AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
De acuerdo con el mandatario capitalino, ya giró instrucciones a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para que analice los posibles recursos que se podrían interponer en caso de que el pleno de San Lázaro dé luz verde al dictamen.
En conferencia de prensa, Mancera señaló que la propuesta de la reforma política del Distrito Federal plantea mayor autonomía para la capital, sin embargo, la iniciativa de los diputados federales va en contra de ello debido a que busca regular un asunto local.
“Por supuesto que no podemos apoyar lo que va en contra de lo que estamos planteando, que es que la ciudad de México debe fortalecer su autonomía, su esquema de competencias, por eso hicimos la propuesta de reforma constitucional para la Ciudad de México”, dijo.
Añadió:
“Esta ley es una muestra completamente contraria a ese espíritu, es otra vez ir al Congreso para regular a la Ciudad de México, así es que me parece que por eso el Congreso, en este caso concreto, debería revisar las atribuciones y competencias”.
La discusión sobre este tema, abundó, debe realizarse en la Asamblea Legislativa (ALDF).
Y más que establecer limitaciones y prohibiciones, como plantea la iniciativa federal, Mancera propuso trabajar sobre protocolos de intervención de las autoridades y revisar que los derechos de los manifestantes no se violen.
En entrevista posterior, el consejero jurídico José Ramón Amieva aseguró que ya se revisan las posibles acciones jurídicas en caso de que la ley antimarchas se apruebe en San Lázaro.
“Nosotros vamos a hacer el análisis bajo dos vertientes: la primera, por el contenido de la iniciativa de ley, y en segundo lugar el esquema de facultades de la Cámara de Diputados para poder legislar en la materia”, explicó.
Amieva adelantó que se podría interponer una acción de inconstitucionalidad y una controversia constitucional, la primera por parte de la Comisión de Derechos Humanos del D.F. (CDHDF) y la segunda a cargo del gobierno local.
La Ley es Punitiva: CDHDF
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) también expresó su rechazo a la iniciativa que “pretende ‘regular’ no sólo el ejercicio del derecho a la libre manifestación, sino incluso otros derechos como el de libertad de expresión y el de petición, y por constituirse como una regulación de carácter punitivo”.
En un comunicado, el organismo puntualizó que las limitaciones que impone el dictamen al ejercicio de los derechos humanos en la capital “constituye un riesgo para la consolidación del estado democrático de Derecho”, porque utiliza expresiones genéricas y ambiguas para restringir derechos de las personas que se manifiestan públicamente y deja abierto el margen de discrecionalidad de la autoridad, “retomando conceptos prohibicionistas que no se ajustan a nuestra realidad social”.
Peor aún, apuntó, el dictamen también pretende regular los “contenidos” de las movilizaciones sociales imponiendo con ello una limitación para no presionar a las autoridades, cuando “justo el objeto de una movilización social es la de llamar la atención de las autoridades para atender sus peticiones”.
Según el organismo, la parte más delicada de la propuesta, si se vota en el pleno de la Cámara de Diputados, es que “se trata de una acción legislativa de censura previa”, pues se mete con los contenidos de las manifestaciones, lo que está prohibido en todos los estándares internacionales.
“Preocupa sobremanera a la CDHDF la referencia a las buenas costumbres, como una limitación a las expresiones en las movilizaciones”, pues son completamente subjetivas y abren el paso a la discrecionalidad, subrayó.
De igual manera, calificó como “inverosímil” que el artículo sexto de la ley subraya que en el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión se tendrán limitaciones. “El pensamiento es un acto interno que no puede tener limitaciones o restricciones”, apuntó.
La CDHDF también expresó su preocupación por que la iniciativa faculta a las autoridades a utilizar la fuerza y disolver una manifestación cuando algunas personas actúen de manera violenta.
“Esto vulnera la exigencia de proporcionalidad de las medidas tomadas por la autoridad, ya que una minoría que comete actos delictivos podría obligar a una disolución de una gran movilización, lo que violenta los derechos adquiridos en nuestra capital”.
