Dos días después del asesinato de Esquivel murió un testigo, el periodista Pablo Madriz Rojas –quien entrevistaba al legislador al ocurrir el ataque–, en un accidente automovilístico cuando se dirigía a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a declarar.
A principios de octubre Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue enterado de estos dos casos y se le pidió investigar a Reyna García.
Según la PGJE el homicidio se cometió cerca de las 15:20 horas del 11 de septiembre cuando la camioneta en la cual viajaban el diputado, su hermano y Madriz estaba detenida bajo el puente vehicular de la salida de Morelia hacia Pátzcuaro, donde el legislador había acordado la reunión con el reportero.
Cuando se desarrollaba la entrevista cuatro personas bajaron de un automóvil Sentra y obligaron al legislador y a sus acompañantes a ponerse boca abajo en el suelo. Ahí Esquivel fue atacado con un hacha.
Tras el ataque el diputado fue llevado al hospital Star Médica, donde murió poco después. La PGJE inició la averiguación previa 109/2013-III-AEH-1.
Esquivel –exalcalde de Buenavista Tomatlán, fue uno de los 38 funcionarios perredistas detenidos en mayo de 2009 en el michoacanazo– había denunciado públicamente la gravedad de la situación de violencia en Tierra Caliente, por lo cual recibió amenazas.
El 13 de septiembre, Madriz –de 64 años– viajaba por la carretera Uruapan-Morelia cuando su auto fue impactado de frente por un Ford Mustang conducido por Mauro Gabriel Sánchez, quien resultó con heridas leves e iba acompañado por Jesús Aguilar. Dos días antes Madriz había resultado herido durante el ataque a Esquivel.
El 27 de septiembre la policía detuvo en Zinapécuaro a Manuel Gabriel Vega González, presuntamente vinculado con el homicidio de Esquivel.
La detención fue por delitos contra la salud, pero durante su declaración ante el Ministerio Público confesó su participación en el asesinato del legislador perredista, confirmó la PGJE.
Vega fue procesado por los delitos de homicidio calificado en agravio de Esquivel Lucatero, robo calificado en contra de Pablo Madriz Rojas y delitos contra la salud. Y así la PGJE cerró el caso del asesinato del diputado.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1931 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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