Pese a un debate de más de 15 horas en la Cámara de Diputados, los legisladores que impulsaron la reforma -del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza- no aceptaron ningún cambio, por lo que el texto final quedó tal cual lo aprobó previamente el Senado de la República.
La reforma energética que aprobó el Congreso de la Unión, y turnó a las legislaturas estatales, modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y contiene 21 transitorios, para permitir que empresas privadas participen en el sector de los hidrocarburos y la electricidad.
Esta participación se puede llevar a cabo mediante contratos de servicios, de utilidad compartida, producción compartida o de licencia, entre otras modalidades.
También plantea que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), organismos descentralizados, se conviertan en empresas productivas del Estado, a más tardar en un plazo de dos años una vez publicada la reforma.
También se consigna que “el Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo”, el cual se constituirá en 2014 y comenzará sus operaciones en 2015.
La institución fiduciaria de éste será el banco central “y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución, con excepción de los impuestos”.
Dicho fondo contará con un Comité Técnico integrado por tres miembros representantes del Estado (los titulares de las secretarías de Hacienda y de Energía, así como el Gobernador del Banco de México) y cuatro miembros independientes nombrados por el Ejecutivo federal, con la aprobación de dos terceras partes de los senadores.
La reforma también concede autonomía a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía, órganos reguladores que trabajarán de manera coordinada.
Pemex tendrá 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de la reforma para someter a consideración de la Secretaría de Energía la adjudicación de las áreas en explotación y los campos que estén en producción que esté en capacidad de operar, a través de asignaciones, lo que se conoce como “ronda cero”.
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