¿Manifestantes? Ahora serán “terroristas”

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Los diputados aprobarán esta semana la reforma a las leyes antiterrorismo. Será un regalo a Estados Unidos que no se corresponde con las necesidades mexicanas, pero solventa las de aquel país… Apenas fue debatida y amenaza con atropellar el respeto a los derechos humanos. Destaca un riesgo: el daño a la propiedad privada en una manifestación podrá ser considerado terrorismo. “Es un espasmo de fetichismo jurídico”, sentencia el investigador Edgardo Buscaglia.

MÉXICO, D.F. Una nueva ley antiterrorista se aprobará esta semana en la Cámara de Diputados con muy altas probabilidades de que violente los derechos humanos, además de que no se ha discutido a cabalidad ni atiende los problemas del país, sino que responde a designios de Estados Unidos.

De acuerdo con diputados federales del PRD y del PT, además de especialistas en materia de crimen organizado como Edgardo Buscaglia, se trata de una “vaguedad legislativa” y hasta “torpe”. La reforma plantea cambios a cinco leyes, con el objetivo de ampliar el alcance del delito de “terrorismo”: se incluirían nuevos tipos penales, como “financiamiento al terrorismo” e incluso el “robo de uranio, torio y demás minerales que puedan producir energía nuclear”.

La iniciativa no fue confeccionada por la Comisión de Justicia en San Lázaro, que encabeza el priista y líder sindical Ricardo Pacheco Rodríguez, sino que fue elaborada desde la Presidencia de la República y enviada al Congreso por Enrique Peña Nieto el pasado 31 de mayo.

Durante los seis meses que siguieron a su presentación, la Comisión de Justicia apenas sesionó dos veces. La primera fue el 20 de noviembre pasado, aunque la reunión se suspendió a petición del perredista y miembro de la mesa directiva Alejandro Carbajal González, pues “no había justificación para incluir el robo del uranio como un acto terrorista”. Para ese día, Proceso ya contaba con el “dictamen” votado “en sentido positivo por mayoría de los presentes”.

Es decir: ya todo estaba “planchado”. Bastaban los 13 votos del PRI, los dos del PVEM y uno más de cualquier partido, pues sólo se requieren 16 para que cualquier iniciativa sea avalada en esa comisión.

Pasó como se esperaba: el jueves 28, en una votación con poco debate, la mayoría aprobó el dictamen. Sólo el perredista Carbajal González insistió en “encorchetar” el tema del uranio y clarificar la definición de terrorismo. Su demanda no tuvo respuesta.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1935 de la revista Proceso, actualmente en circulación.