viernes, 13 de diciembre de 2013

Presentan PAN, PRD y PT acciones de inconstitucionalidad sobre Reforma Fiscal y Ley de Ingresos 2014

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0 (REDACCIÓN).

(12 de diciembre, 2013).- Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron el día de hoy en conferencia de prensa dos acciones de inconstitucionalidad; una sobre la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera y otra en materia de deuda pública.

El senador panista Ernesto Ruffo Appel sostuvo que con base en el artículo 105° constitucional, en su fracción segunda, una tercera parte de los legisladores –tanto senadores como diputados– tienen posibilidad para demandar una acción de inconstitucionalidad.

Ruffo afirmó que, hasta ese momento, ya contaba con la firma de 59 senadores más tres que estaban por agregarse en la lista. Por tanto, se han reunido 63 de los 128 senadores; casi la mitad de la Cámara y poco menos de lo necesario para “haber ganado la votación” sobre este aspecto de la Reforma Hacendaria.

De acuerdo con el legislador, varios senadores que votaron a favor de la homologación del IVA en la frontera cambiaron de opinión, y han decidido acompañar esta acción “al ver los razonamientos de inconstitucionalidad”.

El también principal promotor de este recurso, sostuvo que los argumentos a favor de este cambio en el régimen tributario violan la razonabilidad legislativa que obliga la Constitución, ya que los califica de falsos.

Entre las razones que enumera para justificar su afirmación, destaca el correspondiente a la tasa de diferencia, que establece que no da un trato equitativo a los contribuyentes. Ruffo Appel asegura que la situación de los estados de la zona fronteriza es muy peculiar, dado que compiten con los países vecinos, su población tienen posibilidades reales de cruzar la frontera y consumir los bienes y servicios extranjeros y esto modifica los patrones de consumo.

Respecto al argumento del Ejecutivo sobre la menor recaudación tributaria en esa zona del país, el panista asegura que, de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ocho estados fronterizos están dentro de las 10 entidades federativas que más IVA pagan, a pesar de la tasa del 11 por ciento.

Aunque el Ejecutivo también argumentó que no hay país que tenga tasas diferenciadas de IVA en las zonas fronterizas, el legislador asegura que se ha comprobado que aunque la tasa es igual, esto se debe a que los países con los que se hizo la comparación tienen tasas menores con respecto a aquéllos con los que hace frontera.

Sobre la segunda acción de inconstitucionalidad, contra la Ley de Ingresos de 2014, el senador perredista Mario Delgado Carrillo dijo que ésta ya había sido respaldada por 44 senadores y senadoras del PAN, PRD Y PT. Justo el número que necesitan.

El mismo senador afirmó que en la mencionada Ley, en su artículo segundo, se estableció ampliar el déficit presupuestal de 2013 por 70 mil millones de pesos más porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que sus ingresos podían caer en el último trimestre.

La inconstitucionalidad se presenta, de acuerdo con el perredista, porque antes de pedir mayor déficit tiene que hacer un ejercicio de racionalidad del gasto público y éste no se presenta en todo el paquete presupuestal. “No puede pedir de manera libre una ampliación del déficit”, concluyó.

Por su parte, el senador panista Roberto Gil Zuarth, aseguró que esta situación viola la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dado que ésta establece que ante una caída en los ingresos el gobierno debe reducir los gastos en comunicación y los bonos extraordinarios en personal, además de someter a un programa de ahorro a todas las dependencias públicas.

Gil Zuarth declaró que su objetivo y el de sus compañeros es que se declaren nulos todos los contratos o cualquier acto jurídico relacionado con la contratación de deuda pública por los 70 mil millones adicionales y que se ordene al Ejecutivo que exponga las causas económicas que justifiquen la necesidad de mayor endeudamiento y, por último, que se informe sobre el destino de la deuda contratada.

Al cuestionarle sobre el proceso que sigue luego de presentadas las acciones de inconstitucionalidad, Gil explicó que éstas deben turnarse a un ministro ponente y él debe determinar si hay o no suspensión –sólo en casos en que ya haya entrado en vigor la norma–. Posteriormente se elabora el proyecto y éste será presentado ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su decisión final.

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