AUTOR: ALBERTO OSORIO.
Académicos y activistas sociales se muestran alarmados por el aumento de la violencia y los crímenes de género en Jalisco. Hoy, según un informe del Centro para la Paz y el Desarrollo (Cepad), la entidad ocupa el tercer sitio en desapariciones y el quinto en feminicidios; lo peor, dicen los entrevistados, lejos de investigar las denuncias o proporcionar información, las autoridades les ponen cada vez más trabas cuando ellos quieren indagar por su cuenta.
De acuerdo con Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), en la mayoría de los casos detrás de esos delitos se encuentran bandas criminales que operan en la entidad.
“El año pasado nos llegaron expedientes según los cuales los delitos se registraron en las zonas bajo control del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
“La primera niña que rescatamos con vida fue una menor que localizamos en la parte alta de la sierra michoacana, en los límites con Jalisco. Por la información que recabamos, supimos que la había secuestrado gente del Cártel del Milenio (con sede en Michoacán)”, dice vía telefónica desde la Ciudad de México.
Hoy, en territorio jalisciense la cifra de mujeres, niñas y niños desaparecidos es preocupante; lo mismo sucede con los feminicidios en la entidad, que ocupa el quinto lugar en desapariciones de mujeres (8%) en el país. Por eso, añade, “cuando pasan de tres a seis meses (y no aparecen) nos entra la preocupación. Pensamos que pudiera tratarse de feminicidio”.
Según Ulloa Ziáurriz, organizaciones sociales de la entidad llevan años demandando la instauración de la alerta de género. Las autoridades rechazan la propuesta por motivos políticos. Lo que menos interesa a los funcionarios es articular políticas públicas para detener la violencia.
Y mientras el índice de criminalidad se eleva, la alerta de género nunca se ha establecido en la entidad, aun cuando ese protocolo es fundamental para corroborar el número de desapariciones y sirve para diseñar políticas públicas centradas en la erradicación de la violencia y para la prevención de las agresiones de género.
Esta situación se repite en otras entidades. Tal parece, dice la entrevistada, que los gobiernos locales se niegan a declarar esa alerta porque temen ser exhibidos por su incapacidad para detener la violencia. “Acaba de registrarse esa negativa en Chiapas; y en el Estado de México se ha rechazado tres veces.
“Todo se politiza –insiste–. No se quiere entender la gravedad del asunto ni respetar los derechos de las mujeres, a pesar de que 52% del padrón electoral de México está conformado por mujeres.”
Un informe preocupante
Ante la falta de una estrategia nacional, el país se perfila hacia un escenario parecido al de Ciudad Juárez, donde las agresiones de género son un oprobio.
“La declaración de la alerta de género es responsabilidad del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el cual participan el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para el Desarrollo Indígena y diversas instituciones o secretarías estatales y federales”, comenta la directora de la CATWLAC.
En abril de 2013 el Centro para la Paz y el Desarrollo (Cepad), así como académicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y de la Universidad de Guadalajara divulgaron el Informe sobre derechos humanos en Jalisco, en el cual advierten que los feminicidios y las desapariciones de mujeres crecen de manera alarmante en la entidad.
A principios de ese año se habían registrado 928 asesinatos de mujeres y mil 190 desaparecidas; de éstas, 55% habitaban en la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy, dice Carlos Castañeda de la Rosa, uno de los investigadores del ITESO que participó en la elaboración del informe, las cosas siguen igual.
Las autoridades se muestran renuentes a dar información oficial sobre la violencia contra la mujer y sobre las desapariciones; tampoco lo hace el ómbudsman estatal. Peor aún: los académicos tienen cada vez más problemas para acceder a las estadísticas sobre homicidios.
Javier Perlasca Chávez, el segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, confirma la versión del investigador. Dice que la institución sólo investiga cuando algún familiar acude a denunciar la actuación omisa de alguna autoridad.
En 2013, por ejemplo, la comisión atendió a 146 personas que acudieron a sus instalaciones a pedir apoyo para localizar a sus familiares. Al final sólo fueron ubicadas dos mujeres.
Por su parte, Castañeda de la Rosa relata que en marzo de 2013 el reportero Tracy Wilkinson, de Los Angeles Times, tuvo acceso a una lista de desaparecidos en México, según la cual durante el sexenio de Felipe Calderón hubo cerca de 21 mil personas extraviadas.
Los datos, aclara Castañeda, se sustentan en un informe extraoficial “filtrado” por la Procuraduría General de la República a Wilkinson, quien lo entregó a la organización civil Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Ciudadana.
