AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Sólo la mentada de madre de la senadora campechana Layda Sansores provocó que algunos legisladores del PAN y del PRI se indignaran y le gritaran: “¡Esa es la altura del debate!”, mientras la hija del poderoso exgobernador peninsular les decía: “ahora sí, se ponen muy escandalizados”.
Hubo algunos otros momentos ríspidos, como cuando el senador Manuel Bartlett, del PT, calificó de demagógicas las intervenciones. “No han presentado un solo argumento sólido”, subrayó el exgobernador de Puebla, quien insistió que este dictamen no fue elaborado en México y que la modificación del artículo 27 constitucional para permitir la apertura a contratos de utilidad y de producción compartida, así como licencias “es un triunfo de Estados Unidos”.
“Me parece fuerte decir que hay demagogia en las intervenciones”, le reprochó desde su curul el senador priista Patricio Martínez.
Fue de los pocos momentos en que hubo diálogo. El guión previamente acordado entre los senadores del PRI y del PAN fue no responder a ninguna de las preguntas de los opositores para no alargar un debate que se prolongó casi por 12 horas.
Entre los más aplaudidos por las bancadas opositoras, incluyendo a algunos del PRI, estuvieron los senadores Alejandro Encinas y Manuel Camacho, ambos del PRD, quienes argumentaron en contra del dictamen.
“Ahora resulta que la iniciativa original de Peña Nieto era de avanzada frente a esto”, ironizó Encinas. Afirmó que los cambios que se proponen en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales constituyen “una redefinición de la propiedad nacional”.
“No sólo están poniendo la propiedad de los bienes de la Nación… Están abriendo viejas heridas entre nosotros”, subrayó el exjefe de Gobierno capitalino. Encinas también reprochó, como varios legisladores, que el PRI y Peña Nieto nunca plantearon una modificación de este tipo en la campaña electoral del 2012.
En su turno, Manuel Camacho Solís coincidió con Bartlett en que el dictamen se redactó en Estados Unidos y recordó que a él le pidieron las compañías petroleras ser su candidato. “A Fox y a mí nos lo ofrecieron. El lo aceptó, yo rechacé”, afirmó en tribuna.
El exregente capitalino en la época salinista sintetizó la reforma señalando que las compañías transnacionales siempre han querido dos cambios en el 27 constitucional: quitar la palabra 2 “prohibición de contratos” y permitir “concesiones”.
“Ellos sólo buscan dos cosas: el petróleo en el Golfo de México y el gas shale”, sentenció Camacho.
El perredista también insistió en que no fue un compromiso de campaña presidencial del PRI ni del PAN este cambio constitucional porque “nadie se hubiera atrevido a decir que abriría el petróleo a la inversión extranjera”.
Camacho remató su discurso indicando que no se trata de una negociación sino de una “imposición” del presidente de la República “que no lo enaltece”.
Desde primera hora, la vicecoordinadora de la bancada del PRD, Dolores Padierna, fijó los siete temas en los que están en contra esta bancada, integrada por 22 senadores.
Las siete razones del PRD para votar en contra son: “la entrega del petróleo, el gas y la electricidad a transnacionales; el desmantelamiento de Pemex que se le dan sólo 5 años de vida; incremento de precios a los energéticos a la población; el sometimiento a la jurisdicción internacional, apertura al TLCAN; despojo a las comunidades ejidales; ausencia de mecanismos de inversión productiva”.
PAN, PRI y Partido Verde, nado sincronizado
Frente a las reiteradas críticas e intentos de los legisladores opuestos al dictamen por entablar el debate, los senadores defensores del proyecto se concentraron en hablar a favor, negar insistentemente que se trate de “privatización” y abundar sobre los escenarios de catástrofe si no se aprueba la reforma.
Asunción Orihuela, a nombre del PRI, habló de las bondades del proyecto, sin abundar mucho, mientras el panista Raúl Gracia habló del Fondo Petrolero que busca que “estas rentas petroleras, que estos ingresos que nos generan los energéticos no se queden en el gasto corriente”.
David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía y principal responsable de la elaboración del dictamen, afirmó que son 20 puntos fundamentales y que están en las propuestas de los cambios a tres artículos constitucionales y 21 transitorios.
“El debate ha durado 15 años y esta Legislatura tiene 10 meses debatiendo”, afirmó Penchyna, priista de Hidalgo, quien fue el último en participar a las 21:30 horas para negar que el dictamen haya sido redactado fuera del Senado y por otros personajes.
Ninfa Salinas y Pablo Escobar, ambos del Partido Verde, hablaron de las bondades del proyecto y presumieron la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industria y la Protección al Medio Ambiente, que fue propuesta de su partido.
La intervención de Escobar provocó en la mañana el primer intento de debate cuando afirmó que “en el mundo” se están discutiendo los avances técnicos y aquí en México “apenas estamos discutiendo los modelos de contratos”.
“Tenemos que liberarnos de esta camisa de fuerza”, afirmó el joven legislador, quien fue arropado por los priistas ante el intento de los perredistas por hacerle preguntas. El argumento insistente es que no había lugar para debatir “para hechos”.
El panista Jorge Luis Lavalle, otro de los dictaminadores, subió dos veces a tribuna para hablar de los “cinco ejes” que sintetizan la reforma y negar que se tratara de una “privatización”.
En su segunda participación, Lavalle negó que en el 27 constitucional se permita que las reservas de petróleo sean registradas en los libros contables de las empresas contratistas.
Sin embargo, obvió mencionar el legislador del blanquiazul que el artículo 5 transitorio afirma textualmente:
Pemex y sus subsidiarias “podrán reportar para efectos contables y financieros la asignación de contratos correspondientes y sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos, que el petróleo y todos los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo son propiedad de la nación”.
Dictaminación y votación
Después de casi 11 horas de una ronda de más de 20 oradores en pro y en contra, las comisiones unidas determinaron continuar el proceso de dictaminación este lunes 9 de diciembre. Se espera que el martes 10 se dé entrada a primera lectura del dictamen en el pleno.
Entre el miércoles 11 y el jueves 12 de diciembre se prevé la votación en el pleno para que se envié a la Cámara de Diputados, antes de que culmine el periodo ordinario de sesiones el próximo 15 de diciembre.
En tanto, en las afueras del recinto legislativo, sobre la avenida Reforma y en los alrededores de la colonia Tabacalera continuó el plantón de los ciudadanos que están en contra de la reforma constitucional.
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