AUTOR: OSWALD ALONSO.
Uno de sus trabajadores guarda las vacas en el corral, las separa de los becerros. A unos cuantos metros, el matrimonio encargado del lugar procesa la leche para producir requesón y queso, pues al día siguiente deberá entregarlos a la comercializadora.
Es febrero. Sorpresivamente, cinco hombres armados abren la tranca, se meten al rancho y someten a los empleados. Enseguida revisan la bodega del alimento y un cuarto contiguo, donde se encontraba el hijo de Juan preparando mezclas para los animales.
Los sicarios no preguntaron nada. A empujones, subieron al joven a una camioneta Suburban oscura, la cual fue escoltada por una unidad más a bordo de la cual viajaban hombres armados con rifles de asalto AK-47.
Antes de huir, los intrusos dejaron un mensaje muy claro al patrón:
“Díganle a ese hijo de su chingada madre que si no paga se lo vamos a regresar descuartizado. ¿Me entendieron?”.
Luego llamaron al celular de Juan para avisarle de lo sucedido y dar el mensaje de los criminales. No tardó mucho en llegar para enterarse de lo sucedido. Meses antes había sido advertido que si no pagaba una “cuota” de 20 mil pesos mensuales secuestrarían a alguien de su familia.
Entonces pide a sus empleados guardar silencio sobre el secuestro de su hijo para iniciar una negociación con los criminales que tienen aterrorizada a la región. Dos horas después recibió la primera llamada.
–¿No que no nos ibas a pagar hijo de tu pinche madre? –amenazó el secuestrador a Juan.
–Mira, te voy a pagar amigo, voy a vender las vacas.
–Me vas a pagar las cuotas atrasadas ¡cabrón!
– “Sí, pero al chamaco no le vayas a dar en la madre” –suplicó el padre.
Un mes después juntó los pesos que le exigieron y dejó el dinero en una terracería, como acordó con los captores de su vástago. Dos días después liberaron a su hijo, pero antes lo torturaron.
Desde entonces el ranchero puso a la venta su propiedad. Los grandes corrales lucen vacíos, ya sólo se ordeña a unas 10 vacas. Puercos y gallinas las acompañan.
De 10 empleados sólo quedan tres, pero les han informado que la propiedad de unos 10 mil metros cuadrados está a la venta.
Es la comunidad de Tehuixtla, municipio de Puente de Ixtla, donde negarle al narco el pago de cuota por actividades productivas puede costar la vida de una esposa o hijo, además del patrimonio.
Los ganaderos, productores y grandes comercializadores viven aterrados. Algunos pagan cuotas al crimen organizado, otros, que se negaron a pagar como Juan, migran a otros estados, o de plano viajan a Estados Unidos para rehacer sus vidas con familiares que ya estaban radicados allá.
Delincuencia oficial
A pocos kilómetros se encuentra la comunidad de Tilzapotla. Es una zona ganadera pero también vive de los empleos que generan las minas de yeso. Sin embargo, su tranquilidad se acabó hace unos seis meses.
Al poblado ingresaron camionetas Suburban oscuras. La gente pensó inicialmente que se trataba de policías federales que realizaban investigación por la zona. Una vez a la semana la sospechosa caravana cruzaba la comunidad y se dirigía a las minas. Entonces los residentes empezaron a notar que algo no estaba bien.
“Empezaron a pedir cuota a los dueños de las minas. De a 50 mil pesos por mes; si se negaban, amenazaban con matarlos, uno por uno”, cuenta un lugareño.
Los habitantes de Tilzapotla empezaron a modificar sus hábitos de vida. Se metían a sus casas antes de anochecer, ya que salir después de las 20:00 horas era casi un suicidio. Dejaron de hablar con extraños y omitieron comentar de los hombres armados que ingresaban sistemáticamente al pueblo, porque eso les podía costar la existencia.
A inicios de octubre pasado la situación en el pueblo dio un viraje de 180 grados. Los dueños de las minas revelaron a contratistas que para el 16 del mes tenían que cubrir 50 mil pesos cada uno, como cuota a los criminales, de lo contrario amenazaban con matarlos.
Organizaron una colecta y juntaron el dinero, pero surgió la idea de cazar a los narcotraficantes cuando vinieran a cobrar, para así de una vez acabar con los criminales que ponían en peligro sus fuentes de empleo.
El 16 del mes se colocaron en posiciones estratégicas y dejaron entrar las camionetas con los sicarios. Como lo venían haciendo, los maleantes cruzaron el pueblo muy de mañana y llegaron a las minas localizadas a las orillas de las montañas, pegadas con el estado de Guerrero.
Los contratistas y sus empleados detuvieron a cuatro hombres armados. Se trataba de elementos de la Procuraduría General de la Republica (PGR).
Los capturados, según los habitantes de la zona, formaban parte de un grupo de extorsionadores y posibles secuestradores, quienes tenían aterrorizados a los empresarios de la región, a quienes exigían “cuotas” de hasta 100 mil pesos al mes.
Aunque los detalles de las detenciones no han sido proporcionados, se sabe que cuando los presuntos policías de la PGR pretendían cobrar “la cuota”, los habitantes de la comunidad los capturaron y pusieron a disposición del ayudante municipal.
La trampa
Ya detenidos arribaron elementos del Ejército, Policía Federal (PF) y estatal alrededor de las 11 de la mañana, para trasladar a los “sicarios” de la PGR y las armas incautadas y ponerlos a disposición de la Fiscalía morelense.
