La Comisión Anticorrupción tendrá autonomía constitucional y facultades para prevenir, investigar y sancionar por la vía administrativa las irregularidades que cometan funcionarios y ciudadanos.
El dictamen aprobado advierte que “las sanciones administrativas consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas que deberán tomar en consideración los daños y perjuicios patrimoniales causados”.
El catálogo de sanciones estará definido en una Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, aplicable a funcionarios de los tres niveles de gobierno, que el Congreso deberá elaborar una vez que se cree oficialmente la Comisión Anticorrupción.
El siguiente paso es que la Cámara de Diputados apruebe la reforma anticorrupción avalada por el Senado, lo que podría ocurrir hasta el próximo periodo de sesiones, que arranca en febrero próximo.
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