AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
En el sexenio anterior el Fovissste benefició a un selecto grupo de empresarios del ramo de bienes raíces, quienes construyeron viviendas de interés social para unos 5 mil empleados del Estado. El problema es que se inflaron los costos y también los montos de los créditos a los burócratas. Desde entonces y hasta ahora las autoridades en vez de buscar a los responsables del fraude le pasaron la factura –millonaria– a los trabajadores, la mayoría de los cuales devengan salarios que a duras penas les permiten sobrevivir.
El Fovissste –ahora encabezado por José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua– persiste en el encubrimiento de los responsables del fraude, deja abiertas las averiguaciones previas, radicaliza el acoso a los afectados para que sean ellos quienes paguen el desastre financiero y hasta envía informes falsos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que cierre el expediente de una recomendación por lo ocurrido.
El desfalco –de 570 millones de pesos– benefició a grupos empresariales propietarios de constructoras, sociedades financieras e inmobiliarias con las cuales accedieron a la millonaria bolsa de la vivienda de interés social con la complicidad de servidores públicos.
Lejos de investigar la larga cadena de beneficiarios, el gobierno de Felipe Calderón acusó a los burócratas –de diferentes dependencias y ciudades y cuyo único punto en común es haber resultado elegidos en los sorteos de crédito para vivienda– de haber elaborado documentación falsa y prácticamente haber hackeado –cada uno de ellos– la base de datos del Fovissste para obtener recursos superiores a los que les correspondían.
La CNDH documentó el caso y emitió la recomendación 60/2012 el 31 de octubre de 2012; en ella se hace notar que el Fovissste violó los derechos humanos de los trabajadores al achacarles las fallas y omisiones de los funcionarios del organismo.
La recomendación fue aceptada por el Fovissste, institución que hasta el momento nada ha hecho al respecto. Por el contrario, en los meses recientes ha abundado en las irregularidades cometidas por la administración pasada a fin de presionar a los trabajadores y obligarlos a pagar.
Y los favorecidos en este negocio permanecen intocados.
En su número 1882 (del 25 de noviembre de 2012) Proceso dio a conocer que entre las constructoras implicadas en el fraude estaba el Grupo Módulo Progresivo, cuyos accionistas eran el entonces secretario federal de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg (ahora secretario de Desarrollo Económico del gobierno capitalino) y Gerardo Ruiz Maza, socio a su vez de Paul Davis Carstens, pariente de Agustín Carstens, gobernador del Banco de México.
Otra implicada es Constructora Syser, filial de TV Azteca.
También se publicó entonces que varias de las sociedades financieras de objeto limitado (sofoles) involucradas en el fraude tenían vínculos estrechos con el gobierno de Calderón.
Es el caso de las hipotecarias Bajío, Su Casita y Patrimonio, implicadas en otro escándalo de corrupción por la compra ilícita, vía Grupo Ixe, de certificados bursátiles en el IMSS cuando dirigía el Instituto Juan Molinar Horcasitas (Proceso 1759, 1753 y 1842).
Además el director de Grupo Ixe era Javier Molinar Horcasitas (hermano del entonces director del IMSS) y en la estructura de esa institución figuraban al menos otros dos familiares de Carstens.
A ocho años de cometido el fraude varias de las empresas beneficiadas desaparecieron, ningún funcionario del Fovissste fue investigado y según los trabajadores afectados, pruebas documentales de su inocencia han “desaparecido”.
Acoso peñista
A los trabajadores adquirientes de viviendas de interés social los acusan de falsificar recibos de nómina y comprobantes de ingresos para ser merecedores y acreditarse más recursos de los que les correspondían y también de manipular el sistema electrónico del Fovissste para obtener los recursos.
Y las medidas punitivas que se les pretenden aplicar son, además de injustas, excesivas.
Un ejemplo: si un trabajador tenía derecho a 280 mil pesos de crédito pero obtuvo 430 mil, se le exigía pagar los 150 mil excedentes en una sola exhibición, más intereses, que elevan la deuda aproximadamente 50%. Se pretendía cobrarle 225 mil pesos a un trabajador que gana unos 6 mil mensuales.
