AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Sin embargo, al menos la mitad de los legisladores del PRD, todos los del PT y del Movimiento Ciudadano (MC) cuestionaron el nuevo ordenamiento al considerar que criminaliza la protesta social y violenta los derechos humanos.
Ricardo Mejía Berdeja, del MC, llamó la atención de que se hayan dispensado todos los trámites legislativos, e incluso se hayan “brincado” dictámenes que ya estaban para primera lectura con el fin de aprobar en el menor tiempo posible la nueva norma.
No obstante, advirtió que no se puede olvidar el contexto político en el que se está aprobando esta nueva ley y donde lo importante no es solamente el albazo legislativo, también el endurecimiento de las reglas y la criminalización de la protesta.
Se está preparando el terreno, acusó, para actuar en contra de quienes ya han anunciado que se manifestarán para frenar la reforma energética y evitar que se entregue a trasnacionales la renta petrolera.
Prueba del endurecimiento, dijo Mejía Berdeja, es una Cámara de Diputados y un Senado “amurallados” con vallas metálicas de más de tres metros para evitar cualquier inconformidad de los ciudadanos por las decisiones que tomen los legisladores.
Para fijar su posicionamiento, el PRD envió a Margarita Tapia, quien dijo que votarían a favor por ser el terrorismo un tema central, sin embargo, minutos después Alliet Mariana Bautista, también diputada perredista, dijo que sus compañeros de partido votarían en contra, debido a que se violan derechos humanos con la nueva reglamentación y tampoco se tipifica de manera clara lo que es el terrorismo.
Además, alertó que con esta ley secundaria se violenta el artículo primero de la Constitución, que establece el respeto a los derechos humanos.
Bautista Bravo aclaró que siempre se debe garantizar la libre manifestación de las ideas y, por lo mismo, de reunión, tal como se establece en los tratados internacionales que abordan el tema del terrorismo, sin embargo, en esta iniciativa no se prevé así, denunció.
La iniciativa de reforma que modifica varios códigos y leyes fue enviada a la Comisión Permanente en el mes de mayo y llegó a la Cámara de Diputados para que, en apenas dos sesiones, se avalara y, aunque se eliminó de la propuesta presidencial el considerar las movilizaciones como un acto terrorista, no se dejo en claro si una acción que dañe propiedad privada o pública, como suele ocurrir en diversas protestas, sea causal del delito de terrorismo.
El diputado Roberto López, del PRD, también expuso su rechazo a la nueva norma.
En tanto legisladores del PAN, Partido Verde, Nueva Alianza y del PRI avalaron la reforma.
Antonio Cuéllar Steffan, del PVEM; Esther Quintana, del PAN, y el priista Alberto Rodríguez acusaron a la oposición de distorsionar el dictamen sobre terrorismo e invocar el “falso fantasma de la represión”.
Incluso, Quintana Salinas acusó que en la capital del país se han registrado en los últimos meses movilizaciones que han afectado y violentado el bienestar de terceros, por lo cual ya es tiempo de que exista una ley que frene esa situación.
Cuéllar Steffan alegó que “es falso que se tipifique la manifestación como un acto terrorista” ya que para que se pueda acusar a alguien de terrorista, justificó, se debe cumplir una serie de requisitos y no únicamente basta con el de protestar.
A su vez, el priista Alberto Rodríguez señaló: “Primero la oposición acusa al gobierno de no actuar contra el lavado de dinero y, ahora que se imponen nuevas multas y delitos como el financiamiento al terrorismo, invocan al falso fantasma de la represión”.
Finalmente, la reforma fue aprobada por el pleno, y ahora deberá enviarse al Senado de la República para ser ratificada y enseguida publicada por el Ejecutivo federal para entrar de inmediato en funciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario