AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Durante la presentación del reporte Narrativas de la transmigración centroamericana, el primero que elaboran siete albergues comunitarios en seis entidades del país, Solalinde Guerra explicó que los indocumentados sufren un “holocausto, porque pareciera que estuvieran expuestos a todo tipo de violencia, de principio a fin, desde que salen de sus países de origen y cuando llegan a México, donde tenemos un cálculo de 10 mil migrantes desaparecidos, que es una cifra baja comparada con la realidad”.
En México, abundó, las organizaciones civiles y albergues han documentado “cientos de miles de extorsionados, de mujeres violadas que no están siendo tratadas, personas de las que no sabemos nada; al calvario el gobierno mexicano pone su parte a través del Instituto Nacional de Migración, no solamente para inhibir el paso del migrante, sino para castigarlo, hay un crimen autorizado por omisión y el gobierno es el culpable”.
A ese escenario en México, apuntó, se suma la persecución de los migrantes que logran llegar a Estados Unidos “que, aunque necesite mano de obra barata, llena las cárceles de migrantes. Si todo esto no es un holocausto, entonces no sé qué es”.
Solalinde Guerra aprovechó el evento para reprochar al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, por reservar el informe sobre migración elaborado por el relator Felipe González.
“De nada sirve que esté Emilio Álvarez en la CIDH, no ha entregado los informes, no sé si por respeto a México, por miedo o por conveniencia política”, señaló.
El documento elaborado por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes registró la atención a 21 mil personas, de enero a julio de este año, originarias de Honduras (44%), El Salvador (27%) y Guatemala (20%).
Se destaca que 93% de los migrantes son varones de entre 19 y 29 años que pasaron por las siete casas de atención humanitaria.
Según los registros de la Red, para 74% de los indocumentados el objetivo final es llegar a Estados Unidos, y sólo 10% consideraba a México como una opción de sobrevivencia, ya que 83% declaró que el motivo por el que salió de su país de origen es la falta de empleos y la extrema pobreza.
También se resalta que la segunda causa de expulsión de los migrantes es la violencia y que 60% de quienes aceptaron ese móvil declaró haber sido víctimas de ella en sus países de origen.
El informe refiere que el nivel de violencia contra los migrantes pudo se identificado en 931 testimonios; de ellos, 802 fueron víctimas directas y 129 testigos de hechos graves.
Una vez en México, los migrantes son víctimas de robo (52%), extorsión (33%) y secuestro (4%). Y las entidades donde se registra la mayoría de los casos son Chiapas (38%), Veracruz (32%), Tabasco y Oaxaca (6% cada una).
“El señor de los trenes”
Los migrantes también identificaron a sus agresores: se trata de integrantes de la Mara Salvatrucha, Los Zetas, sicarios del Cártel del Golfo y de El señor de los trenes.
Además, se documentaron ampliamente 167 testimonios de víctimas, identificando 303 prácticas violatorias de derechos humanos, según los tratados internacionales en la materia.
Sobre estos registros, los abusos más denunciados son contra la propiedad, la libertad de tránsito y el derecho a la integridad personal.
Y las autoridades más señaladas de cometer los agravios son elementos de la Policía Federal (PF) y de las corporaciones municipales.
El sacerdote Alejandro Solalinde acusó la persistencia de una política migratoria que no ha variado en el trato discriminatorio hacia los centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.
“No tienen salida, la violencia es lo único que encuentran, ya sea por el crimen organizado o por Migración, que es un instrumento policial de seguridad que garantiza a Estados Unidos el cumplimiento del Plan Mérida”, acusó.
En la presentación, en la que participaron activistas y voluntarios de las casas de migrantes, Solalinde pidió a las autoridades investigar y castigar los casos graves denunciados para abatir la impunidad, así como realizar las acciones pertinentes para que la Ley General de Víctimas también se aplique a los migrantes, y recomendó acciones de prevención, atención y castigo y reparación de daño en la elaboración del Plan Especial de Migración.
La Red está conformada por 12 organizaciones defensoras de migrantes, entre ellas el Albergue Decanal Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz; Albergue Hermanos en el Camino, de Oaxaca; Casa del Migrante San Carlos Borromeo, en Salamanca, Guanajuato; Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca, y Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, en Torreón, Coahuila.
Además de FM4 Paso Libre, en Guadalajara, Jalisco; La 72 hogar refugio para personas migrantes en Tenosique, Tabasco; Casa del Migrante Hogar de la Misericordia de Arriaga, Chiapas; Casa del Migrante San Juan de Dios en Irapuato, Guanajuato; Casa de la Caridad Hogar del Migrante (Caritas) en San Luis Potosí, y Tochan Nuestra Casa, en la Ciudad de México.
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