Los créditos fueron otorgados entre 2005 y 2008 y durante ese tiempo los trabajadores suscribieron contratos y escrituras, habitaron las casas y pagaban 30% de sus ingresos mensuales al Fovissste. De pronto el organismo interpuso contra ellos demandas penales y empezó a descontar vía nómina hasta 50% de los salarios de los afectados, lo cual es ilegal.
En octubre de 2011 unos 500 afectados presentaron una queja ante la CNDH, la cual resolvió que la autorización y deficiente integración de esos financiamientos “devino de la propia autoridad”.
El ómbudsman consideró que se violaron los derechos de los trabajadores y, entre otras medidas, recomendó al Fovissste presentar alternativas viables de solución al problema.
La CNDH también observó que para resolver el problema financiero el Fovissste aplicó acciones ilegales, como los arbitrarios descuentos salariales. Según la CNDH no se presentaron alternativas viables de solución pues el organismo planteó que se liquidara en una sola exhibición el adeudo, algo imposible de cumplir por parte de los trabajadores.
El Fovissste planteó después un convenio modificatorio que exigía amortizaciones semestrales que, por su monto, tampoco podían cubrir los trabajadores, como constató el ómbudsman.
Otro de los aspectos destacados en la recomendación de la CNDH fue que el Fovissste presionó a los trabajadores para que pagaran los excedentes y lo hizo mediante avisos ajenos a los establecidos en los contratos.
La recomendación fue aceptada, pero no cumplida. Según los trabajadores entrevistados por este semanario, la nueva administración del Fovissste ha dado informes falsos a la CNDH.
“El Fovissste respondió que ya tenían una solución que los trabajadores estábamos aceptando para llegar a negociaciones con ellos. Oficialmente le dijimos a la CNDH que no es cierto, no vamos a llegar a ningún convenio modificatorio porque lo que ellos nos están ofreciendo no está dentro de nuestras posibilidades y seguimos insistiendo en el respeto a nuestra escritura”, dice Patricia Flores, una de las afectadas.
Flores, junto con los trabajadores Mario López y María Teresa Pérez, exponen lo que no dice el Fovissste a la CNDH:
Los avisos que la CNDH consideró una forma de presión para liquidar el adeudo ahora se han agravado y son una advertencia permanente. Al intentar conocer sus estados de cuenta del Fovissste vía internet, antes de ver las cifras y condiciones de su crédito encuentran un aviso electrónico. Ya no sólo se los envían sino están ahí permanentemente.
Otro. La CNDH consideró que las alternativas de solución planteadas durante la pasada administración, cuando se emitió la recomendación, eran inviables por la dificultad de que los trabajadores pudieran exhibir las cantidades reclamadas.
La actual administración además de plantear el pago en una sola exhibición, ofrece una serie de pagos mensuales o un pago anual, pero las cantidades exigidas son las mismas –o mayores– que la CNDH ya había considerado inaccesibles para los trabajadores.
La única diferencia es que se propone dividir el estado de cuenta en dos porciones. La “A”, con las cantidades del crédito al que tenían derecho, y la “B”, con las condiciones de la llamada “demasía”.
Flores recuerda que al momento de emitirse la recomendación, lo que el Fovissste pretendía era descontar hasta 50% del salario de los trabajadores, una medida cuya ilegalidad fue detectada también por la CNDH pues por ley los descuentos vía nómina no pueden exceder 30%.
Lo que en la actual administración les proponen es peor: descontar el 30% que por ley deben pagar vía nómina y que el resto del adeudo de la porción “B” se pague “por fuera”, con depósitos bancarios.
Los trabajadores mostraron a este reportero copias de varios estados de cuenta, pero pidieron no revelar sus nombres pues el acoso se ha radicalizado contra quienes declaran a los medios. Los documentos sirven para observar los ejemplos de la solución peñista:
Por ejemplo una trabajadora del DIF, con sueldo base de 10 mil 400 pesos mensuales, debe pagar 3 mil 98 pesos mensuales. Con eso y las deducciones por ahorro para el retiro y otros conceptos, le restaría un ingreso de 5 mil 652 pesos mensuales. Además, “por fuera”, mediante depósito bancario, deberá pagar, conforme a la propuesta peñista de “regularización” mensual, mil 849 pesos. Su ingreso real quedaría en 3 mil 803 pesos mensuales.
