AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
Basado en documentos de esa agencia estadunidense, desde entonces se señalaba que el político del PRI estuvo vinculado con el narcotraficante Osiel Cárdenas (Proceso 1397) lo cual fue rechazado no sólo por el tamaulipeco sino por el consulado de Estados Uidos. Hoy el gobierno de Barack Obama ha girado una orden de captura contra el político mexicano que en el año 2000 quiso ser candidato a la Presidencia de la República.
De acuerdo con la documentación de la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) durante su gobierno (1999-2005) Yarrington le dio protección a Osiel Cárdenas, jefe entonces del Cártel del Golfo, para que realizara sus operaciones a cambio de dinero. Las indagaciones estadunidenses inscritas en ese documento indicaban que el exgobernador tamaulipeco incluso había usado una de las aeronaves del narcotraficante para asistir a una corrida del rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza en Torreón, Coahuila.
A pesar de que ya había indicios de esta vinculación, los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y ahora de Enrique Peña Nieto, no hicieron –y no han hecho– sus propias investigaciones para aclarar si Yarrington es encubridor y cómplice de Osiel Cárdenas en el tráfico de droga a Estados Unidos. La ausencia de una investigación implica encubrimiento y también complicidad, al menos, por omisión.
La vinculación entre políticos y narcotraficantes es una historia de años y en ella no hay distinción de corrientes ideológicas ni de partidos. Pero en toda esta zaga de relaciones pocos son los han sido investigados y mucho menos los encarcelados. Ahí están los casos del panista exgbernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal y sus relaciones con Juan José Esparragoza El Azúl; también del diputado federal Julio César Godoy, hermano del exgobernador perredista Leonel Godoy, ligado a La Familia, y que hoy sigue prófugo; las acusaciones en contra del exgobernador del PAN en Chihuahua, Francisco Barrio, con Amado Carrillo; los señalamientos en contra de los gobernadores del PRI Patricio Chirinos y Fidel Herrera en Veracruz, Jorge Salomón Azar en Campeche , Víctor Cervera Pacheco en Yucatán, Óscar Ornelas en Chihuahua y Mario Villanueva Madrid en Quintana Roo, el único en la cárcel.
La impunidad en la mayor parte de las denuncias de vinculación entre políticos y organizaciones del crimen organizado es una de las razones que ha hecho crecer el poderío de estas últimas en todo el país y principalmente en algunos estados como es el caso de Michoacán donde el Estado de derecho está en entredicho.
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, no ha sido investigado en México a pesar de que desde 2003 se hicieron públicas las indagaciones en Estados Unidos donde ahora ya se tiene una orden de captura por colaborar más de una década con el narcotráfico.
El gobierno de Enrique Peña Nieto, representado por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo hace unos días que no había todavía una petición de captura de Estados Unidos, pese a que el caso contra el exgobernador priista fue consignado desde mayo en una corte de Brownsville, Texas.
Indicó que el gobierno mexicano actuaba conforme a la ley pero fue evasivo cuando se le inquirió sobre su compañero de partido. “Hace tiempo hubo una averiguación, hubo un amparo, hasta donde estoy enterado, que era lo que había suspendido. (No habrá orden de aprehensión) mientras no se resuelva”, respondió.
Es más que evidente que el caso de Tomás Yarrington incomoda al gobierno de Peña Nieto, pues no hay explicación que justifique la indolencia ante este caso y otros más que siguen abonando las relaciones entre los políticos y los narcotraficantes y que seguirá extendiéndose mientras no se tenga la intención de desbrozar la hiedra en que se ha convertido esta vinculación entre estos dos poderes que ya son uno solo.
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