“El trabajo de la Suprema Corte de Justicia ha sido crucial para promover el desarrollo e implementación del derecho internacional de los derechos humanos en México”, puntualizó.
En un comunicado, Navi Pillay observó el papel fundamental de la SCJN en la instrumentación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, pese a que en septiembre pasado defensores de derechos humanos en México calificaron como “un retroceso” la determinación del máximo tribunal de justicia de poner un freno a la aplicación plena de los tratados internacionales suscritos por México cuando sean contrarios a la Constitución.
En aquella ocasión, luego de conocerse el fallo de la Corte, directivos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), José Rosario Marroquín y Edgar Cortez, respectivamente, coincidieron en que la decisión de la mayoría de los ministros se debía a reticencias para hacer valer el artículo primero de la Constitución, que obliga a toda autoridad a velar por los derechos humanos.
En comunicados por separado, Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) también manifestaron en aquella ocasión su preocupación por la resolución del máximo tribunal.
Sin embargo, Navi Pillay señaló este lunes que el hecho de que la ONU otorgara el premio a l SCJN “es un claro reflejo del esencial papel que el poder judicial tiene en la protección de los derechos humanos”.
Los jueces, a todos los niveles, son garantes de los derechos humanos, añadió.
En Nueva York, en el marco de la celebración del Día Mundial de Derechos Humanos y el 20 aniversario de la Declaración de Viena, sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de México ha hecho suyo no solamente el derecho internacional de los derechos humanos, sino también las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual muestra cómo se refuerzan entre sí ambos ordenamientos jurídicos.
La Alta Comisionada “tiene la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuará aplicando los más altos estándares de protección de los derechos humanos en México”, subrayó el comunicado.
El pasado 4 de septiembre, luego de que la SCJN determinó poner un freno a la aplicación plena de los tratados internacionales suscritos por México cuando sean contrarios a la Constitución, el director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín, consideró que “más que la discusión en sí, preocupa que haya intentos de restringir los derechos en México”, así como que en sus participaciones algunos ministros “se hayan pronunciado por establecer cierta jerarquía entre tratados internacionales y la Constitución, cuando eso es una discusión que está fuera de lugar”.
Los principios, añadió, son bastante claros en el artículo primero, sobre el respeto irrestricto de los derechos humanos contenidos en los tratados firmados por México.
El activista subrayó que mientras el tema de derechos humanos no esté en la agenda de los miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en el Judicial “los jueces no se sienten con la capacidad suficiente de oponerse a ciertas prácticas que son violatorias de derechos humanos”, además de que recientemente el Poder Judicial ha sido blanco de críticas cuando se libera a personas que fueron víctimas de vicios en sus procesos judiciales.
“La crítica se va sobre ellos sin tomar en cuenta que la gran parte de las detenciones en México son arbitrarias y que el método de investigación es la tortura, así que el problema no es el juez”, apuntó.
En ese entonces, Edgar Cortez, del IMDPDH, señaló que con la decisión de la Corte “se le da plena vigencia al arraigo, ya no podemos cuestionarlo, y en los hechos viola el derecho de la libertad. Un derecho humano considerado por los tratados internacionales, como el arraigo, está en la Constitución, y los tratados quedan supeditados a la Constitución”, apuntó.
También la Comisión de derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamentó la decisión de la Corte porque, apuntó, no sólo desconoce los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México, sino que “coarta y desvirtúa la esencia misma de la reforma constitucional al preferir la protección de normas en virtud de su jerarquía, pasando por encima del aseguramiento y la salvaguarda de los derechos de las personas”.
De su lado, Amnistía Internacional manifestó que la decisión de la Corte “es contraria a las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre el Estado mexicano (…) y puede tener serias implicaciones en cuanto al deber de cumplir con las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos”.
Este martes, el ministro presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, recibirá el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2013 junto con Biram Dah Abeid, activista contra la esclavitud de Mauritania e hijo de esclavos liberados, quien trabaja por la erradicación de la esclavitud.
También Hiljmnijeta Apuk, activista de derechos humanos, defensora de los derechos de las personas de talla pequeña de Kosovo, así como Liisa Kauppinen, presidenta emérita de la Federación Mundial de Sordos de Finlandia.
Otra premiada este año es Khadija Ryadi, expresidenta de la Asociación Marroquí para los Derechos Humanos y activista por los derechos humanos desde 1983, así como Malala Yousafzai, activista estudiantil de Pakistán.
El Premio de los Derechos Humanos de la ONU ha sido otorgado cada cinco años desde 1968. Entre sus ganadores figuran Amnistía Internacional, Jimmy Carter, Martin Luther King, Nelson Mandela y Eleanor Roosevelt.
No hay comentarios:
Publicar un comentario