AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
Aun cuando el propio Peña Nieto y los partidos políticos incluyeron el tema como uno de los compromisos en el Pacto por México, a la hora de las definiciones ninguno fue más allá del discurso para poner fin a la discrecionalidad con la que se reparten los recursos públicos en materia de comunicación social.
Los legisladores apenas y se comprometieron en un artículo transitorio de la reforma político electoral para emitir el reglamento entre febrero y abril del próximo año, pero no hay nada que los obligue a cumplir, sobre todo si las modificaciones constitucionales no se aprueban antes del 1 de febrero por la mitad más uno de los congresos estatales.
En la minuta publicada por la Cámara de Senadores el jueves 5 con los proyectos de la reforma político electoral que finalmente fueron aprobados por la Cámara de Diputados entre la noche de ese día y la madrugada siguiente, el tema de la publicidad oficial se quedó en los artículos transitorios.
El artículo tercero temporal de la reforma dice: “El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la Ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución” para establecer las normas a que deberán sujetarse los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y cualquier otra dependencia y entidad de la administración pública.
Según el compromiso de los legisladores, la reglamentación “garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”.
El párrafo constitucional a regular señala: La propaganda oficial que difunden los poderes públicos y autoridades bajo cualquier modalidad de comunicación social deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Esa disposición está vigente desde hace seis años, cuando en noviembre de 2007 se reformó el artículo 134 constitucional, referente a la administración de los recursos por parte de los funcionarios. Sin embargo, los legisladores han evitado su reglamentación, a pesar de que existen varias iniciativas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Enrique Peña Nieto también ha faltado a su compromiso. Como presidente electo, prometió la creación de “una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios en todos los niveles de gobierno”. Aseguró que enviaría la iniciativa durante el periodo de transición de un gobierno a otro, entre septiembre y noviembre de 2012. No lo hizo.
Ante su incumplimiento, en el punto 95 del Pacto por México anunció que esa instancia se crearía durante el segundo semestre de este año. Hasta ahora sigue siendo una promesa.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1936, ya en circulación)
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