AUTOR: JESUSA CERVANTES.
A días de que se vote la reforma energética, la protesta social ha sido criminalizada. Con reformas constitucionales y a las leyes secundarias, el Congreso le ha dado un poder enorme a Peña Nieto. Ahora, la suspensión de garantías es mucho más sencilla y los manifestantes pueden ser detenidos por “terroristas”. Esta es la forma de actuar de gobiernos autoritarios, aseguran legisladores de izquierda: “Ahora es la reforma energética, mañana puede ser usada contra los maestros, los grupos de autodefensas…”
Legisladores de izquierda acusan que las cartas están echadas para que reviva el PRI autoritario. “El 3 de diciembre se aprobó la Ley contra el Terrorismo que criminaliza la protesta social; después, la madrugada del 6 de diciembre, entregan al presidente la facultad para decidir por sí solo suspender garantías, y el próximo martes avalarán una nueva ley contra manifestaciones”.
El diputado perredista Roberto López Suárez –que votó en contra de las dos primeras leyes y alerta sobre la tercera– sostiene que la dupla PAN-PRI se ha puesto de acuerdo para mandar un mensaje a la opinión pública: “Si se manifiestan contra la privatización del petróleo serán sancionados o catalogados como terroristas”.
Para la legisladora del PT Loretta Ortiz Ahlf, desde la Cámara de Diputados se pretende “pavimentar” un camino que “frene” cualquier manifestación provocada por la entrega de “licencias acotadas a grupos internacionales en la explotación de hidrocarburos o cualquier otro motivo que genere malestar social”.
En consonancia con esos legisladores, el diputado federal por MC Ricardo Mejía Berdeja advirtió la madrugada del viernes 6, durante la aprobación sin debate de la reforma política, que “se debe ver todo el conjunto de leyes. Es todo un entramado de restauración, endurecimiento, antidemocracia y pérdida de derechos”.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1936 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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