AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Javier Duarte no ve el estado que gobierna. Para el priista, todo son avances y alegrías en Veracruz. En la realidad, sin embargo, la entidad se ahoga en violencia, en desapariciones y secuestros, en asesinato y acoso de periodistas, en deuda pública y en obras inconclusas, en insensibilidad gubernamental… A punto de que el mandatario presente su tercer informe, el saldo de su gestión oscila entre la muerte y la política ficción.
En contraste, a través de la Dirección General de Comunicación Social, Duarte satura las pantallas de televisión, los programas de radio y los comunicados con el eslogan “En Veracruz estamos haciendo las cosas bien”. La frase es también el lema del tercer informe de gobierno, que se realizará el viernes 15 de noviembre en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Ahí, el mandatario dirigirá un mensaje, pues al Congreso local sólo acudirá a dejar su informe por escrito.
Pero las realidades en la entidad se imponen, tan duras cuales son:
Por ejemplo, la deuda pública del gobierno de Veracruz registrada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asciende a 37 mil millones de pesos, una de las más altas del país. Sin embargo, el exdiputado local Óscar Lara (la legislatura se renovó el martes 5) advierte que la administración de Duarte tiene otros pasivos que Hacienda no registra y que rondarían otros 20 mil millones de pesos.
“Ahí está el llamado cupón cero, las últimas dos bursatilizaciones que algunos diputados de oposición votamos en contra, los pendientes a proveedores, entre otros, y que al final son deuda.”
Tan sólo en este año la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) etiquetó 3 mil 695 millones 500 mil pesos para el rubro de “deuda pública”, cifra muy superior a los presupuestos del Poder Judicial, Legislativo, Instituto Electoral Veracruzano, Comisión del Agua en el Estado de Veracruz y Comisión Estatal de Derechos Humanos juntos.
El débito fue heredado de los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Miguel Alemán Velasco y se robusteció en el actual, que adquirió varios empréstitos.
“(La administración de) Veracruz está sobreapalancada; eso trae más endeudamiento. El estado ha gastado más de lo que ingresa. El presupuesto lo tendrían que ir ajustando conforme va cayendo la liquidez; si no cae, se origina un estrangulamiento financiero, eso ha pasado”, expone Lara, diputado saliente del PAN y sobre quien se sigue un proceso de expulsión en ese partido por haber apoyado al candidato del PRD en la pasada elección municipal de Veracruz.
“Sólo banderazos”
Los habitantes de Tuxpan de Rodríguez Cano, al norte del estado, recuerdan el incumplimiento de las promesas de campaña del gobernador.
Taxistas y vecinos de la colonia Vista Hermosa lo ejemplifican con el libramiento de Tuxpan, cuya primera etapa –de 10 kilómetros– no ha podido ser concluida, pese a que Duarte dio el banderazo el 1 de diciembre de 2010, cuando señaló: “Comienzo mi administración con el pie derecho”.
Dicho libramiento corresponde a la primera etapa de la carretera Tuxpan-Tampico, que medirá 180 kilómetros y tendrá 12 metros de ancho. La obra prevé que tenga dos carriles de circulación, acotamientos amplios y señalética especializada.
Planea construirse en tres etapas: la primera comprende el libramiento de Tuxpan –que inicia del entronque Los Gil a la intersección con la carretera federal 180–; la segunda va del entronque Buenos Aires a Ozuluama y tendrá una longitud de 110 kilómetros; la tercera será la construcción del tramo Ozuluama-Puente Prieto, con una longitud de 60 kilómetros.
Sin embargo, hasta el momento sólo se aprecian ahí pequeños tramos de obra, maquinaria parada y quejas ciudadanas.
“Ahí donde pusieron el templete (hace tres años) sólo avanzaron un tramo de 120 metros; después dejaron la obra tirada. En mayo (de este año), cuando los periódicos locales La Opinión y El Diario de Tuxpán empezaron a presionar para que reanudaran la obra, sólo hicieron la pantalla. A los pocos días dejaron de venir los trabajadores”, ilustra otro vecino de Vista Hermosa.
Tan sólo el libramiento de Tuxpan beneficiaría a más de 200 mil habitantes de los municipios de Chicontepec, Naranjos de Amatlán, Cazones de Herrera y Tihuatlán, entre otros. Hoy, a falta de autoridad estatal que reanude la carretera, son los propios vecinos de las colonias populares de Tuxpan quienes con piedra, grava suelta y cubeta en mano rellenan los cientos de baches que presenta la carpeta asfáltica. El trabajo de los jóvenes es remunerado con unas cuantas monedas de los automovilistas que circulan por la vía.
