Santiago Aguirre, defensor de derechos humanos, confirma el arresto de los castrenses acusados de agredir en 2002 a las mujeres; afirma que el caso lleva una carga de justicia a escala nacional y celebra que los agentes sean juzgados en el fuero civil.
Los castrenses aprehendidos y presentados pertenecen al 41 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, quienes en su momento fueron o son servidores públicos, detalló el defensor en entrevista con Noticias MVS primera emisión.
El abogado aseguró que divulgar esta información tiene un alto componente de interés público, por lo que es necesario confirmar ante la opinión pública los datos publicados en diversos medios de comunicación, como datos trascendidos.
“Para insistir en que una vez que los responsables han sido presentados, en estos casos emblemáticos donde tenemos sentencias internacionales está en juego el acceso a la justicia no sólo en sus casos individuales sino con una trascendencia nacional”, dijo.
En estos momentos, los militares se encuentran en prisión preventiva enfrentando su proceso penal en manos de tribunales civiles, sin gozar del fuero que los protegía por pertenecer a las Fuerzas Armadas.
“Están en el ámbito de la justicia civil, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, acusados de los delitos que coinciden con las declaraciones de Inés y Valentina.
En 2002, un grupo de militares abuso sexualmente de Inés, quien tenía entonces 25 años de edad, y de Valentina, de entonces, 17.
“Las víctimas vieron cómo las investigaciones pasaron al fuero militar, en el que no se aseguró la debida diligencia, buscaron justicia en el sistema Interamericano”, recordó.
En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó dos sentencias contra el estado mexicano, en el que lo declaró culpable del caso, y ordenó reparar los daños y fortalecer la justicia de género.
“Es momento de estar muy atentos de la seguridad de Inés y Valentina para evitar que vuelvan a suscitarse amenazas en su contra”, sostuvo.
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