AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Aun cuando a través de videos demostró que su detención ocurrió en un lugar distinto al que indica la acusación, que los policías que fungen como testigos del caso no son quienes lo detuvieron, que iba solo y no en pandilla, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) insiste en obtener una condena que lo mantenga preso.
Interno en el Reclusorio Norte, Alejandro Bautista concedió a Proceso una entrevista vía telefónica el pasado martes 26 de noviembre para rechazar las imputaciones y acusar la criminalización del gobierno capitalino a quienes se oponen a sus intereses y proyectos, en su caso, a los planes urbanísticos del gobierno capitalino al sur de la Ciudad de México.
“Esta forma de administrar justicia, criminalizando a dirigentes sociales parece ya una patología, con un ministerio público que se presta a procesar inocentes y facilita, en el ámbito legislativo, la aprobación de reformas contra la protesta social”, denuncia refiriéndose a la reforma que, dos días después de su detención, convirtió en delito grave los ultrajes a la autoridad.
Bautista –quien en los últimos años ha encabezado la oposición a la Supervía y ha apoyado la resistencia al Arco Sur, dos megaproyectos urbanísticos en el sur de la Ciudad de México–, fue detenido el 2 de octubre en Bucarelli y Reforma, cuando videogrababa los excesos policiacos durante los enfrentamientos que se registraron en la marcha conmemorativa del 2 de octubre.
La posibilidad de una larga condena radica en el agravante de pandilla, pues, conforme a la fiscalía, agredió policías y participó en los disturbios junto con diez personas más.
Las órdenes de Argos
En la red social Facebook la cuenta de Alejandro Bautista exhibe un trabajo frecuente de documentación: circulan videos y fotografías de marchas, protestas y represiones.
Alejandro Bautista asegura que al momento de su detención había documentado una serie de agresiones a defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos que participaban pacíficamente en la marcha, cuando fue privado de su libertad por policías vestidos de civil.
Los agentes, sin identificación de adscripción ni nombre visible, lo habrían conducido hasta avenida Juárez, donde lo golpearon e intentaron borrar los videos. No le regresaron la cámara, pues supuestamente sería utilizada como prueba, pero hasta ahora, video y cámara, no han aparecido en el juicio.
La inconsistencia en las condiciones de modo, tiempo y lugar que se asentaron en la grabación fueron evidenciadas a través de videos que su defensa aportó durante la etapa probatoria del juicio. De nada ha servido, sigue preso.
En el video presentado por su defensa se le observa caminando solo con su cámara de video por Bucarelli, cuando un agente lo toma por la espalda, se suman otros policías y se lo llevan con violencia del lugar.
Con esa prueba desvirtúa diferentes aspectos de la acusación: no se configura el agravante de pandilla; tampoco coincide el lugar ni hora de la detención, ni los hechos que se le imputan y, sus captores no son quienes aparecen en juicio.
En los careos realizados durante el juicio, los policías llamados por el ministerio público caen en contradicciones y, cuando se han visto sin salida, aseguran que recibieron órdenes de Argos, indicativo policiaco para algún mando, quien habría identificado contra quién se dirigirían las acusaciones.
“Como ya publicó la revista Proceso, somos los pagadores del desmadre (del 2 de octubre), sin pruebas ni más argumentos que el dicho de policías que no participaron en la detención”, dice.
La comedia y el activismo
Artista de stand up, un género de comedia que describe como “vivencial”, Bautista trabajó en películas de María Elena Velazco, mejor conocida por su personaje de “La India María”; estudió en los talleres de La Casa de los Comediantes y, en teatro, participó en giras por Estados Unidos, Cuba y se presentó en el Cervantino, hace varios años.
Una de sus últimas actuaciones ocurrió el pasado 21 de marzo, cuando el Frente Oriente –que por su parte se opone al Plan Urbano de Iztapalapa–, acudió a San Juan Teotihuacán, en la zona arqueológica, para protestar contra la presidencia de Enrique Peña Nieto, la instalación del Walmart en la zona y otras demandas, en un acto que terminó reprimido por policías capitalinos que actuaron de manera extraterritorial.
El activismo de Alejandro Bautista se ha concentrado en la oposición a la Supervía, por considerar que afectaría irremediablemente los pueblos originarios del sur de la Ciudad de México, como en el caso de San Andrés Totoltepec, en la delegación Tlalpan, donde nació.
De la comedia pasó a la acción social, cuando sus vecinos y familiares decidieron defender el avance de los proyectos urbanísticos que consideran letales para los pueblos originarios.
La movilización ciudadana en Tlalpan, en la que participaba activamente Alejandro Bautista, logró frenar la construcción de un Walmart y encarcelar a un servidor público, el director de Contratos de la delegación, de nombre Toribio Guzmán Aguirre o Guzmán Paz, pues se ha cambiado el nombre.
Y es que Bautista interpuso en los últimos años al menos 15 denuncias contra Marcelo Ebrard, los jefes delegacionales y otros servidores públicos, por los despojos, abusos de autoridad y otros delitos. Es decir, enfrentó al Gobierno del Distrito Federal y sólo la denuncia contra Guzmán procedió, aunque ahora está libre y activo en el mismo proyecto.
“Están despojando a la gente, robando terrenos para los negocios inmobiliarios que tienen planeados”, asegura.
Mientras que a sus denuncias se les da carpetazo, se pierden expedientes y no avanzan, en el caso de su detención, dice, están incriminándolo.
“Sencillamente, el gobierno capitalino me quiere preso”, concluye.
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