AUTOR: MARCO ANTONIO MARTÍNEZ.
Los grupos de civiles armados pueden convertirse en una bomba de tiempo, y su crecimiento son muestra de un Estado débil, consideraron expertos tanto nacionales como extranjeros.
Uno de los riesgos de los grupos civiles armados llamados autodefensas es que para formar parte de una institución de seguridad del Estado se requiere tener alta capacitación en manejo de armas y comportamiento ciudadano, así como ética civil, que se logra en años y ellos carecen de esa preparación, lo que los hace vulnerables, observa García.
“Estos grupos y sus miembros son muy proclives a ser permeados por las estructuras de la ilegalidad, pues existe una oferta tentadora en participación de dinero y de negocios; por ello, si el Estado no tiene el control del territorio, se facilitan muchas prácticas de corrupción en los organismos de seguridad”, explica el Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos de España.
La presencia más visible de las autodefensas es en Michoacán, donde han surgido para contrarrestar a los grupos delincuenciales de “La Familia” y “los Caballeros Templarios”.
Aunque han dicho que están para combatir a los cárteles, algunos personajes, como Tito Emigdio Fernández, de la Asociación Michoacanos, Paz y Dignidad (señalado por la Senadora Luisa María Calderón de pertenecer a Los Caballeros Templarios que visitaron el Senado), dijo que las autodefensas pertenecen a cárteles rivales como el Nueva Generación, asentado en Jalisco.
De acuerdo con distintos reportes, sin embargo, la ficha de inteligencia realizada en el sexenio pasado menciona a Tito Emigdio Fernández como aliado de los Templarios.
También han surgido en Guerrero, y a diferencia de las policías comunitarias, que cuenta con una larga tradición en la entidad como parte de las costumbres de las comunidades indígenas, las autodefensas comenzaron a surgir desde 2010. “Carecen de ideología, van equipados con armas de alto calibre, embozados y protegen territorios donde cruzan rutas de tráfico de droga, o donde hay mineras”, según refirió en septiembre a SinEmbargo Miguel Ángel Mijangos Leal.
En opinión de Alejandro Hope, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las autodefensas también son un síntoma de un conflicto político-militar de baja intensidad.
Para el analista en temas de seguridad, el fenómeno le recuerda el de los paramilitares, surgido en Colombia en los años noventa.
“Ya no estamos aquí en el terreno de seguridad pública ni estamos lidiando en un proceso de policías y ladrones, estamos frente a, y suena exagerado, un conflicto político-militar hasta ahora de baja intensidad, donde diversos actores armados pelean por el control de las instituciones del Estado. La reflexión estratégica debe partir de esto, de que estamos ante otro tipo de fenómeno, ya pasando la categoría de delincuencia organizada, que se queda corta”.
Sin el ingrediente guerrillero, destaca la creación de grupos civiles que para defender un territorio, se armaban.
Hope dice que el gobierno no ha cerrado los ojos ante el fenómeno, y ha tenido reacción. El problema es que no ha sido una única respuesta, sino varias, las cuales parecen depender de los jefes militares o policiacos de la región.
“En algunos casos es injusto decir que no se está haciendo nada, de lo que no estoy muy seguro es si hay una política articulada frente al fenómeno, no veo muchas respuestas o son ad hoc, determinadas más por un juicio particular por el jefe de zona militar o por el comandante militar, o de la Marina o Policía Federal respectivo, que una política más o menos general”.
CONVIVIR TERRORÍFICO
“Particularmente en los años 1996 y 1997 cuando el ex Presidente Álvaro Uribe fue Gobernador del departamento de Antioquia y había una creciente presencia de grupos guerrilleros en zonas de ganaderías y bananeras, aprovechó el decreto ley 356 de 1994 del gobierno de César Gaviria Trujillo que establecía condiciones para regular ‘servicios especiales de seguridad privada’ en zonas de combate con grupos guerrilleros donde la presencia estatal fuera frágil y legitimó las llamadas CONVIVIR (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la Autodefensa Agraria), nombre asignado a este tipo de organizaciones mediante una resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de 1995”, dice el también consultor.
