AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Durante la presentación del Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero, el titular de la CNDH aseguró que en la entidad sureña hay 46 municipios donde operan las policías comunitarias.
Además, abundó en rueda de prensa, en otras entidades más de un centenar de ayuntamientos están regidos por el sistema de justicia comunitaria, debido a la claudicación de autoridades locales para asumir su obligación de proteger a la ciudadanía.
Luego de destacar que la CNDH ya elabora un reporte sobre las autodefensas en Michoacán, Plascencia Villanueva señaló que comunidades del Estado de México, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz también han decidido hacer justicia por propia mano.
Enseguida, el ombudsman anunció el inicio de una investigación por “violaciones graves y sistemáticas en Guerrero por omisiones” en materia de seguridad pública.
Es por ello, advirtió, que “los poderes federales deben intervenir” para determinar si las autoridades guerrerenses “no están en condición de asumir el papel que les corresponde, con el objetivo de saber claramente quién va a asumir la responsabilidad y que no quede en una suerte de responsabilidades sin que nadie se haga responsable”.
Aunque no se pronunció por la desaparición de poderes en la sureña entidad, el presidente de la CNDH insistió en su recomendación al Senado para evaluar la situación de graves violaciones a derechos humanos en el estado gobernado por Ángel Aguirre, un expriista convertido al perredismo.
Después de anunciar que en breve dará a conocer un reporte sobre la reclusión en Tepic, Nayarit, de Nestora Salgado –dirigente del grupo de autodefensa en Olinalá, Guerrero–, el ombudsman destacó que el gobierno de Aguirre Rivero ha actuado “contra la Constitución”, al delegar sus funciones de seguridad a ciudadanos legítimamente indignados, incluso otorgándoles armas de uso exclusivo del Ejército, uniformes y vehículos.
“Nos han dicho los detenidos que lo que hicieron fue en apego al diálogo que habían sostenido con el gobierno del estado, que no alcanzan a comprender que se les señale como secuestradores si eran parte de un diálogo o un acuerdo”, apuntó Raúl Plascencia.
La propia CNDH comprobó que antes de la detención de los autodefensas de Olinalá, en agosto pasado, el grupo recibió vehículos, armas y uniformes del gobierno de Ángel Aguirre.
Sólo de enero a junio de este año, de acuerdo con el informe, el gobierno de Ángel Aguirre entregó 6.16 millones de pesos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y 5.44 millones a la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG).
Pese a que Guerrero es una de las entidades con mayor presencia militar debido a las bandas dedicadas a la producción y al tráfico de drogas, un asunto que es competencia del fuero federal, Plascencia Villanueva aseguró que “este crimen organizado que está presente en ese estado y muchos más sin duda no es la raíz de las autodefensas”.
Según los cientos de testimonios recabados por 25 visitadores en 46 municipios donde se asegura operan las autodefensas en Guerrero, para las víctimas “el que extorsiona, el que viola y el que mata son delincuentes que están ahí, los han identificado ante la autoridad y no se ha hecho mayor cosa” y, aunque la misma población admitió la existencia de “gavillas que cultivan mariguana y amapola, no era la motivación para crear autodefensas”.
El ombudsman nacional insistió en que el motor de las autodefensas es la ausencia de justicia y la impunidad, y el ejemplo más claro de cómo se maneja la justicia en Guerrero es el de la represión ejercida contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011, acción en la que perdieron la vida dos jóvenes.
Sobre este hecho que implicó para la CNDH ejercer por primera vez su facultad de investigación sobre violaciones graves a derechos humanos, Raúl Plascencia denunció que el caso “continúa en la impunidad”.
Y si está en impunidad, acusó, “algo que fue grabado por los medios de comunicación, atestiguado por cientos de personas: la privación de la vida de dos estudiantes por disparos de arma de fuego, certeros al cuerpo y no hay responsabilidad alguna, esto es un reflejo del tipo de justicia que está imperando en el estado y que ha generado irritación social y la condición de tener que autodefenderse”.
La investigación de la CNDH identificó seis grupos de autodefensa en las siete regiones de Guerrero, grupos que controlan 66% de la población, en su mayoría de alta marginación, aunque también hay grupos en municipios urbanos, como Ciudad Altamirano, Iguala, Chilpancingo y la zona rural de Acapulco.
Según estimaciones del organismo público, al menos 7 mil personas participan en las autodefensas de Guerrero ante un escenario de violencia que ha dejado por lo menos 2 mil 193 desplazados.
El trabajo de la CNDH, que involucró a 35 funcionarios, incluidos visitadores, médicos y psicólogos, sólo pudo documentar 300 casos de desplazados por la narcoviolencia, aunque cientos de personas más rindieron sus testimonios de forma anónima por miedo a represalias.
De acuerdo con Plascencia Villanueva, en cada uno de los 300 casos se pudo identificar a autoridades estatales o municipales responsables o coludidas con delincuentes, por lo que demandó el esclarecimiento de los asuntos.
Es por ello que el ombudsman nacional envió recomendaciones al Senado, Congreso estatal, al gobernador Ángel Aguirre y a los 81 ayuntamientos de la entidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario