AUTOR: HECTOR TAJONAR.
Las escandalosas cifras dadas a conocer en Proceso 1941 por Jenaro Villamil revelan el desprecio de los gobernadores de Chiapas, Puebla, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Quintana Roo por la legislación electoral.
Se trata de un ultraje impune, ante la pasividad (¿cómplice?) de las instituciones encargadas de garantizar la limpieza y equidad de los procesos comiciales, así como de sancionar a los delincuentes electorales: el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la entelequia conocida como Fiscalía Especial para Delitos Electorales.
La reforma política de 2007 introdujo dos cambios fundamentales en la Constitución: la prohibición expresa de que en la propaganda gubernamental se incluyeran “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público” (artículo 134); y otra prohibición tajante: En ningún momento, los partidos políticos ni ninguna otra persona física o moral “podrá(n) contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos” (artículo 41). Ambos preceptos están siendo atropellados por los mandatarios mencionados, con la complicidad del duopolio televisivo, siguiendo al pie de la letra el ejemplo establecido por Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México. (Sobre la deficiente actuación del IFE y el TEPJF en dicho proceso, remito a dos textos de mi autoría: Peña Nieto-Televisa: Corrupción electoral, Zócalo, septiembre de 2012; y La elección imaginaria, Proceso 1872.)
El propósito central de dicha reforma constitucional fue garantizar una mayor equidad en las contiendas, evitando que el dinero para comprar espacio en medios electrónicos y, por ende, popularidad, fuese un factor decisivo para lograr la victoria en las urnas. Ello afectó directamente los intereses económicos de las dos grandes televisoras –que acapararon más de 95% del financiamiento público de las campañas federales en los comicios de 2006–, así como los intereses políticos y pecuniarios de partidos y candidatos.
Como era de esperarse, los beneficiarios de la situación anterior a la reforma de 2007 no se quedaron con los brazos cruzados y encontraron la manera de seguir lucrando con el jugoso “negocio de la democracia”. Los concesionarios de la televisión reaccionaron con virulencia y se volcaron contra la reforma, calificándola de “atentado contra la libertad de expresión”, tanto en sus pantallas como en los tribunales. La querella judicial no prosperó, pero, como si se tratara de una actriz de telenovela, la reforma fue vetada por las televisoras. Ello dio lugar a un ignominioso mercado negro de espacios en medios electrónicos, evidente para todos, excepto para los responsables de sancionar a quienes, con hechos punibles, ostentan su repudio a los artículos 41 y 134 de la Constitución.
Como lo expone Jesús Cantú en su artículo publicado en el número anterior de Proceso, son dos las razones que explican (no justifican) la inacción de las autoridades electorales ante la violación del artículo 134 de la Carta Magna: la ausencia de la ley secundaria de dicha norma, que debió haberse elaborado desde 2007; y la excepción introducida en el párrafo 5 del artículo 228 del Cofipe, que es anticonstitucional por contradecir el espíritu y la letra del mencionado artículo 134 y que, por ende, favorece su incumplimiento.
La contradicción entre el artículo 134 constitucional y el 228 del Cofipe es una rendija abierta mañosamente por los legisladores para que los gobernadores con aspiraciones presidenciales pudieran seguir comprando subrepticiamente publicidad disfrazada en radio y televisión, con la ilusión de convertirse en presidentes de México a costa del erario (o de recursos de procedencia ilícita o, al menos, desconocida) y del avance democrático del país.
Es absurdo e inadmisible que ante una violación evidente de la Constitución (norma normarum), se aduzca la existencia de un vacío jurídico para justificar que no sea perseguida y castigada. ¿Se les ha olvidado también el contenido del Libro Séptimo del Cofipe? Hagamos un poco de memoria. El artículo 341 establece que son sujetos de responsabilidad por infracciones a las disposiciones del Cofipe: los partidos políticos, los aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, los ciudadanos, las autoridades o servidores públicos, así como los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, entre otros. En el artículo 342 se enumeran las infracciones en que pueden incurrir los partidos. Entre ellas se menciona la contratación de tiempo en radio o televisión, al igual que “la realización anticipada de actos de precampaña o campaña”. Esta falta también es atribuible a los aspirantes, precandidatos o candidatos a puestos de elección popular (artículo 344).
Por su parte, el artículo 350 señala que constituyen infracciones de concesionarios o permisionarios de radio y televisión: “a) la venta de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; b) la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral”. El Cofipe también especifica las sanciones aplicables a cada caso e infractor.
En consecuencia, es responsabilidad ineludible del IFE y del TEPJF perseguir y sancionar a los violadores de la Constitución y del Cofipe. La incoherente reforma electoral de 2013 no cumplió su propósito de “arrebatarles el control de las elecciones a los gobernadores”, pero si no se actúa contra los abusos de esos señores feudales y de sus cómplices mediáticos, México seguirá siendo el país más insatisfecho de Iberoamérica con el funcionamiento de su democracia, como lo muestra el Latinobarómetro 2013.
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