiarlo a profundidad”.
Felipe Castro, investigador del centro de estudios Fedesarrollo, sostiene que “desde el punto de vista legal el Estado está en todo su derecho de practicar esa reversión porque hay un fallo que así lo establece”. Además esas inversiones ya fueron amortizadas por los operadores, quienes han usado esa red 20 años. “Ya la usufructuaron, la amortizaron y su reversión no necesariamente los llevará a una parálisis o una quiebra”, afirma.
“El punto es”, agrega, “¿para qué quiere el gobierno esa infraestructura? El gobierno no es un operador de telefonía. Lo que debe interesarle es que los operadores tengan buena infraestructura, que haya competencia y mejor servicio a mejores precios”.
De acuerdo con Castro lo que debe hacer el gobierno es aprovechar el vencimiento de las concesiones para renegociar las condiciones con Claro y Movistar y establecer “nuevos compromisos en términos de cobertura y calidad en el servicio, que hoy es tan malo. Es la oportunidad perfecta para entrar a discutir estos temas y propiciar mayor competencia”.
Bajo la lupa
A lo largo de este año Claro ha estado bajo un intenso escrutinio por parte de las autoridades regulatorias colombianas, que desde febrero pasado obligaron a la empresa de Slim a reducir 50% los cargos de acceso a su red al resto de los operadores y además debe cobrar a sus usuarios por conectarse a otras redes una tarifa igual o menor a la que se paga por conectarse a su propia red.
Otra medida regulatoria generadora de protestas de la firma mexicana fue que el gobierno colombiano restringió su participación en la telefonía de cuarta generación al adjudicarle una licencia en la banda de 2 mil 500 megahertz, cuyo montaje resulta 300% más costoso que las bandas de menores frecuencias adjudicadas a sus competidores, entre ellos Movistar y la europea Tigo, la cual maneja 5.8% del tráfico de llamadas celulares.
Las disposiciones gubernamentales también apuntan a mejorar la calidad del servicio, ya que la saturación de la red genera continuas caídas. “La calidad se ha venido deteriorando por parte del operador dominante (Claro). Otros operadores han hecho una mejor labor en calidad”, afirma el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Pablo Márquez.
“Claro tiene una imagen de empresa que comete abusos. Desde el punto de vista de los consumidores, los monopolios son indeseables y aquí urge promover más competencia”, dice Laserna.
Y el martes 12 la Superintendencia de Industria y Comercio dejó en firme una multa a Claro por 46.1 millones de dólares –la más alta que se ha impuesto en Colombia a una empresa– por abusar de su posición dominante e incurrir en conductas infractoras de la libre competencia. La compañía, según los cargos, incrementó artificialmente las cifras de portabilidad numérica y vendió 1.8 millones de celulares bloqueados, cuando esto está prohibido.
En medio de la fiscalización oficial, Slim tiene en Claro Colombia la empresa más rentable de su multinacional América Móvil. Entre enero y septiembre pasados la firma registró utilidades por mil 926 millones de dólares, lo que arroja un EBITDA (siglas en inglés de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de 46.4%. Esto significa que por cada dólar de ingreso tuvo una utilidad de 46.4 centavos, una cifra, según Laserna, indicativa de una posición de dominio excesiva.
El EBITDA de Claro en Brasil, por ejemplo, fue de 25.1% en el mismo periodo, y en Chile de 4.6%. Ambos son mercados mucho más regulados y competidos. En México en cambio el EBITDA de las empresas de telecomunicaciones de Slim durante los primeros nueve meses de este año fue de 44.7%, apenas 1.7 puntos por debajo de Claro Colombia.
Laserna, Prieto y López Maya impulsan en el Senado una iniciativa de ley para que el gobierno forme una red pública de telefonía móvil con la infraestructura de Claro y Movistar. Quedan muchos aspectos de esta reversión aún por resolverse en los tribunales y en el gobierno, pero los legisladores se oponen a que ocurra cualquier otra cosa que no sea la entrega de activos.
El otro proyecto de ley que impulsan los senadores es el destinado a reforzar la regulación para proteger a los usuarios, elevar la calidad de los servicios y promover mayor competencia.
De prosperar esta iniciativa las llamadas se cobrarán por segundos, no por minutos; los usuarios podrán finalizar sus contratos sin ningún tipo de sanción por deficiente calidad del servicio y la CRC tendrá facultades para tomar medidas extraordinarias frente a un operador que tenga más de 40% de los ingresos del sector, caso actual de Claro que en 2012 concentró 76% de las utilidades de la telefonía celular.
López Maya explica que en casos extremos la CRC podrá prohibir al operador dominante la venta de nuevas líneas, imponerle cargos de acceso diferenciales y hasta revocarle la concesión. “No vamos a ganar todas las batallas porque nos estamos enfrentando a intereses muy poderosos. El lobby ha sido brutal, pero vamos a legislar”, sostiene el senador.
Reportaje publicado en la edición 1934 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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