AUTOR: SANTIAGO IGARTUÁ.
En lo que atañe a la polémica recomendación girada a la UNAM por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los enjuagues partidistas y la guerra sucia entre rivales políticos se antepusieron a una verdadera defensa de las garantías individuales. Lo anterior resume la opinión de Luis González Placencia respecto al caso de un profesor universitario acosador. El exómbudsman capitalino enumera algunas de las aberraciones jurídicas en las que incurrió la CNDH: consideró servidor público federal al docente, rehuyó la conciliación, equivocó el sujeto a sancionar, exigió dos denuncias por un mismo caso y pidió violentar normas.
Como puntos centrales, la CNDH argumentó que la Universidad Nacional había abandonado a la joven de 16 años en el proceso jurídico y dejando a la víctima en estado de indefensión.
Emitida el pasado 29 de octubre y difundida a los medios de comunicación el décimo segundo día de noviembre, con rótulo 45/2013, la recomendación dirigida por el presidente de la Comisión Nacional, Raúl Plascencia Villanueva, al rector José Narro Robles, exhorta a llevar el caso a la Contraloría Universitaria, presentar una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) y brindar la atención psicológica necesaria para alcanzar el total restablecimiento de la menor, aparte de establecer un programa integral de educación, formación y capacitación en materia de derechos humanos que prevenga otros casos.
La UNAM condenó públicamente el ataque a la menor y acreditó que a los 15 días de la agresión, tras el proceso correspondiente, separó de su cargo al profesor de nombre Teodoro Castro Ruiz y acompañó a la joven a presentar la denuncia penal FDS/FDS-4/T1/00220/13-04 ante la PGJDF el mismo día de los hechos, la cual fue turnada a la PGR para integrar la averiguación previa AP/PGR/FEVIMTRA/2002/2013, proceso en el que las autoridades universitarias fueron requeridas.
No obstante, la CNDH, que hizo suyo el caso a partir de una queja de la madre de la menor el día 7 de mayo, consideró que había pruebas de distintas “transgresiones a los derechos humanos, a la integridad y seguridad personal, al desarrollo social, a la educación, a un trato digno, y determinó que se limitó el acceso a la justicia de la víctima, así como el interés superior de la niña”, según se lee en la recomendación.
El texto y los señalamientos ahí vertidos, signados por el ómbudsman nacional, aluden en lo particular a la Oficina del Abogado General de la institución universitaria, a cargo de Luis Raúl González Pérez, a la que responsabiliza por las faltas en la preservación de los derechos de la joven y de haberla abandonado a su suerte.
A raíz de esto, han sido numerosos los cruces de declaraciones entre funcionarios de ambas instituciones, develando un trasfondo ajeno a la defensoría de los derechos de la menor.
“Llama la atención que se hagan imputaciones directas a la Oficina del Abogado General, que en todo momento ha ofrecido su apoyo, y sorprenden las afirmaciones de la comisión que faltan a la verdad. Entre ellas, una inadmisible en el sentido de que el caso quedó impune”, declaró José Narro Robles el 14 de noviembre.
Finalmente la UNAM aceptó la recomendación el 20 de noviembre y respondió con un contundente escrito, firmado por el propio rector, en el que advierte que no permitirá ni tolerará “afirmaciones sesgadas y contrarias a la verdad de los hechos”. En el texto, la universidad documenta que, previo a la recomendación, había enviado a la CNDH el informe DGEL/3889/2013, de más de 182 fojas, donde el abogado general se puso a disposición del organismo de derechos humanos para coadyuvar en el caso. En la respuesta de la UNAM se detallan también las medidas adoptadas antes y después de la recomendación, lamentando que la CNDH diera ese paso inédito en la relación de ambas instituciones sin buscar la conciliación.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1936 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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