Según los trabajadores, la forma de ofrecer “soluciones” por parte de funcionarios del Fovissste –como lo ha hecho la subdirectora de Asuntos Jurídicos, Guadalupe Chacón– es ofensiva: si no pueden pagar en una sola exhibición o no les atrae la mensualidad, pueden pedir anualidad, les dijo, y con el aguinaldo o “si les cae una tandita”, van pagando.
Para la mayoría de los casos la “oferta” es la de pagar un promedio de 23 mil pesos anuales durante 24 años.
Aun peores son los intereses leoninos. Por ejemplo en una mensualidad de mil 849 pesos, mil 422 corresponden sólo a intereses. En el caso de la anualidad de 23 mil pesos, 17 mil 65 serían por ese concepto.
En el caso de esa trabajadora del DIF, su crédito fue de 543 mil pesos y los intereses ascienden a 259 mil. El problema es que así como se alteró la documentación con la cual les otorgaron los créditos, también se inflaron los avalúos, así que la casa comprada por la primera cantidad, en realidad cuesta menos de 400 mil pesos, conforme a un avalúo reciente. De aceptar las condiciones del Fovissste, pagaría más del doble del valor real de su casa.
“¿Qué clase de interés social es ese? Son intereses peores que los de una hipoteca. El convenio modificatorio es totalmente perjudicial para nosotros. No baja el monto a pesar de que hemos estado pagando”, dice la trabajadora.
A tapar huellas
Una serie de publicaciones, aparentemente basadas en filtraciones del Fovissste a diferentes medios pusieron en alerta a los afectados, quienes consideran que el gobierno prepara una embestida en su contra.
Desde el pasado octubre diferentes diarios empezaron a informar acerca de una supuesta “operación hormiga” para defraudar al Fovissste por mil 500 millones de pesos a través de negociaciones individuales.
Patricia Flores rechaza la supuesta operación y explica:
Por la normatividad, así como con una serie de expedientes entregados por los afectados a Proceso, se puede observar que la documentación sólo pudo haber sido falsificada en el proceso entre las inmobiliarias, las sofoles y los responsables de la base de datos del Fovissste, pues la sola alteración de un recibo de nómina (que por otra parte debe ser revisado, cotejado y autentificado) no basta para obtener un crédito como ese.
Hoy, cuando la mayoría de las sofoles implicadas ha desaparecido, lo mismo que las constructoras –algunas sólo cambiaron su razón social–, los afectados se han topado con otro muro: como la documentación se presentó en original y copia ante notario público, buscaron a éstos para obtener las pruebas de su inocencia.
De acuerdo con Mario López, uno de los trabajadores afectados, la selección de los notarios fue muy extraña: en la mayoría de los casos no correspondían a domicilios próximos a los de la realización del trámite; por ejemplo a un trabajador de Ixtapaluca, Estado de México, se le pedía firmar ante un notario de Cuernavaca, Morelos.
En meses pasados, cuando han recurrido a los notarios que elaboraron las escrituras para obtener copias de los expedientes y demostrar así que no entregaron documentos falsos, se los han negado, les dicen que no los tienen y sólo ofrecen copias certificadas de las escrituras con costos de hasta 4 mil pesos, lo cual en muchos casos es el ingreso total de un trabajador en un mes y además no sirve de nada.
Dentro del Fovissste sólo se sancionó a unos cuantos capturistas mientras que el panista Manuel Pérez Cárdenas y su equipo, directamente responsables de la operación del Fovissste en esa época, permanecen intocados.
A ello debe añadirse que desde 2011 el organismo interpuso denuncias penales contra los trabajadores, por lo que en aquella ocasión decenas de personas fueron detenidas. Las averiguaciones previas siguen abiertas, aunque no se han consignado y la amenaza de ser detenidos de nuevo en cualquier momento, dicen, los mantiene en tensión permanente.
Flores sintetiza: “No queremos dejar de pagar, lo que queremos es que se respeten las condiciones de las escrituras. Se trata de sujetarnos a lo que se contrató, y si en efecto hubo un fraude, se castigue a los verdaderos responsables y se les cobre, pero no que quieran hacernos pagar por ellos”.
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