AUTOR: CARLOS PORTILLO.
Esto se debe a que la controversial reforma implica la eliminación de los subsidios para el campo, que desde el 2002 hasta ahora, ha establecido tarifas preferenciales para el bombeo y re bombeo de agua para uso agrícola, beneficiando así a 90 mil campesinos. De igual forma, se dará término a los subsidios para el diésel utilizado en la maquinaria también agrícola, sin mencionar el aumento en los costos de fertilizantes derivados del amoniaco; lo que provocará un considerable incremento de la cartera vencida de cientos de agricultores.
Estos subsidios forman parte de la Ley de Energía para el Campo, que fuera aprobada hace once años, para aminorar la deuda de 13 mil campesinos, según reportes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); luego de que los agricultores pidieran su intervención a las autoridades, ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, de ser aplicada la nueva reforma, inevitablemente se verían proyectados los costos de inversión y las deudas de los agricultores, lo que podría mermar de forma importante su actividad.
Entre las consecuencias destacan: una mayor dependencia de las importaciones de alimentos, así como el aumento de sus precios y la reducción de la producción nacional; además de todas las otras posibilidades ya consideradas en cuanto al resto de consumidores de energía eléctrica, gas y gasolina.
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