A su vez, ese grupo proporcionó una copia del documento a investigadores del ITESO. Sostiene el informe en el que participó Castañeda: “La lista completa da cuenta de 20 mil 851 personas desaparecidas (en México), de las cuales 40% son mujeres, 54% varones y 6% de personas sin identificar”.
Según el Informe sobre derechos humanos en Jalisco son seis las entidades donde la incidencia es mayor: Distrito Federal, con 7 mil 137 (34%); Estado de México, 2 mil 552 (12%); Jalisco, 2 mil 175 (11%); Sinaloa, mil 434 (7%); Aguascalientes, mil 112 (5%), y Tamaulipas, mil 78 (5%).
Esas seis entidades concentran 75% de los desaparecidos en el ámbito nacional. “Los demás estados registran, cada uno –indica el documento–, menos de mil desapariciones durante el sexenio de Calderón. Por lo que compete a Jalisco, de los 2 mil 175 casos reportados, mil 190 fueron mujeres (55%) y 985 (45%) varones”.
De esas 2 mil 175 personas, 410 desaparecieron en Guadalajara, 209 en Zapopan, 205 en Tlajomulco de Zúñiga, 90 en Tlaquepaque, 78 en El Salto y 70 en Tonalá.
Por ciudades, destacan Puerto Vallarta, con 233 (110 mujeres y 123 hombres); Zapotlán el Grande, 74 (35 y 39); Lagos de Moreno, 59 (37 y 22); Tepatitlán, 42 (18 y 24); Zapotlanejo, 32 (19 y 13); Chapala, 18 (nueve y nueve), y Jocotepec, nueve (seis y tres). Otro dato: más de la tercera parte (770 personas) son estudiantes; de ese grupo, 58% son mujeres.
“¿Dónde están las autoridades responsables de garantizar la seguridad y la identidad? ¿Dónde está la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para velar que las autoridades cumplan con los mínimos que la constitución les obliga? ¿Dónde están las autoridades de planeación, desarrollo y movilidad del estado de Jalisco, cuyas políticas públicas coadyuvan muy probablemente a propiciar que nuestras niñas puedan ser fácilmente desaparecidas en aquellos cúmulos habitacionales que han dejado muy buenas ganancias a los constructores?”, concluye el Informe sobre derechos humanos en Jalisco.
Mujeres indefensas
La académica de la Universidad de Guadalajara Elia Magaña, quien participó también en la investigación del Cepad, lamenta la actitud de las autoridades estatales y federales en torno a los feminicidios registrados en el sexenio anterior y lo que va del nuevo gobierno.
Entre 2006 y 2012, por ejemplo, cuando el gobernador era el panista Emilio González Márquez, se reportaron 928 asesinatos de mujeres en la entidad. Y aun cuando se sabe que todas murieron en forma violenta, las autoridades estatales consignaron 12 expedientes y sólo en un caso encarceló al responsable. Se desconoce cuándos de esos asesinatos fueron feminicidios,
Y los crímenes siguen: entre el 1 de enero de 2013 y el 1 enero de 2014 se documentaron 128 asesinatos de mujeres; tampoco se sabe cuántos fueron feminicidios, pese a que hoy el estado cuenta con un nuevo marco legal para tipificarlos.
En su contribución al Informe sobre derechos humanos en Jalisco, indica que en el periodo 2010-2013 la violencia contra las mujeres se exacerbó con respecto a los últimos años de la década de los noventa. En aquella época se registraban de 35 a 40 casos por año, pero en el último la cifra se elevó hasta 200%.
Y aun cuando las agresiones contra las mujeres se multiplican, ellas están cada vez más desprotegidas, como en el caso de Elvira Sánchez, de Tonalá, quien la semana pasada acudió a las instalaciones del Canal 4 de Televisa Guadalajara, donde confesó haber matado a balazos a su pareja, Joel Moisés, y explicó las causas: las golpizas que él le propinaba y el maltrato que le daba a su hija.
Algunos testigos aseguran que la señora se veía tranquila cuando fue detenida. Le preocupaba más la posible violencia que pudieran ejercer contra ella los elementos de la Fiscalía General. El juez décimo cuarto penal la consignó bajo el cargo de homicidio calificado.
Elia Magaña se queja porque, dice, en muchos de los casos, como el de Elvira, los procesos penales contra las mujeres sean desarrollados con celeridad; mientras que cuando alguna de ellas denuncia las agresiones o amenazas de muerte se enfrenta al aparato burocrático del Poder Judicial.
Su colega Teresa Ulloa argumenta que en casos como el de Elvira las autoridades deben estudiar bien las agravantes antes de emitir un dictamen.
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