En Cazones de Herrera, la Secretaría de Comunicaciones (dependencia hoy extinta pues se transformó en Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas) quedó a deber la carretera Los Kilómetros, la cual hoy sólo es un camino de terracería lleno de baches y socavamiento.
Hace 12 meses, Javier Duarte y el entonces alcalde de Boca del Río, Salvador Manzur –expulsado del aparato gubernamental tras ser exhibido en videos manipulando elecciones a favor del PRI con recursos de la Sedesol–, arrancaron la magna obra distribuidor vial La Boticaria. Presumieron que beneficiaría a 1 millón de habitantes y tendría un costo de 190 millones de pesos. La primera etapa de esta obra debió haber sido entregada en agosto pasado.
Esa vía para agilizar el tránsito de Veracruz, Boca del Río y Medellín tiene un avance de apenas 15% en sus pilotes y cimentación. Los trabajos han tenido que parar en varias ocasiones y enfrentan problemas por el cambio de adjudicación, toda vez que a medio semestre del año en curso la obra le fue encargada a Constructora Río Medio, que tampoco ha acelerado la edificación.
La carretera –que convertiría en anillo periférico los intercruces de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río– es motivo de burla en las redes sociales, donde abundan los dibujos animados y los memes alusivos a los retrasos y los problemas de tránsito. El próximo año, este distribuidor vial será vital para los traslados de los atletas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, pues ambos municipios serán sedes del evento.
En Coatzacoalcos continúan a la espera del túnel Sumergido, obra que ya supera los 3 mil 600 millones de inversión federal, estatal y privada, y que ahora se encuentra detenida debido a que la empresa encargada de su construcción –Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos S.A. de C.V. (Cotuco)– y la española FCC Construcción se quedaron sin dinero para concluirla.
“Sólo le faltan unos cuantos metros”, declaró el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Gerardo Buganza, acerca de esta obra que comunicará la zona portuaria de Coatzacoalcos con la congregación de Villa Allende.
Dichos trabajos han sido objeto de constantes señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En la revisión de la cuenta pública 2010 las observaciones e inconsistencias involucraron 400 millones de pesos. Dicha instancia observó que no se cumplió con los parámetros mínimos de calidad en materiales y procedimientos constructivos, así como en la estabilidad, seguridad estructural y vida útil en servicio.
Proceso solicitó una entrevista con el titular de SIOP para ahondar sobre las obras paralizadas y las 58 constructoras que el gobierno de Veracruz ha demandado por incumplimiento de obra. Su vocera de prensa, Elideth Eloss, se comprometió a agendar la entrevista, pero nunca regresó la llamada.
Por el contrario, el expanista Gerardo Buganza, candidato a gobernador en 2004 y exsecretario de Gobierno, se concentró en dar “exclusivas” a medios locales en las que el tema del avance de la obra pública fue un tema secundario.
Con Notiver, el titular de SIOP optó por platicar sobre el apodo que ostenta en la clase política. Es conocido como “Sor Buganza” por su costumbre de asistir todos los días a misa: “Me digan fray, sor o lo que me puedan decir lleva una connotación de ser una persona formada religiosamente. Yo le pido a Dios todos los días que me permita hacer el bien y al Espíritu Santo que me dé sabiduría”, dijo.
Violencia matizada
El miércoles 6, durante la reunión regional de seguridad Zona Sureste, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, habló de “los grandes resultados” que Veracruz ha tenido al abatir la delincuencia en el sureste de México, zona –dijo el funcionario federal– que reporta el menor índice delictivo de todo el país.
Horas antes del anuncio, una balacera en la Reserva 1 en el puerto de Veracruz entre presuntos pistoleros del crimen organizado dejó como saldo dos personas muertas y un herido. Apenas el 30 de octubre un comando fue perseguido por fuerzas estatales y federales en la avenida Ruiz Cortines, lo que derivó en un tiroteo atrás del inmueble del PRI estatal y de la Facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana. El saldo de heridos y muertos no fue dado a conocer.
En la Cuenca del Papaloapan, Los Tuxtlas y al norte del estado, periodistas y usuarios de redes sociales siguen dando cuenta de enfrentamientos, balaceras y ejecutados.
