AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Con cero votos a favor, 15 en contra de PT, MC y PRD y dos abstenciones de Panal, la presidenta de la comisión del Distrito Federal, la mexiquense y cercana colaboradora de Enrique Peña Nieto, Laura Barrera Fortoul, dio por avalada la iniciativa del panista Jorge Sotomayor Chávez, e incluso la remitió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que se enliste en los temas pendientes del actual periodo que está por concluir el próximo 15 de diciembre.
Roberto López Suárez, José Luis Muñoz Soria, Margarita Tapia y Vicario Portillo, del PRD, así como Loretta Ortiz Ahlf del PT y José Francisco Coroneto de MC, votaron en contra.
Luego de que se prohibió la entrada –a la Cámara primero y al salón de sesiones después– los legisladores de izquierda lograron que algunas organizaciones de derechos humanos entraran.
La citada ley condiciona los derechos humanos que tiene todo ciudadano de expresarse libremente –derecho reconocido en leyes internacionales e incluso en la propia Constitución–. La fuerza policiaca puede “disolver una manifestación”, a las que se les fijan horarios y se prohíbe que ocurran en vías principales de la Ciudad de México.
Tanto los legisladores de izquierda como los miembros de las agrupaciones de derechos humanos sostuvieron que se violentó el artículo 122 de la Constitución, donde se otorga a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la facultad de actuar en materia de protección civil e incluso en regulación de marchas.
En la sesión de esta mañana de comisiones unidas, cuando los diputados federales de izquierda presentaron sus reservas, como lo establece el reglamento de la Cámara de Diputados en su artículo 189, la presidenta de la Comisión del DF, la peñista Laura Barrera Fortoul, les negó su derecho poniendo de manifiesto su total desconocimiento de las reglas legislativas.
La actuación de Laura Barrera fue secundada por otra priista, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Mirian Cárdenas Cantú, quien fuera parte del primer círculo del priista y gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y quien les negó la palabra a los legisladores de PT, PRD y MC, quienes hablarían en contra y presentarían sus reservas.
Laura Barrera dijo que las reservas se irían a discusión en el pleno de la propia Cámara el día que el presidente de la Mesa Directiva les dé trámite. Antes, por la noche del lunes, las presidentas de ambas comisiones cambiaron el lugar del encuentro generando confusión entre sus miembros.
Más tarde, una vez aprobada en comisiones unidas la nueva ley contra las manifestaciones, integrantes de agrupaciones defensoras de derechos humanos que no pudieron ingresar al salón de discusión ofrecieron una conferencia de prensa para fijar su posición contra la ley.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez detalló la presencia de la Red de Todos los Derechos para Todas y Todos, que conjuga 74 organizaciones de la sociedad civil, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Victoria, JAS Asociadas por lo Justo, y Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica.
“Básicamente, lo que acabamos de ver es sumamente grave y preocupante… se pretende inhibir el derecho a la protesta social, un derecho que es básico para la dinamización, para el avance de las democracias. Se pretende dejar en su mínima expresión los derechos a la libre manifestación de ideas, a la libertad de asociación, el derecho de petición y el derecho de participación política.
“El mensaje que se está mandando es que las personas no salgan a las calles, cuando a veces es la única opción que le dejan a grupos y colectivos históricamente marginados. Cuando las instituciones, como el día de hoy, se cierran y no dan el paso para que podamos discutir y dialogar, y exponer nuestro rechazo a esta iniciativa, precisamente lo que abren es el espacio para que la gente afuera se manifieste y proteste”, dijo Leopoldo Maldonado Gutiérrez.
Sostuvo que el poder Legislativo “estará violando su obligación de garantizar y proteger derechos, tal y como lo ordena la Constitución”.
“Nos preocupan los detalles de la iniciativa, como los criterios vagos, ambiguos, discrecionales, que se le están dando a la Secretaría de Gobierno y, en general, a la administración del gobierno del Distrito Federal para inhibir la protesta. Establece conceptos que no tienen ninguna sustancia, como ‘comportamiento violento’, ‘alteración del orden público’, y la peor de todas, las ‘buenas costumbres’ para limitar la protesta.
“Establece como una limitante también el ‘aviso previo’ a las autoridades, que en realidad es un permiso para protestar. Esto se convierte en un mecanismo de burocratización de la protesta, y no establece claramente bajo qué criterios estaría la autoridad limitando, aunque de entrada, como ya lo dijimos, la ley por sí misma violenta e inhibe derechos fundamentales”.
Y soltó luego a los panistas que hoy crearon la citada ley: “Hacemos la pregunta a los diputados panistas que han avalado ¿qué paso en los noventa cuando bloquearon puentes federales en la frontera norte, cuando bloqueaban carreteras? ¿Ésas sí son protestas legítimas? Pero a quienes no pertenecemos a ningún partido político ni tenemos relación directa con ningún partido político se nos está inhibiendo de forma absoluta el derecho a la protesta”.
A su vez, Víctor Hugo Carlos, miembro del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que las voces tenían que ser escuchadas para este proceso legislativo, no las están atendiendo, “se está contemplando a la manifestación, no como el ejercicio de un derecho, sino como un acto a reprimir, como un acto a criminalizar, y no desde el ejercicio de las garantías que se han venido construyendo a lo largo de la historia”, recriminó.
Pidió al legislativo escuchar a todas las voces que están en contra de la citada ley porque es un “agravio en contra de los derechos humanos, no solamente de quienes habitan en la Ciudad de México, sino de todas y todos los mexicanos” pues finalmente todos confluyen en la capital para manifestarse.
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