FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ.
México, DF. Diputados del PRD y de Movimiento Ciudadano solicitaron a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Miriam Cárdenas Cantú, del PRI, no avalar la iniciativa del panista Francisco Sotomayor, con la que se pretende aprobar una ley de manifestaciones públicas en el Distrito Federal y la cual se considera prohibir marchas en vías primarias, obstruirlas y facilita la disolución de expresiones ciudadanas cuando se considere que bloquean el acceso a edificios públicos.
En un oficio enviado este lunes a la diputada Cárdenas Cantú, los legisladores perredistas Elena Tapia, Roberto López Suárez y José Luis Muñoz Soria, así como el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, señalaron que además de violar los derechos humanos de libre manifestación y expresión. Se estarían invadiendo atribuciones exclusivas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Las comisiones del Distrito Federal y Derechos Humanos están citadas este martes para discutir un proyecto de dictamen elaborado por la primera, que preside Laura Barrera Fortoul (PRI) quien fue secretaria de Turismo durante el gobierno en el estado de México de Enrique Peña Nieto.
El proyecto, que ya fue circulado desde la semana pasada, admite que se imponga un horario de 11 a 18 horas para cualquier manifestación pública, que esta no bloque vialidades principales, que los ciudadanos designen un representante y éste solicite permiso al menos dos días antes al gobierno de la ciudad para llevarla a cabo. La autoridad capitalina podrá negar el permiso si considera que existen condicionales ambientales adversas, entre otros requisitos.
En el escrito de este lunes los legisladores señalan a Cárdenas Cantú que el artículo 122 de la Constitución le otorga al Congreso de la Unión atribuciones exclusivas pero limitadas respecto del Distrito Federal, mientras que a la ALDF le corresponden decisiones sobre materias que le han sido conferidas.
Por ejemplo, agregaron, la asamblea aprobó, y el jefe de gobierno capitalino ha expedido, las leyes de cultura cívica, del transporte y vialidad, del procedimiento administrativo.
“Ello confirma que el Congreso de la Unión incurriría en redundancias y expediría un ordenamiento de conflicto con leyes vigentes” en la capital de la República.
También señalaron que limitar las manifestaciones en la ciudad de México violaría el artículo 1° de la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana de Derechos Humanos.
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