FUENTE: PROCESO.
MÉXICO, D.F. (apro).- De nueva cuenta, la prensa estadunidense dio otra probadita de los alcances que tendrá la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto que en los próximos días será sometida a discusión en la Cámara de Diputados.
En su edición de este miércoles el influyente diario Wall Street Journal revela que el gobierno federal y el PAN negocian que petroleras privadas y el Estado mexicano compartan la producción de hidrocarburos.
Con base en versiones de tres personas que participan en dichas negociaciones, el reportero Carlos Montes refiere:
“Altos representantes del gobierno y miembros importantes del conservador Partido Acción nacional (PAN) se encuentran en negociaciones avanzadas para sellar un acuerdo que permitiría al Estado mexicano compartir la producción petrolera, así como conceder contratos de licencias diseñados para acceder a depósitos de gas de esquisito y crudo en aguas profundas”.
Este modelo, dice, daría a las empresas interesadas una parte del petróleo o gas que se lograra extraer, y no sólo repartiría las ganancias en monetario entre las partes, como es lo que hasta ahora se ha ofrecido en la iniciativa.
Según el reportero, los contratos de ganancias compartidas, en los que toda la producción va al Estado, se plantearían sólo para campos petroleros de bajo riesgo.
Los otros dos en negociaciones –aclara– se utilizarían para proyectos de mayor riesgo y alcance.
En el texto, consigna que si la reforma energética es aprobada en dichos términos, México pasaría de ser un mercado energético controlado por una sola entidad – Pemex–, a un mercado basado en la competencia , en que las empresas privadas podrán explorar y producir hidrocarburos por su cuenta, bajo un contrato con el Estado mexicano.
Actualmente, refiere, México es el noveno mayor productor de petróleo en el mundo y los geólogos creen que cuenta con los cuartos mayores de gas esquisito.
Las versiones de las negociaciones también fueron publicadas por la agencia Bloomberg.
Las fuentes dijeron que en los contratos de licencias especiales de producción para depósitos shale y en aguas profundas una empresa controlaría el petróleo tras pagar regalías e impuestos.
En el proyecto original anunciado por Peña Nieto el pasado 11 de agosto, el proyecto no prevé esa fórmula. Incluso, toda su campaña de difusión se orientó a persuadir a los mexicanos de que su propuesta de modificar los artículos 27 y 28 de Constitución para permitir que Petróleos Mexicanos otorgue contratos de “utilidad compartida” a empresas privadas, no había intención de “privatizar” a la paraestatal.
La publicidad del gobierno tuvo como base al expresidente de México, Lázaro Cárdenas, artífice de la expropiación petrolera en 1938; sin embargo, su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas, ya ha dejado claro, en una carta a Jesús Reyes Heroles, su padre sí se opuso a la inversión privada en Pemex, y llamó a no dejar “por descuido, apetito o complicidad”, que las utilidades de la nación, se transformen en utilidades individuales.
Incluso, volvió a advertir este miércoles que si el Estado mexicano y petroleras privadas comparten la producción de hidrocarburos, habría un saqueo de recursos petroleros.
“Se quitaría la condición de estratégicos (a los hidrocarburos) y se estaría abriendo la puerta para el saqueo de los recursos petroleros del País”, planteó el hijo del General Lázaro Cárdenas al comparecer ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Además, deploró que hasta el momento las autoridades gubernamentales no hayan dicho una sola palabra con la cual puedan justificar la intención de modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución.
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