AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
En el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos-Todos los Derechos para todas y todos (Red TDT), entre otras agrupaciones, destacaron los “allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, homicidio e incluso desapariciones”, como las principales violaciones a derechos humanos contra defensores y periodistas.
Por ello, exigieron un “funcionamiento adecuado y efectivo” del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, coordinado por la Secretaría de Gobernación (Segob).
En un comunicado, resaltaron que el pasado 28 de octubre el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con representantes de la sociedad civil para “impulsar el funcionamiento de ese acuerdo.
Y detallaron los compromisos firmados por el funcionario federal: “reconocer públicamente la importancia de la labor de las y los defensores; impulsar el Mecanismo durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de Gobernadores; organizar una mesa de coordinación entre la Junta de Gobierno del Mecanismo y diferentes organismos públicos, como la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar)”.
De igual manera, mencionaron que en el Examen Periódico Universal (EPU), realizado en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los estados participantes urgieron precisamente el fortalecimiento del Mecanismo de Protección.
En las recomendaciones surgidas en el EPU, publicadas el 23 de octubre, 23 países formularon recomendaciones relativas a la necesidad de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, así como de investigar las amenazas y hostigamiento contra ellas. De esos países, 50% hicieron anotaciones específicas de fortalecer el instrumento de la Segob “a partir de la selección de persona y presupuesto adecuado para su funcionamiento”.
Las organizaciones llamaron al Estado mexicano a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en específico con el fortalecimiento del Mecanismo de Protección para defensores y periodistas, además de “impulsar aquellas medidas necesarias para prevenir agresiones, garantizar su seguridad e integridad para que puedan hacer su labor sin temor a represalias, y garantizar que las agresiones contra ellos (defensores y periodistas) sean investigadas y sancionadas adecuadamente”.
Además de las 74 organizaciones que integran la Red TDT, el comunicado lo firmaron Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Asociadas por la Justicia, Equis-Justicia para las Mujeres y Asociación Mundial de Radios Comunitarias, entre otras.
En una carta enviada al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, las organizaciones sociales también se sumaron a las demandas por el esclarecimiento de crímenes y desapariciones de defensores en el estado.
Resaltaron que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) considera a esa entidad como “una de las más peligrosas para periodistas, activistas, defensores y defensoras de derechos humanos”, y enlistaron las agresiones ocurridas desde diciembre de 2011 a noviembre pasado: dos desapariciones forzadas y 11 asesinatos.
“La impunidad reinante en la gran mayoría de estos casos contrasta con el expedito encarcelamiento y el uso desmesurado de traslados a penales de alta seguridad de personas promotoras de los sistemas de seguridad y justicia de los pueblos indígenas”, entre ellos el de la comandante Nestora Salgado de Olinalá, detenida en el penal de alta seguridad de Nayarit, puntualizaron los firmantes, entre ellos el consejero del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Michael Chamberlin.
Además de anunciar que se han unido a la compaña de organizaciones guerrerenses “12 Días por la Defensa de Nuestra Vida y Nuestra Libertad”, urgieron al gobernador de Guerrero garantías de seguridad y protección para los activistas y defensores, y que la Procuraduría General de Justicia del estado realice investigaciones eficientes en los casos de agresiones a defensores y activistas.
Dentro de las firmas que aparecen en la misiva destacan la Casa del Migrante de Saltillo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros.
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