AUTOR: RAÚL LINARES.
De acuerdo con algunos datos publicados por la misma autora en un informe para el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, en nuestro país, entre el 30 y el 60 por ciento de las mujeres en prisión están acusadas de delitos relacionados con drogas.
En las cárceles federales y en las prisiones de los estados fronterizos del norte este porcentaje aumenta a un 75 y 80 por ciento. De éste, la población más vulnerable es la de origen indígena, quien representan un 5 por ciento de la población penitenciara femenil total.
“Las mujeres que se involucran en delitos de drogas son en su mayoría sujetos secundarios de un negocio transnacional. Por ello, independientemente de su nivel de responsabilidad, conocimiento del hecho delictivo, participación (activa o mediante engaño, persuasión o violencia derivada de procesos culturales patriarcales) y ganancia económica percibida (siempre irrisoria) no son personas que atentan contra la seguridad del Estado ni contra la salud pública”, apuntó.
En tanto, agregó que la mayoría de los delitos cometidos voluntaria o involuntariamente, también suelen ser tratados por un sistema judicial y penitenciario basado predominantemente en una perspectiva masculina. Lo que obliga a imponer duras sanciones a éstas, aun cuando la mayoría ocupan escalafones secundarios –sino es que incidentales– dentro de las organizaciones delictivas.
Este sistema, denunciaron, al mismo tiempo ha empujado a la mayoría de las mujeres infractoras hacia una “triple condición de victimización”: son enganchadas a actividades ilícitas dominadas por hombres, después son juzgadas por leyes que simultáneamente están creadas para sancionar a varones y, por último, son sometidas al abandono de sus círculos familiares que las juzgan bajo sanciones morales.
“Bajo esta luz, habría que preguntarnos: ¿no será que al mismo tiempo el sistema judicial ha terminado confundiéndose con la sanción moral?”, cuestionó la también visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Rosalina Salinas Durán.
Según un estudio presentado por la CNDH, en voz de su titular Raúl Medina Plasencia, desde 1997 hasta 2012 se observó un crecimiento de 167.62 por ciento de la población femenil en reclusorios, y en la actualidad hay una sobrepoblación que va del 12 al 97 por ciento en algunos centros, con la cual, él mismo anunció la imposibilidad de que el Estado les garantice una estancia digna, segura y separada de los hombres como lo establece la Constitución.
En los reclusorios imperan, además, graves condiciones de hacinamiento, deficiencias de todo tipo, desde la falta de guarderías, servicios sanitarios adecuados o precariedad laboral, hasta el sistemático uso de la violencia, tortura, excesivo uso de la prisión preventiva, corrupción y falta de programas laborales y educativos, entre otros.
“Las mujeres que se involucran en delitos de drogas son en su mayoría sujetos secundarios de un negocio transnacional. Por ello, independientemente de su nivel de responsabilidad, conocimiento del hecho delictivo, participación (activa o mediante engaño, persuasión o violencia derivada de procesos culturales patriarcales) y ganancia económica percibida (siempre irrisoria) no son personas que atentan contra la seguridad del Estado ni contra la salud pública”, apuntó.
En tanto, agregó que la mayoría de los delitos cometidos voluntaria o involuntariamente, también suelen ser tratados por un sistema judicial y penitenciario basado predominantemente en una perspectiva masculina. Lo que obliga a imponer duras sanciones a éstas, aun cuando la mayoría ocupan escalafones secundarios –sino es que incidentales– dentro de las organizaciones delictivas.
Este sistema, denunciaron, al mismo tiempo ha empujado a la mayoría de las mujeres infractoras hacia una “triple condición de victimización”: son enganchadas a actividades ilícitas dominadas por hombres, después son juzgadas por leyes que simultáneamente están creadas para sancionar a varones y, por último, son sometidas al abandono de sus círculos familiares que las juzgan bajo sanciones morales.
“Bajo esta luz, habría que preguntarnos: ¿no será que al mismo tiempo el sistema judicial ha terminado confundiéndose con la sanción moral?”, cuestionó la también visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Rosalina Salinas Durán.
Según un estudio presentado por la CNDH, en voz de su titular Raúl Medina Plasencia, desde 1997 hasta 2012 se observó un crecimiento de 167.62 por ciento de la población femenil en reclusorios, y en la actualidad hay una sobrepoblación que va del 12 al 97 por ciento en algunos centros, con la cual, él mismo anunció la imposibilidad de que el Estado les garantice una estancia digna, segura y separada de los hombres como lo establece la Constitución.
En los reclusorios imperan, además, graves condiciones de hacinamiento, deficiencias de todo tipo, desde la falta de guarderías, servicios sanitarios adecuados o precariedad laboral, hasta el sistemático uso de la violencia, tortura, excesivo uso de la prisión preventiva, corrupción y falta de programas laborales y educativos, entre otros.
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