Ha pasado más de un año desde aquel 27 de abril de 2012 y tres mujeres periodistas (Jade Ramírez, Daniela Pastrana y Norma Trujillo) exponen ante una juez los motivos y los hechos, documentan las inconsistencias en la investigación de la fiscalía de Veracruz, demuestran las omisiones que cometió la encargada de dictar sentencia a un presunto culpable que hoy está libre, exhiben la manera en que las autoridades tergiversaron las evidencias y antepusieron prejuicios fundados en estereotipos de género para evadir la posibilidad de ejercer justicia.
Frente a ellas hay dos sillas vacías destinadas para los representantes del Estado mexicano.
Es la primera vez que en México se instaura el Tribunal de Conciencia para los Derechos de las Mujeres (la ciudad es Guadalajara y la fecha 27 de octubre de 2013), el de Regina Martínez es el cuarto caso que se analiza en esta ocasión; el primero fue el de Ernestina Ascencio, quien murió en la sierra de Zongolica tras ser violada por soldados mexicanos y aquí la historia de estas dos mujeres vuelve a encontrarse: en vida, la periodista seguía las pistas de la muerte de la indígena nahua. Los otros dos casos que se analizaron en el tribunal tienen que ver con un feminicidio y una desaparición forzada, ambos en el Estado de México.
El veredicto de la juez es lapidario: “Este es un caso emblemático sobre el papel del Estado en cuanto a los derechos de las mujeres (…) El Estado mexicano es responsable de graves violaciones a los derechos humanos de Regina Martínez. Violó el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la información, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y al debido procedimiento. Pero su actuación es más significativa porque al violar los derechos de ella también viola los derechos de todas las mujeres periodistas”.
“Regina fue amenazada cuatro meses antes de que la asesinaran, en diciembre de 2011 salió de vacaciones y al regresar a su casa encuentra que todos los jabones que tenía en su baño estaban abiertos y regados, incluso en el baño todavía había vapor, como si alguien se acabara de bañar; su miedo era constante pero aun así continuaba con su labor periodística (…) El día del velorio, a su círculo cercano, nos llegaron mensajes en los que se decía que Regina había sido asesinada por su macho (…) La Procuraduría del estado no tomó en cuenta nunca la actividad periodística de Regina para investigar y prefirió destacar que el crimen tenía tintes pasionales relacionados con un supuesto cambio en su conducta (…).
En el expediente se presentan como evidencias psicológicas de ese cambio de conducta algunos objetos encontrados en su casa: varios jabones para eliminar la celulitis y las manchas de la piel, zapatillas casi nuevas, intención de comprar tela para mandar a hacer minifaldas y vestidos, así como una caja nueva de inyecciones para el deseo sexual”, relata Norma Trujillo y un escalofrío recorre varias espaldas mientras el rumor de la indignación salta de silla en silla.
En este espacio la memoria dignifica y se convierte en el argumento más contundente contra la injusticia; la jueza recuerda que se trata de un tribunal de conciencia, no vinculatorio, pero afirma que los tratados y convenciones internacionales cuyas violaciones fueron acreditadas en el caso, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o la Convención de Belem Do Pará (para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer) deberían obligar al Estado a rectificar su postura.
Una paradoja en este caso: la violación del Estado a los derechos de Regina Martínez durante el proceso judicial fue encabezada por dos mujeres: Consuelo Lagunas Jiménez, en ese tiempo directora de Investigaciones Ministeriales de la Procuraduría de Veracruz, y la juez Beatriz Rivera Hernández, quien dictó sentencia.
Lagunas Jiménez desestimó pruebas y líneas de investigación para construir un escenario donde uno de los presuntos asesinos de la periodista es un hombre cuya presencia en el lugar del crimen no está suficientemente probada.
Rivera Hernández, para cerrar el asunto, fue omisa ante las inconsistentes pruebas aportadas por la fiscalía y decidió aplicar una sentencia de 38 años y 2 meses de prisión contra Jorge Antonio Hernández Silva, supuesto cómplice del homicidio y quien terminó saliendo de la cárcel por las evidencias de tortura para arrancarle una confesión y por irregularidades en el proceso. El presunto autor material, José Adrián Hernández Domínguez, fue declarado prófugo y ninguna autoridad parece estarlo buscando.
El tribunal de conciencia ha determinado condenar al Estado mexicano y ese veredicto establece, también, que el caso puede llevarse a instancias internacionales.
Emma González, una de las organizadoras del tribunal, recuerda que la intención de éste es exponer asuntos que han pasado por instancias jurídicas del Estado o estén en algún proceso penal y en los que las víctimas no estén conformes con las resoluciones oficiales porque la información ha sido tergiversada en el sistema judicial.
El siguiente tribunal se pretende realizar el 8 de marzo del año que viene, pero por lo pronto, para hacer públicos los resultados de éste primer ejercicio, el próximo 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género) varias organizaciones harán un pronunciamiento al respecto y éste se hará llegar a las autoridades involucradas.
“Ha sido un trabajo extenuante y emotivo, mover estas emociones te deja la esperanza de que las cosas pueden cambiar y la sociedad civil debe llamar a rendir cuenta a los funcionarios responsables”, señala Emma al ir salir de la sala.
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