AUTOR: JUAN ALBERTO CASTILLO.
El funcionario precisó que las acciones en las que se emplean geo radares de alta tecnología –pueden ubicar cuerpos y armas enterradas–, se llevan a cabo en las regiones Norte y Cinco Manantiales.
El operativo, abundó, forma parte de las acciones que desplegó el gobierno estatal en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
La búsqueda, señaló Yáñez Arreola, se realiza con base en declaraciones ministeriales y de testigos que reportaron personas desaparecidas en la región.
“También recibimos información anónima a través de un correo electrónico en el que nos proporcionan datos que no teníamos”, contó el subprocurador de la PGJ.
La primera etapa para localizar a personas reportadas como desaparecidas, prosiguió, ya se realizó en los municipios de Guerrero e Hidalgo, donde se tomaron declaraciones de quienes pudieran tener conocimiento de la desaparición de personas.
La búsqueda incluyó el apoyo de perros entrenados, así como de equipos detectores de metales y de barrido en predios, brechas y cerros de zonas rurales.
Un primer resultado de las acciones que iniciaron el lunes 27 fue la captura de cinco personas, quienes presuntamente realizaban tareas como “halcones”, es decir, monitoreaban el trayecto de las fuerzas federales que participan en la búsqueda de desaparecidos.
Debe señalarse que en los municipios de Allende y Nava, de la región de Cinco Manantiales, un grupo del crimen organizado secuestró y desapareció a unas 80 familias en 2011.
En esa ocasión, según testigos, decenas de sicarios de Los Zetas tomaron los pueblos y destruyeron más de 80 viviendas, y para ello utilizaron maquinaria pesada.
El gobernador Rubén Moreira informó sobre esa masacre al señalar que “en Allende y Nava ocurrieron hechos tan inéditos que muy pocas personas los reportaron, debido a que involucraron a buena parte de la población y pasaron como una sombra en la historia reciente de nuestro estado sin que nadie haya puesto el suficiente énfasis sobre lo ocurrido: Tuvimos la destrucción de más de 40 casas, muchísima gente desapareció y temo que también murieron”.
Un contador de Los Zetas y uno de sus cómplices dieron detalles de la tragedia durante el juicio iniciado en contra de José Treviño Morales, hermano de El Z40, en la ciudad de Austin, Texas.
Mario Alfonso El Poncho Cuéllar, contador y responsable de traficar la droga por Piedras Negras, señaló ante los fiscales estadunidenses que, en 2011, Los Zetas cruzaban entre 500 y 800 kilogramos de cocaína por mes por esa frontera, lo que generaba al cártel ingresos por cerca de 16 millones de dólares.
El Poncho aseguró que el dinero se enviaba a México en bolsas de plástico que se escondían en los tanques de gasolina de los vehículos. En una ocasión, admitió, agentes de Estados Unidos les decomisaron 800 mil dólares.
Héctor Moreno, su cómplice, declaró que en ese año Miguel Ángel Treviño, El Z40, y su hermano Omar, El Z42, lo acusaron a él y a El Poncho Cuellar de pasar información a la DEA.
Más tarde, Cuéllar y Moreno huyeron con cerca de 5 millones de dólares, lo que provocó la ira de los hermanos Treviño Morales. Los capos advirtieron a sus subordinados que devolvieran el dinero; de lo contrario, matarían a todos sus familiares y amigos.
La amenaza se cumplió y se convirtió en una de las peores masacres de México, ocurrida en los municipios de Allende y Nava. (Proceso 1886).
En esa ocasión llegaron a esos pueblos decenas de sicarios buscando a los familiares, amigos y conocidos de los desertores de las filas de Los Zetas para asesinarlos.
Una vez en el lugar, destruyeron con maquinaria pesada alrededor de 80 casas y se llevaron al menos a 80 familias.
Los pistoleros aprovecharon que mantenían tomados los municipios para violar, extorsionar, asesinar y robar propiedades a los empresarios y ganaderos.
“Empezaron a matar a las familias de Allende y Piedras Negras, de Múzquiz y Sabinas… Debido a esto, mataron a 200 ó 300 personas en Allende”, corroboró Héctor Moreno.
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