AUTOR: ANTONIO HERAS.
El desempleo apenas le duró 24 horas a Francisco Castro Trenti, pues el último día de noviembre concluyó su encargo como director de Seguridad Pública en el municipio de Playas de Rosarito, donde su actuación fue polémica: Entre otras cosas, se negó a presentar los estudios de confianza obligatorios para todo jefe policiaco del país, además de haber sido señalado por confrontar y presionar a periodistas y operar una celda de castigo en la comandancia.
La crítica principal de los defensores de los derechos humanos es que Francisco Castro Trenti es un policía.
“Este nombramiento nos deja sorprendidos, y con un perfil policiaco queda la duda sobre la función de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) porque debe ser un organismo para la defensa de los derechos humanos y no para criminalizarlos porque habrá más violaciones”, expresó el coordinador de la Casa YMCA para menores migrantes, Uriel González.
Nombramiento ilegal
De acuerdo con su normatividad interna, en la PDH todo nombramiento de subprocuradores debe sujetarse a un procedimiento que incluye la presentación de un plan de trabajo, descripción de su trayectoria en materia de derechos humanos, entrevistas y evaluación ante el Consejo Consultivo, única instancia que cuenta con facultades para aprobar o rechazar las propuestas presentadas por el titular de este órgano autónomo creado en 1992.
Entre los defensores de los derechos humanos que han sido titulares del organismo se encuentran José Luis Pérez Canchola, Heriberto García García, Antonio García Sánchez y Raúl Ramírez Baena, cuya trayectoria contrasta con el propio Castro Trenti o de Ismael Chacón Güereña, quien también fue subprocurador de Justicia de Baja California.
El nuevo subprocurador de derechos humanos fue director de la Policía Municipal en Tijuana y de Playas de Rosarito, agente del Ministerio Público investigador de delitos, director de Servicios Periciales y Coordinador de la Unidad contra Homicidios de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Investigación de Narcóticos en la Procuraduría General de la República.
En este caso, Arnulfo de León Lavenant, un abogado que estudió la carrera para cumplir con el requisito de ley de los aspirantes a la PDH, designó de manera directa a Castro Trenti, sin considerar a ninguno de los miembros del Consejo Consultivo, y despidió a Pablo Morales, quien se desempeñaba como subprocurador de esta zona conurbada que representan Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.
“No nos llamaron, apenas nos enteramos por las noticias”, coincidieron cuatro integrantes del Consejo Consultivo que fue convocado para participar el próximo martes en una reunión informativa.
Sin contar con experiencia en derechos humanos, aunque con aspiraciones políticas dentro del Partido Revolucionario Institucional, en cuyos gobiernos municipales de Jorge Hank Rhon y Carlos Bustamante fungió como delegado municipal, De León Lavenant fue promovido a la titularidad de la PDH por quien considera su mentor político: Fernando Castro Trenti.
Finalmente, la decisión para ese nombramiento estaba en el Congreso del Estado que se convirtió en la plataforma de lanzamiento para la candidatura del priista, por encima del empresario Jorge Hank Rhon. Eran los tiempos en que el fatalismo político y la preeminente derrota electoral maniató al PAN en el ejercicio del poder político pues se encontraba solo y aislado en el gobierno estatal, ya que perdió los cinco ayuntamientos, la mayoría del Congreso local y la decisión de nombrar a los consejeros electorales.
Para algunos, la designación de Francisco Castro Trenti en la PDH fue en reciprocidad por el impulso que imprimió a su carrera el actual embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Argentina.
La reportera Carmen Olsen interpuso una denuncia penal por agresión y acoso laboral de los escoltas de Castro Trenti en incidentes registrados en diversos puntos de este municipio limítrofe con Tijuana. La periodista solicitó y obtuvo medidas cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California por el riesgo en su entorno profesional.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública decidió retener la segunda entrega de recursos del Subsemun al ayuntamiento de Playas de Rosarito, correspondientes a 2013, por el incumplimiento de los estudios de confianza de su jefe de policía.
Celda de castigo
De nombre le pusieron El Karaoke. Era una celda de castigo donde los policías de Playas de Rosarito golpeaban y mantenían retenidos a presuntos delincuentes.