El entonces Gobernador decidió autorizar a grupos privados para que se organizaran en cooperativas de vigilancia, y con conocimiento y autorización del Estado tuvieron equipos de comunicación y armas de uso privativo del ejército, bajo el supuesto de que iban a trabajar de la mano del gobierno. Pero se les salió de las manos.
“Este proyecto crece de manera desaforada y muchos actores armados comienzan a aparecer por múltiples razones como aliados silenciosos de estos grupos, convirtiendo a las CONVIVIR en un problema de seguridad ciudadana de difícil manejo, por entregar el control de armas, comunicaciones y territorios a civiles que no están preparados ni militar, ni ideológicamente, pero sobre todo, que no tienen una ética para el uso de las armas y para ejercer el control de un territorio, labor que por otra parte es exclusiva del estado”, explica.
“Está muy revuelta la situación, no es fácil hacer la distinción y ver a la distancia quién es quién qué tan legítimo es esta forma de resistencia, no me atrevo a ser juicios muy categóricos”, dice.
Un elemento que se vuelve campo fértil para el surgimiento de este fenómeno es la debilidad de las autoridades, tal como ocurre en Michoacán.
“Cualquier salida pasa necesariamente por el restablecimiento de cierta autoridad de gobiernos estatales, los gobiernos municipales están bajo asedio y los recursos federales no alcanzan. El gobierno estatal no le va a poder entrar en la medida que siga envuelto en una crisis política detonada en parte por la enfermedad del gobernador y por una corrupción ya de largo plazo, en parte porque de cualquier manera el periodo de gobierno es corto. Michoacán está a 20 meses de elecciones, la autoridad del gobierno estatal está terriblemente socavada”.
El especialista en seguridad reitera que no todos los grupos son iguales, lo que plantea un problema de qué hacer con unos y con otros.
“La pregunta es qué hacer con este tipo de grupos el Estado, en la medida que estamos hablando de grupos distintos se requiere una política diferenciada son grupos distintos. Quizá las policías de viejo cuño dejarlas, las orgánicas razonablemente legítimas encontrarle una manera de institucionalizar y hay algunos instrumentos, por ejemplo el Ejército cuenta con la figura de Guardias Rurales, y la otra que habrá que ofrecerle una política de darle zanahoria, es decir buscar por un lado desarmar a algunos grupos con vínculos claros con otros grupos criminales y en el extremo encontrar una solución jurídica para que se desarmen. Estoy pensando a escala menor, es algo que sucedió de desarme y reinserción con el proceso de paramilitarización en Colombia hace una década”.
“Tenemos ejemplos donde las autoridades legítimas fueron a capturar un comandante de un grupo al margen de la ley y las comunidades pobres salieron a lanzar piedras a los policías, porque decían que desde que este hombre controlaba el barrio, se habían reducido los robos y las riñas, pero lo que la gente no entendía es que este hombre era dueño de una empresa criminal en su propio barrio, fundamentada en el control territorial, en el impuesto a negocios, al transporte público, y en el desplazamiento de personas, usando para ello una legislación no oficial.
“Un ejemplo de ello son los “Toques de Queda” decretados arbitrariamente por las bandas: si los delincuentes deciden que la gente debe encerrarse en sus casas desde las 10 de la noche, fácilmente pueden ajusticiar a quien encuentren en la calle después de esa hora. Eso quiere decir que un grupo al margen de la ley decreta la pena de muerte a un ciudadano sin un juicio previo, en un país democrático que nunca ha considerado en su sistema normativo esa sanción”.
Hope reconoce que la oposición que los grupos ponen a organizaciones criminales, como en Apatzingán, les generan simpatías, pero en la experiencia colombiana se vio que algunos de esos grupos de autodefensa podían estar cerca de grupos criminales rivales, o mutar hacia actividades criminales y eso implica un riesgo.
“El riesgo existe (de que se adueñen) es indispensable articular una política bien pensada para lidiar con esto, con las reservas del caso esto es lo más cercano al fenómeno paramilitar en Colombia donde grupos que surgen como un mecanismo de defensa, en ese caso frente a la guerrilla acaban implicados con la delincuencia organizada, con el narcotráfico. El ejemplo colombiano sí hay que tenerlo en mente, todavía hay mucha distancia, pero no es algo que debamos dejar pasar”, concluye.
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