No obstante, dos de ellos escaparon, lo que generó la instalación de puestos de revisión y un dispositivo de localización por las comunidades aledañas a Tilzapotla.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que los detenidos viajaban en una camioneta Suburban verde con placas de circulación PXN-5848 del estado de Morelos. Además, se acreditaron como integrantes de la Policía Federal Ministerial.
Al grupo de agentes y delincuentes se le decomisó armas cortas y largas con cartuchos útiles.
Sin embargo, los habitantes aseguran que los detenidos viajaban en dos camionetas Suburban y que dos de los sospechosos lograron huir en una de ellas.
Las víctimas de los extorsionadores dijeron a las autoridades que de permitir que el crimen tome el control de la región, se harán justicia por propia mano, pues desde hace meses los delincuentes se pasean sin que las autoridades frenen esas acciones.
Tilzapotla es una comunidad localizada en la franja fronteriza con el estado de Guerrero. Se comunica por caminos de terracería con municipios del norte guerrerense, controlados por las bandas del crimen organizado.
Es precisamente lo que ahora preocupa a la población: que las bandas criminales que pelean la zona norte de Guerrero sometan a Tilzapotla como ocurrió con el municipio guerrerense vecino de Huitzuco.
Bandas de criminales como Los Rojos, Guerreros Unidos y Templarios pelean y tienen el control al grado de paralizar las celebraciones religiosas de las comunidades.
En su momento, la procuradora guerrerense Martha Elba Garzón Bernal admitió que la zona norte de la entidad es considerada crítica por los niveles de violencia e inseguridad que privan ahí.
El área crítica abarca los municipios guerrerenses de Taxco, Iguala, Huitzuco y Tepecoacuilco. La zona se utiliza a manera de descanso (de los grupos delincuenciales), reveló el comandante de la 35 Zona Militar, Juan Manuel Rico Gámez.
Este hecho es el que alarma a los habitantes de Tilzapotla, pues Huitzuco es vecino y existen caminos rurales que los comunican y por donde entran y salen todo tipo de vehículos con personas armadas.
“Mire, aquí los pobladores se imaginas que hay gente involucrada del gobierno, pues si no ¿cómo operan? No se puede entender diferente. Pasan por aquí como si nada y vienen de Guerrero, ¿por qué no les ponen a los soldados? ¡Ellos sí se los chingan!”, expresa un hombre que accede a hablar sin miedo de los que pasa por la zona.
Un jubilado tercia:
“Aquí es el paso a Guerrero, a Huitzuco, ahí donde se han baleado los narcos con el Ejército, esos nomás sienten que los van a agarrar y se vienen pa’ acá o agarran la autopista, cuando saben que les están poniendo ‘un cuatro’.
“Acá sólo estamos pensando si nos van a dejar hacer la fiesta del pueblo el próximo año o nos van a pedir cuota. Si es así, ya nos chingamos cuando nos digan ‘es tanto? ¿Quién va a pagar?”.
“Acaban con tu paz interna”
En otras regiones de Morelos no es diferente. Empresarios, estudiantes, mujeres, niños, arquitectos, o ingenieros son víctimas de los narcos.
Camila, una empresaria, llegó con sus hijos hace dos años a Cuernavaca. Ahora se arrepiente. Hace pocos meses un grupo de hombres armados sacó a su hermano de su negocio y lo secuestró por varias semanas en abril pasado.
“Lo secuestraron, agarraron a mi hermano de su negocio. Tú ves que no se puede recuperar, acaban con tu paz interna, lo material se recupera, pero él no sale, está guardado en su casa.
“Estamos muy tristes porque es un estado súper hermoso, despertar en Cuernavaca es maravilloso, pero vivimos aterrados después del secuestro de mi hermano. Ya no quieres que tus hijos salgan porque les puede pasar algo, ¡es horrible!
“Yo vivo aterrada, esa es la verdad. Cambió mi vida. Cuando mis hijos quieren salir, me pongo loca”, admite la empresaria.
Camila cuenta que dejó “la Ciudad de México y ahora me quiero regresar. Acaban con tu paz, es lo peor. A mis papás los acaban de asaltar. Mi hermano lo ves y es una persona enferma. La libertad que Dios te da la acaban éstos, de inmediato. Son personas que acaban con tu tranquilidad, se hacen ricos de la noche a la mañana y acaban con tu dinero.
“Pulverizaron el patrimonio de la familia porque todos tuvieron que cooperar para el rescate. Luego de ello vivimos aterrados de que nos vuelva a pasar algo semejante”, dice casi llorando Camila.
Y remata:
“De mi grupo social todos han sufrido algo: secuestros, asaltos, es desagradable. Con decir secuestro te puedes imaginar la peor película de terror”.
A pesar de lo que dice hacer el gobierno del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, los índices delictivos no bajan. “En secuestro ocupamos el primer lugar, extorsión estamos entre los primeros lugares, al igual que homicidios dolosos”, explica Camila.
Por ello, el sector económico ha demandado cambios en la estrategia de seguridad donde se incluyan al Ejército en labores de patrullaje, pues como dice el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Morelos, Juan Carlos Salgado, “el Estado no ha podido dar seguridad”.
Incluso, ha solicitado en reuniones privadas al gobernador cambios de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
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