El dictamen presentado el miércoles pasado, publicado en la gaceta oficial con fundamento en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, remite copia del oficio número DEP-0104/14, firmado por el c. Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La CIDH otorgó al Estado mexicano un plazo de 15 días contados a partir del 16 de enero para ofrecer la respuesta oficial, la cual debe presentarse antes del 1 de febrero del año en curso.
La diputada por el PRD Elena Tapia Fonllem, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, celebró que sea la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que comunique interés en la materia, pues señaló que la iniciativa atenta contra las libertades fundamentales, restringiéndolas antes que favorecer su ejercicio.
Tapia Fonllem recalcó la importancia de que órganos como la Relatoría Especial vigilen el cumplimiento de México con los tratados internacionales de derechos humanos, ya que la ley de manifestaciones públicas podría presentar un precedente negativo en un momento histórico en que el derecho a la protesta se ha ampliado, con una sociedad civil más activa que se organiza para presentar en las calles y plazas sus demandas ante la indiferencia gubernamental y las fallidas vías institucionales.
Aseveró que en el Grupo Parlamentario del PRD consideran esta propuesta restrictiva, pues cancela derechos plenamente reconocidos por los ciudadanos y por tanto viola el principio de progresividad del articulo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Finalmente, la diputada señaló que urge atender la solicitud de la OEA y apegarse a los elementos que conduzcan a desechar el dictamen a la Ley de Manifestaciones Públicas, pues el Congreso como parte del Estado mexicano, está obligado a cumplir y promover el régimen internacional de los derechos humanos.
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