AUTOR: BERTHA TERESA RAMÍREZ.
Integrantes de la organización Animo protestaron afuera de la ALDF contra las reformas al Código Penal que incrementan las penas por agresiones dolosas a policías durante marchas.
Fernández Noraña censuró que en lugar de salir a escuchar sus planteamientos, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados, haya mandado cercar con policías el acceso al recinto de San Lázaro.
Al leer un pronunciamiento, Rosendo Balfre dijo que a partir de 1997 la ciudad de México se ha caracterizado por gobiernos progresistas y de vanguardia en el ámbito de los derechos sociales y la libre manifestación, lo que le ha permitido convertirse en un espacio plural democrático, igualitario y libertad de expresión.
“La promulgación y publicación de las adiciones al Código Penal representaría, en este contexto, un grave retroceso en el goce y ejercicio de las libertades de los capitalinos”.
La protesta social es un derecho “y por lo tanto ninguna ley o código penal puede estar por encima de él, ni puede violentarse, de hecho el estado tiene dos tipos de obligaciones una de ellas es no negar ni impedir las protestas, así como no utilizar la fuerza excesiva para vigilar, infiltrar provocadores o dispersar estas manifestaciones”.
Indicó que la violencia del Estado “es la que prevalece en las marchas desde el primero de diciembre de 2012, donde los cuerpos de seguridad han incurrido en el uso desproporcionado e irracional de la fuerza, realizando detenciones arbitrarias, tortura y se ha buscado limitar la información”.
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