Un reportaje de Yolanda Caballero, reportera del periódico El Mexicano, señala que “es la celda favorita de algunos policías, todos los que ingresan ‘cantan’ pero a gritos, salen con lesiones y si la libran bien se van apenas con unos cuantos moretones. Entre la tropa que comanda el director de la Policía Municipal, Francisco Castro Trenti, es popular ‘El Karaoke’”.
En su testimonio, tres policías coinciden en que “ahí todos sueltan la sopa” y a los detenidos los hacen “cantar, soltar información, a la buena o a la mala” porque los mandos superiores “están pesados, ni pa’ qué meterse en pedos”.
La celda de castigo –de tortura– se ubica al final del pasillo de la Dirección de Seguridad Pública, está aseada y cuenta con cámaras de vigilancia que dejan de funcionar cuando “es necesario” o se “convierte en el infierno”, comentan los policías preventivos, cuya identidad se mantiene bajo resguardo por temor a represalias.
Los gritos se pueden oír desde afuera “y a huevo los batos hablan porque hablan, (dicen) para quién trabajan o qué jale se aventaron”, dice otro subalterno de Castro Trenti.
No todos los agentes tienen el privilegio de entrar a ese lugar. Sólo los que dice el 01 (director de la policía) Castro, Jiménez y Quiroz “y si meten a más gente se le debe informar. Son los ‘verdugos’, para que me entiendas, los únicos que pueden hacer 10-2 (operaciones) ahí”.
El Karaoke tomó fuerza cuando asumió Francisco Castro Trenti el cargo de la corporación: comenzaron a llevar malandros y los metían ahí, desde que él llegó”, asegura uno de los informantes en el reportaje de Caballero.
“Primero los madrean, luego el verdugo se lo pasa al oficial para que los turne al Ministerio Público y es ahí donde hay problemas. Sabemos que los detenidos no son santas palomitas, pero no está bien lo que hacen, los madrazos se escuchan hasta afuera, pero ¿qué hace uno? Nadie quiere perder su trabajo.”
El trabajo periodístico recogió la postura de Castro Trenti, que indicó que se trata de un “invento fantasioso” con la intención de generar un mal ambiente dentro de la corporación, y explicó que prueba de ello es que la PDH ha realizado “inspecciones sorpresivas” y ha constando que todo está en orden.
En 2012, según la PDH, se reportaron 15 quejas contra agentes preventivos pero en ninguna de las denuncias se refieren a “El Karaoke”.
Sin embargo, documentó Caballero, Víctor Alfonso Valenzuela narró su experiencia en ese lugar, donde policías encapuchados le pusieron una toalla en la cabeza para golpearlo. Le exigían que “cantara nombres” de quiénes se robaron 50 mil pesos del festival “Mexicali en la Playa”.
En la averiguación previa 1656/13/207 presentada ante la agencia del Ministerio Público de Playas de Rosarito sostuvo que cuando entró a esa celda –que los propios policías denominaron El Karaoke– lo primero que observó fue a un hombre tirado en el piso, lo que le dio “mucho miedo”, luego entraron tres agentes que nunca mostraron su rostro y le comenzaron a pegar cachetadas, después recibió “golpes en la panza, me ponían una lámpara en los ojos y me comenzaron a marear y las preguntas seguían”, describió en entrevista.
El detenido contó que después lo amararon de unos barrotes con unos cinchos, uno en cada brazo y me comenzaron a estirar. Le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza: “Me amarraron un trapo en la boca y me mojaron con agua. Muchas veces me dijeron que me podían desaparecer, sin piedad me golpearon por más que yo les decía que no sabía en dónde estaba el dinero, sólo me pegaban, nunca tuvieron piedad de mí”, mencionó Víctor Alfonso.
Otro caso es el de Jesús Ariel Serrano, acusado de haber participado en un robo: “Me metieron a una celda, me pusieron de rodillas, me dijeron que si no hablaba me iba a ir peor y me enseñaron un video de un señor que habían torturado”, contó. Coincidió en la celda con Víctor Alfonso y “entonces los policías me dijeron ‘cállate o te va a ir peor’, luego me pararon enfrente de él”.
Ambos fueron víctimas de tortura en El Karaoke, un espacio que según Francisco Castro Trenti, recién nombrado subprocurador de los Derechos Humanos en los municipios de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, es un “invento fantasioso”.
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