AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ
También en 2013, pese a que los gobernantes fueron electos democráticamente, añadió, ejercieron con “alma de represores”.
En un balance anual sobre los derechos humanos en México, Edgar Cortez Morales, investigador del IMDHD, retoma datos oficiales que reflejan el alto grado de inseguridad y agravios sufridos por la sociedad mexicana.
En esta materia, sostiene, el presidente Enrique Peña Nieto “habla mucho y hace bastante poco”.
El informe resalta los datos obtenidos por el semanario Zeta de Tijuana, Baja California, que contabilizó 19 mil 16 ejecuciones entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de octubre de 2013, mientras que el último año del gobierno de Felipe Calderón cerró con 18 mil 161.
De acuerdo con Cortez Morales, información del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) puntualiza que de diciembre de 2012 a octubre de 2013 se registraron 17 mil 68 averiguaciones previas por homicidio intencional, lo que representa 50 casos por día, tres más que las del gobierno de Felipe Calderón.
El documento del IMDHD retoma el “Mapa de riesgo para 2014” elaborado por la consultora en seguridad Control Risk, que ubica a México en el primer lugar a escala mundial en cuanto a plagios, información que se sustenta en las propias cifras del SNSP, que indican que en los primeros siete meses de gobierno de Peña Nieto “el secuestro se incrementó 27.5% respecto de las cifras durante el gobierno de Calderón, y lo mismo sucedió con la extorsión, que aumentó 17.8%”.
Para Edgar Cortez, el asunto de la impunidad en México “sigue siendo mayúsculo”, y ello se comprueba a partir de la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que resalta que en 2012 se cometieron 27 millones 769 mil 447 delitos, y ubica la cifra negra, es decir los delitos no denunciados, en 25 millones 573 mil 200, equivalente a 92.1% del total, lo que explica que 57.8% de la población considere a la inseguridad como principal preocupación.
En sectores sociales como el de los periodistas, la situación es igualmente preocupante, dice Cortez, tomando en cuenta que los datos de Artículo 19 (organización de defensa de la libertad de expresión) refieren que entre enero y septiembre pasados se reportaron 225 agresiones contra periodistas, entre ellas asesinatos, desapariciones, privación ilegal de la libertad y amenazas, entre otras.
El caso más reciente fue la desaparición de Zoila Edith Márquez, reportera en Zacatecas, que se sumó a la lista de 17 periodistas en esa condición en los últimos 10 años.
La gravedad para ese sector es reconocida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en su Recomendación General 20 –advierte Cortez Morales– “concluye que de los casos de agresiones contra periodistas denunciados, sólo en 10% se logra una sentencia y en 90% lo que prevalece es la impunidad”.
Luego de mencionar que en las reformas constitucionales recientemente aprobadas “lo único que prevaleció fueron los intereses partidarios, pues la ciudadanía no tiene forma alguna de influir en cambios constitucionales que finalmente le afectarán”, el defensor se refirió a la situación que se vive en el Distrito Federal, en otros tiempos considerada una entidad progresista.
Al respecto, dice que uno de los rasgos del mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, “es su permanente negativa a dialogar con las organizaciones civiles”, y como evidencia de ello destacó el rechazo a incluir las propuestas de la sociedad civil en la reforma política presentada por el gobierno local al Senado.
Otra situación que dibuja a Mancera, apunta, es la intromisión del gobierno local en la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
“Mancera y las tribus perredistas operaron para que la elección recayera sobre una abogada litigante en materia de transparencia (Perla Gómez), pero no sobre una defensora o defensor de derechos humanos, de los cuales había un buen número entre quienes fueron candidatas y candidatos”.
En tanto, sostiene, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal “realizó la elección en un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades, pues no se trataba de pensar en la protección de los ciudadanos, sino en satisfacer al jefe de gobierno”.
A lo anterior, añade Cortez, se suma una actitud en contra de la movilización social, recurriendo al encapsulamiento de manifestaciones por parte del cuerpo de granaderos.
“¿Existirá alguna forma de transmitirle a Mancera que las calles y plazas son espacio para el debate público y que la protesta es una contribución social a nuestra pobre democracia?”, pregunta el defensor en su balance.
Para Edgar Cortez, 2013 fue “un mal año para los derechos humanos”, pues la simulación gubernamental y legislativa, subraya, “sigue creciendo, mientras que los compromisos concretos y verificables son casi nada”, amén de que el balance final de este año confirma que “vivimos en la alternancia política, pero sin alternativas, y que los gobernantes son electos democráticamente, pero tienen alma de represores”.
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