También adelantó que estará atenta al proceso legislativo que se le dé a la iniciativa, y en su momento presentará sus valoraciones y consideraciones del derecho internacional y de los derechos humanos ante el Senado de la República.
Asimismo, advirtió que analizará los alcances y limitaciones sobre las competencias del Congreso de la Unión para legislar en esta materia, “donde el ámbito de espacio y de material en su aplicación atañe a las autoridades del Distrito Federal y a su ciudadanía”.
En la ALDF, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se enfrentaron por la aprobación de la ley.
El presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados, sostuvo que la aprobación del dictamen viola las garantías individuales de los ciudadanos y la soberanía de la ciudad.
“No podemos permitir que los esquemas de garantías constitucionales, principalmente el de la libre manifestación, sean vulnerados, encapsulados en temas poco legales. Estaremos listos para iniciar procesos constitucionales correspondientes para echar abajo una ley que es a todas luces inconstitucional”, dijo.
Por parte del PAN, el diputado Jorge Sotomayor –quien promovió la iniciativa de ley en San Lázaro– sostuvo que el dictamen avalado por los diputados federales es “perfectamente constitucional” y que en todo caso deberá ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) la que determine si es o no inconstitucional.
La regulación, afirmó, garantiza el derecho a manifestarse, pero también protege a quienes se ven afectados por las manifestaciones.
Rechazo Generalizado
Decenas de organizaciones sociales exigieron a diputados federales desechar el dictamen de la Ley de Manifestaciones Públicas del Distrito Federal, toda vez que, subrayaron, es contraria a los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México.
Las organizaciones, que también reclamaron no haber sido consultadas por los legisladores, criticaron la aprobación fast track de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), PAN y Partido Verde (PVEM), pese a que en la sesión pública de trabajo de las comisiones fue evidente la falta de debate y se ignoró la solicitud de algunos legisladores por discutir las reservas.
“No hubo procesos previos de análisis y discusión sobre el contenido de la iniciativa, aunque hubo entregas previas de observaciones por parte de las organizaciones de la sociedad civil”, se lee en el documento firmado por Alianza Democrática de Organizaciones Civiles, Red de Organismos Civiles para la Incidencia en el Desarrollo Social de la Ciudad de México, Red de Género y Medio Ambiente, Propuesta Cívica y Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata.
En un comunicado, que también signaron Artículo 19, Alianza Cívica y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), así como las 73 organizaciones que integran la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), exigieron a los diputados federales que antes de que en el pleno de la Cámara aprueben el dictamen y lo envíen al Senado, tomen en consideración sus argumentos técnicos y jurídicos.
“Demandamos a la Cámara de Diputados en su conjunto que deseche el Dictamen con proyecto de Ley de Manifestaciones Pública en el D.F.”, apuntaron.
Para las organizaciones mencionadas, la iniciativa “limita e inhibe el derecho a la libre manifestación, a la asociación y a la protesta social, y acota el uso del espacio público, además de que impone un proceso burocrático para ejercer derechos de las personas”.
Luego de resaltar la paradoja de que el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, los diputados mexicanos aprobaron un dictamen contrario, los firmantes destacaron que la iniciativa que se someterá al pleno “otorga a las autoridades estatales, facultades para negar la autorización de la realización de manifestaciones”.
Señalaron que de acuerdo con el Sistema Internacional de Derechos Humanos, “el Estado no puede llevar a cabo diferencias y rechazar manifestaciones, pues ello se traduciría en promover conforme a sus intereses”.
Reconocer la discrecionalidad de los gobiernos a autorizar la realización de movilizaciones, agregaron, “contraviene el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud de que es incompatible con un Estado democrático”.
Los firmantes consideraron que “los gobiernos no pueden sencillamente invocar el mantenimiento del orden público para suprimir, desnaturalizar o privar de su contenido un derecho garantizado por la Convención Americana”.
Y recordaron que el ejercicio de los derechos de reunión y asociación son un “termómetro” del respeto de los Estados a los derechos humanos, en tanto que la protesta social “es un mecanismo legítimo de exigibilidad de derechos, y un derecho en sí mismo” que el Estado está obligado a “proteger, respetar y garantizar su ejercicio”.
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