En una carta dirigida a la opinión pública, al Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la mesa del Pacto por México, los firmantes afirman que la reforma política estuvo “presionada” por la prisa de la reforma energética, lo que “precipitó decisiones, hizo prescindir los diagnósticos más serios y acumuló propuestas sin lograr coherencia o consistencia”.
El Pacto por México, señala la misiva, “cometió su mayor error al condicionar el contenido y el tiempo de una reforma por otra” y la víctima principal de esa condición “puede ser el sistema electoral que tantos esfuerzos, recursos y dos décadas le llevó a los mexicanos”, por lo que los firmantes hacen un llamado a que se reconsidere y se comience a corregir lo aprobado en el Congreso la semana pasada.
En lo electoral, afirman, la reforma tiene problemas de concepción y concreción que “debilita una asignatura que en buena hora las propias fuerzas políticas habían solucionado con la construcción del IFE en las últimas dos décadas”.
De acuerdo con el documento, redactado por Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), la reforma política “es una reforma re-centralizadora” que cambia la naturaleza constitucional de la autoridad electoral, pues deja de ser federal por el cambio aprobado de Instituto Federal Electoral (IFE) a Instituto Nacional Electoral (INE).
Según el balance del IETD las dirigencias de las fuerzas políticas llegaron a la conclusión de que los estados de la federación y las sociedades locales “son incompetentes para resolver sus problemas políticos y sus propios rezagos democráticos”, así como su problema organizativo que, insisten, “NO está resuelto en la reforma electoral”.
Una de la mayores preocupaciones de los firmantes es que –afirman– la reforma electoral modifica las bases de las elecciones en México, mismas que habían funcionado “admirablemente bien y que han sido hasta hoy el fundamento de la competencia democrática y de la estabilidad política a lo largo de dos décadas”.
Además afirman que la reforma “responde a los imperativos de una impugnación postelectoral (la del 2012) cuyos fundamentos o pruebas no fueron ni lejanamente demostrados”.
La carta señala que una de las conclusiones del IETD sobre la actuación legislativa en materia electoral, es que la reforma tiene una “vocación refundacional que no busca corregir o mejorar el sistema electoral, sino que lo reformula de manera radical”.
Es decir, que la presente reforma electoral hace un “borrón y cuenta nueva” de la institucionalidad electoral y lo peor, no traza el diseño concreto del nuevo sistema electoral”.
Los consejeros insisten en que es una reforma conjugada con el condicional verbo “podrá”, lo que abre la puerta automáticamente, “antes incluso de iniciar cualquier proceso electoral, a la disputa, la impugnación y la discrecionalidad de la nueva autoridad electoral”.
Para el IETD es “un retroceso neto” que la reforma eleve el porcentaje mínimo de la votación válida para que los partidos políticos conserven su registro del 2 al 3%.
“Se trata de una medida que echa un nuevo cerrojo al sistema de partidos, cuya puerta debería estar permanentemente abierta, como exige el mínimo estándar democrático”, refiere el documento.
Entre los puntos a favor de la reforma, la carta menciona como un acierto los gobiernos de coalición. Considera “adecuado” que se haya agregado a la Constitución esa posibilidad que estará sujeta a la voluntad presidencial, y a que pueda llegar a un acuerdo con algún o algunos partidos que, en conjunto, construyan una mayoría en el Congreso.
“La propuesta es adecuada porque reconoce una realidad que no es coyuntural (lleva ya 16 años entre nosotros), y porque le ofrece una vía constructiva para darle estabilidad y apoyo al gobierno, sumando fuerzas y porque en su carácter potestativo no convierte al Presidente de la República en rehén del Congreso”, subraya el texto.
Otro punto a favor, según los firmantes de la carta, es la reelección ya que los cambios constitucionales permitirán la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes y con ello se “permite la construcción efectiva de carreras legislativas y parlamentarias cada vez más necesarias”.
Firman la carta: Luis Emilio Giménez Cacho, Carlos Flores Vargas, Rosa Elena Montes de Oca, Antonio Ávila, Ricardo Raphael, Agustín Castilla, Jorge Javier Romero, Mariano Sánchez, Sergio López Ayllón, Jesús Galindo, Lucía Guijarro, Pável Gil, Antonio Franco, Margarita Flores, David Bernal, Miguel Ángel López, Juan Adolfo Montiel, Guillermo Ejea, Salvador de Lara, Enrique Contreras, Luis Salgado, Carlos Garza Falla, Christian Uziel García, César Hernández, Jaime Trejo, Manuel Vargas.
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