FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0.
AUTOR: ALINA ROSAS DUARTE.
La Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (Canitec) expresó esta mañana en voz de consejero, José Antonio García Herrera, que la legislación secundaria sobre la Reforma en esta materia debe de ser abierta al debate considerando a la mayor de actores posibles, entre ellos, a los cerca de 200 empresarios de la televisión de paga.
La inversión privada en las redes tanto troncal como en la compartida resulta necesaria, consideró García Herrera, quien afirmó que el Estado mexicano no cuenta con los recursos suficientes para poder desarrollarlas, razón por la cual demandó a los legisladores federales que el marco jurídico secundario de la reforma constitucional se base en la coordinación y en la responsabilidad con la propia industria para no perder el objetivo de lograr mejores precios, calidad y competencia, “a fin de beneficiar a los usuarios”.
García Herrera solicitó que no exista una regulación general sino específica para los concesionarios, “consideramos que la reforma constitucional de manera somera resuelve la parte de la dominancia, es decir, la norma, faculta al órgano regulador para que determine al dominante. Lo que consideramos que debemos hacer es que el regulador tenga facultades para determinar las reglas asimétricas una vez que se haya determinado a los operadores dominantes”.
El representante empresarial señaló que al momento de realizar la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, deberá de haber transparencia en el debate, además de exigir que se dé al mercado de la radiodifusión, certidumbre jurídica, ya que aseguró que esta área impide sea legislada al igual que la de telecomunicaciones.
La Canitec se ha caracterizado políticamente por señalar el monopolio de Carlos Slim en telecomunicaciones, así como los altos costos que éste impone en sus empresas hacia sus consumidores y competidores.
Mientras Alejandro Puente, actual accionista mayoritario de Efekto Noticias, presidió la Canitec, publicó un desplegado en mayo del 2012 en el cual se acusaba a la periodista Carmen Aristegui de “servir a los intereses de Slim”.
Por otra parte, para García Herrera, resulta fundamental que en la Ley reglamentaria de la Reforma en Telecomunicaciones se establezcan las facultades claras y detalladas para el regulador, así como poder compartir la infraestructura en redes de telecomunicaciones y televisión. Del mismo modo, enfatizó lo innecesario de un foro sobre una legislación secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión cuando aún no existe un proyecto sobre el cual debatir.
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