AUTOR: AXEL DIDRIKSSON.
Lo que están generando la serie de iniciativas y políticas calificadas como “reformas estructurales” son conflictos, enredos políticos, muchos discursos y, sobre todo, severas confrontaciones que han llegado a causar el aumento de los índices de violencia e impunidad, zozobra ciudadana e ingobernabilidad en varios estados del país, en lugar de salidas efectivas para alcanzar soluciones en el corto plazo. Esto ya ocurre en entidades como Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Coahuila, Chiapas y aun en el mismo Distrito Federal, otrora una plaza que podía presumir de haber alcanzado un nivel de blindaje alto frente al crimen organizado y el desmembramiento urbano, pero que ahora da muestras de desorganización gubernamental.
En el aspecto educativo, con la recién aprobada reforma fiscal y con lo que se ha propuesto en el proyecto de presupuesto no se están atendiendo los constantes y acuciantes reclamos de amplios sectores académicos, organizaciones civiles y diversas instituciones culturales, que han insistido en que la inversión en la educación, la investigación y la ciencia deben tener una alta prioridad en la política pública, y que debiera haber ya una tasa de gasto federal cercano a 8% del PIB para educación básica y de 1.5% para la superior, además de destinar 1% para la investigación científica.
Del mismo modo, frente a las demandas de los rectores de las universidades públicas en el sentido de que es preciso resarcir los fondos regresivos que se han propuesto para 2014; frente a las de la comunidad científica consistentes en que se alcance cierto grado de certidumbre sobre la inversión en ciencia y tecnología para los próximos 10 o 15 años, la respuesta gubernamental es que se les oye. Pero no se les escucha y a menudo ni se les entiende.
Ante el conflicto magisterial que se mantiene y que crece, la Secretaría de Educación Pública ha optado por hacerse a un lado y no presentar soluciones, mientras que busca aumentar su burocracia, centralizar lo que antes estaba medianamente descentralizado, blandir una espada de Damocles sobre los maestros que no se sujeten a los nuevos mecanismos de control que se han legislado por la vía de una “carrera profesional docente”, la cual oculta la posibilidad de efectuar despidos masivos por etapas y por secciones sindicales.
Esto es lo que se está organizando desde la SEP con el cambio de siglas del muy criticado Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB), que ahora será sustituido por otro, denominado Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), con el fin de tener una administración centralizada de los salarios del personal federalizado, cuando aún no existe claridad sobre los montos de recursos financieros con los que va a operar, ni sus criterios de aplicación. Se crean nuevas siglas pero no alternativas, mientras que se ha dejado la operación y el manejo del conflicto magisterial a la Secretaría de Gobernación, cuando de un lado se menciona que se avanza en una gran reforma educativa, pero se la asume en la práctica como un problema político de negociaciones y mediaciones entre el gobierno federal y los estados.
No se notan avances, pues, en lo que va de este gobierno, para revertir la aguda situación en la que se encuentra el país, ni tienen impacto positivo alguno las políticas o propuestas que se han impulsado para generar consensos mínimos sobre cómo atender de forma directa y local las demandas de los grupos de interés mayoritario. Se anda entre las nubes de la pose y de la foto, y a eso se le llama incapacidad gubernamental, que transcurre ahora en medio de augurios de una prolongada crisis económica y financiera. Tremenda fórmula. Como para empezar a preocuparse.
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