Según sus propios números, el organismo creado en la administración calderonista como una respuesta a la demanda de familiares de víctimas de la violencia, ha colaborado hasta ahora en la búsqueda de dos mil 348 personas desaparecidas y sólo en 287 casos ha tenido éxito, aunque de éstas últimas sólo 209 personas fueron halladas vivas.
En los últimos 25 meses de operación, también ha atendido a 22 mil 870 personas de manera presencial, a quienes prestó 257 mil 693 servicios: 36% de atención psicológica, 21% de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, 14% de asesoría en trabajo social, 12% de asesoría jurídica, 7% de apoyo médico, 6% de acciones jurídicas en favor de las víctimas y 3% de acompañamientos.
Los delitos de los que han sido víctimas la mayoría de las personas que acuden a Províctima son: Violencia familiar, 26%; desaparición, 14.3%; homicidio, 8.9%; violación, 7.9%, y secuestro 7.1%. La mayoría de ellos, son reportados por mujeres.
Según Províctima el 68% de las personas que atiende han solicitado apoyo de un Centro de Atención a Víctimas (CAV) son mujeres, y la proporción se eleva a 72% en el caso de las llamadas que recibe el Centro de Atención Telefónica (CAT).
Esta última área recibió 22 mil 487 llamadas, de las que 43.8% fueron de seguimiento, 38.4% nuevas atenciones y 10.9% para solicitar información.
Províctima nació en 2011 de un decreto presidencial no cabildeado con expertos, sin presupuesto, hecho a las prisas, carente de diseño, con un consejo consultivo integrado por activistas afines al calderonismo y con misión y alcances poco claros.
Por la falta de personal y de presupuesto no se han instalado centros de atención a víctimas en estados claves, por su grado de violencia, como en Tamaulipas.
Con la llegada de Enrique Peña Nieto al poder se planteó transformar Províctima en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, derivado de la Ley General de Víctimas.
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