AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
En conferencia de prensa, el director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, advirtió que en el primer año de gobierno de Peña la “agenda de los niños, niñas y adolescentes ha sido eclipsada por las reformas estructurales, en las que este sector que abarca 42 millones de mexicanos ha sido excluido de consideración y consulta”, dijo.
Acompañado de Gabriel Rojas, Verónica Acacio y Luis Enrique Hernández, miembros de la agrupación integrada por 75 organizaciones en 16 entidades del país, Pérez García exigió al Ejecutivo el cumplimiento de sus promesas de campaña a favor de los menores de edad, así como una interlocución de alto nivel con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para atender los temas urgentes que atañen a la infancia.
Con base en los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Redim resaltó que de 2011 a 2012 se registró un incremento en el número de homicidios de menores por arma de fuego al pasar de 853 a 946.
En esos mismos años los asesinatos representaron 55% de los homicidios totales de la población de cero a 17 años, y para el siguiente año el porcentaje se incrementó en 58%, en tanto que siete de cada diez adolescentes de entre 15 y 17 años que murieron por homicidio fueron asesinados con arma de fuego en 2012.
Luego de recordar que como candidato a la Presidencia Enrique Peña Nieto firmó la iniciativa “10 por la Infancia”, impulsada por la propia Redim y la UNICEF, Martín Pérez señaló que no ha sido ratificada por su gobierno, por lo que lo urgió a retomar la Mesa Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de Delincuencia Organizada, creada en 2011 durante el gobierno de Felipe Calderón en respuesta a una exigencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El director ejecutivo alertó por el incremento en la tasa de homicidios de jóvenes, “sobre todo entre 15 a 17 años, que pasó de 15.8 a 16.3 por cada cien mil habitantes, situación que se agravó en los estados de Guerrero, Nuevo León y Chihuahua, dónde las tasas son de 61, 46 y 52 homicidios de adolescentes por cada 100 mil habitantes”, detalló.
Al señalar que “la narcoexplotación de niños, niñas y adolescentes continúa siendo una constante sin que se hayan tomado medidas claras al respecto”, Juan Martín Pérez llamó al gobierno federal a diseñar políticas públicas que “sancionen a quien contrata u obliga a menores a formar parte del crimen organizado, así como para dar alternativas a los adolescentes para que no recurran a esa actividad por sobrevivencia”.
Y es que las cifras del desamparo no mienten. Gabriel Rojas, de Educación con Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Calle (Ednica), resaltó que de acuerdo con los datos del INEGI, tres de cada 10 menores de 18 años carecen de servicios de salud; uno de cada cinco no están registrados oficialmente, y tres de cada 10 no terminaron la secundaria y están fuera del sistema educativo.
Entre los temas que no han sido atendidos por la administración de Peña Nieto destaca el desdén hacia la explotación sexual y la pornografía infantil, agregó Verónica Acacio, de la Fundación Protégeme.
Tras señalar que no existen estudios especializados realizados por el gobierno federal para atender el grave problema, Acacio apuntó que organizaciones nacionales e internacionales han colocado a México en los primeros lugares de incidencia.
“La organización Asexoria, dedicada a la prevención del abuso sexual infantil, ubicó a México como el primer lugar en el mundo donde se trafica con niñas y niños con fines de explotación sexual, pornografía y prostitución infantil, título que se disputa con España; la organización encontró 300 mil sitios de internet que tiene su origen en México, en tanto que la American Bar Association identificó 47 bandas dedicadas a la explotación sexual y laboral infantil que operan en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo”, documentó Acacio.
Luis Enrique Hernández, de Caracol, organización dedicada a la atención de la población callejera, alertó sobre una “política de exclusión y discriminación a este sector de alta vulnerabilidad, en tanto que en 11 ciudades se impulsa la limpieza social en las calles, con el pretexto de la recuperación de espacios públicos”. Esas ciudades son el Distrito Federal, San Cristóbal de las Casas, Puebla, Xalapa, Acapulco, Tijuana, Guadalajara, Ciudad Juárez, Zacatecas, Boca del Río y San Luis Potosí”.
Recordó que la política contra la población callejera fue motivo de una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada el año pasado en Washington, en la que se resolvió la próxima visita de la relatora para la niñez, Rosa María Ortiz, por las ciudades mencionadas.
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