Pese a ello, Osorio Chong aseguró en rueda de prensa realizada en el hotel Emporio de Veracruz que las estrategias de Duarte han sido ejemplo nacional: “Ésta es una región que ha avanzado muy bien. Muchas de las cosas que se han hecho aquí, que han funcionado, se han replicado en muchas regiones del país”.
Apenas el jueves 7, el diputado local de la coalición PRI-Nueva Alianza por Cosamaloapan, Juan René Chiunti Hernández, admitió que su hermano había sido secuestrado el pasado 2 de abril, y aun cuando al día siguiente se pagó un rescate millonario, siete meses después sigue desconociéndose el paradero de su familiar.
El pasado 2 de octubre, parientes y amigos de la estudiante de odontología Ámbar Nayeli Suárez Rivera, de 24 años, denunciaron su desaparición del puerto de Veracruz sin que dejara rastro.
Otro caso: familiares del comandante de Tránsito estatal Damián Pineda Medina continúan pugnando por su búsqueda. Desapareció desde junio último en la capital del estado junto con una oficial raso.
Por esos días, el subprocurador de justicia estatal, Antonio Lezama Moo, especuló así con el grave problema de los desaparecidos: la mayoría se va “con la amante” o con “el amiguito”. Estas declaraciones ocasionaron el repudio social y de una organización de familiares de desaparecidos en la región de Córdoba-Orizaba, quienes le exigieron a Lezama retractarse, disculparse o renunciar. Ninguna de las peticiones fue cumplida por el funcionario.
Un caso ilustra lo errado que puede estar el subprocurador: El conductor de taxi Andrés Aguilar Marín, de 37 años, desapareció a principios de octubre. Su hermana María del Rosario Aguilar asegura que fue detenido por los cuerpos de élite de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Andrés Aguilar fue detenido junto con Jacqueline Espejo Moctezuma, oficial del agrupamiento carretero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz. Ella apareció cuatro días después para denunciar maltrato psicológico, golpes y amenazas de muerte por parte de elementos del cuerpo de reacción inmediata de la Policía Estatal Acreditable, quienes le quisieron sembrar unos “tabiques” de mariguana.
De la desaparición de ocho policías municipales de Úrsulo Galván, reportada el 11 de enero pasado, familiares y amigos de los oficiales responsabilizaron también a los cuerpos de élite de la SSP. Incluso le enviaron una carta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la que denuncian el hecho.
Javier Duarte admitió que en lo que va de su sexenio 4 mil policías han sido dados de baja por no aprobar los exámenes de evaluación y confianza del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Representan 40% del total de las corporaciones de los 212 municipios de Veracruz.
En entrevista colectiva, Duarte aceptó que Veracruz es la entidad que más elementos ha dado de baja por no ser “confiables”.
Mientras la depuración de la Policía Estatal continúa, el mismo jueves 7 la Secretaría de Marina declaró que se quedará en el estado “el tiempo que sea necesario”, según dijo su titular, Vidal Francisco Soberón Sanz.
La reputación de la SSP y de la nueva Policía Estatal Acreditable se ha derrumbado también por las violaciones a los derechos humanos de maestros y periodistas a manos del nuevo Mando Único.
El 14 de septiembre pasado, varios comunicadores fueron golpeados por agentes de la Policía Estatal Acreditable durante el desalojo de maestros en la plaza Lerdo. Incluso, los fotógrafos Rubén Espinoza, de Proceso; Roger López, de Imagen, y Óscar Martínez, de Reuters, fueron amenazados por los cuerpos de seguridad pública para que borraran sus materiales gráficos.
El fotógrafo y activista de Zapateando Juan Alberto Arellano debió pasar dos días en prisión luego de que la SSP lo acusara por posesión de enervantes. El supuesto ilícito no se pudo comprobar ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Días después, Martín Serrano, director del Diario Tribuna, denunció la sustracción de documentos personales de su oficina mientras él estaba en el puerto de Veracruz. En la primera semana de octubre, seis elementos de la SSP fueron cesados luego de ser señalados como responsables de agresión y abuso de autoridad en contra de Alfonso Parra, reportero de Oliva Radio.
En esa misma semana, la Marina llegó al cuartel de San José en Xalapa. Durante el pase de lista fueron nombrados 10 elementos, que fueron detenidos y puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República, para que se inicie una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico, confirmó una fuente de la corporación.
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